Opinión
16 de julio 2017: Histórico
Por Melvin Mañón
La Marcha Verde demostró en su grandiosidad que el hastío del pueblo dominicano con la corrupción y la impunidad es superior, prioritario, inextinguible y mas relevante que ningún otro.
La multitudinaria Marcha Verde del domingo 16 de julio es histórica y creo que nadie en su sano juicio lo disputa. Podemos y debemos celebrarlo como un acontecimiento extraordinario que marca un antes y un después y podemos también extendernos en consideraciones laudatorias de todo tipo. Voy a centrarme en cinco aspectos memorables de esta marcha.
1ro.- Esta grandiosa marcha se produce después que el gobierno había lanzado su aparatoso arresto de 14 personas imputadas por corrupción en el caso ODEBRECHT en parte para aplacar el reclamo interno y también para dar a lo externo la apariencia de que finalmente estaban actuando contra la corrupción y la impunidad. Por lo tanto, la marcha del 16 es una demostración elocuente y masiva de descreencia; el país está convencido de que, contrariamente a lo afirmado por el procurador: ni son todos los que están ni están todos los que son. Adicionalmente, la posición de la magistrada Miriam Germán al justificar su voto disidente en la instancia que conoció la revisión de las medidas de coerción a los imputados llevó al terreno del derecho los argumentos que en el ánimo popular han sustentado la incredulidad respecto a la calidad del expediente, la falta de méritos de la investigación y la selectividad de los imputados.
2do.- En el discurso que tradicionalmente se pronuncia al cierre de cada una de las marchas, en el ánimo de los asistentes y ciertamente en las pancartas y consignas resonó con fuerza un grito y un reclamo que hasta ahora no había adquirido el protagonismo que ese día tuvo: el enjuiciamiento penal de Danilo Medina.
La comisión que ilegalmente había formado él mismo para que investigara y dictaminara sobre el contrato de Punta Catalina ya había emitido su esperado veredicto absolutorio respecto al señor Medina. Por lo tanto, la marcha del 16 de julio y una de sus consignas mas notorias demuestra que la opinión pública del país no prestó el menor crédito ni a la comisión, ni a su informe y que, todo al papel de los miembros de dicha comisión, si acaso, sirvió para abonar la creencia de que sus miembros se prestaron a una farsa. El mismo escándalo mediático auspiciado por el gobierno en semanas anteriores cuando un grupo de personas firmó una carta peticionando la renuncia del señor Medina reapareció ahora bajo una forma aun mas ominosa para él: cientos de miles de personas reclamando su enjuiciamiento penal, una propuesta mas peligrosa para el que el pedimento de renuncia y evidencia adicional del deterioro creciente de su mandato.
3ro.- A raíz de la publicación de la carta donde se pidió la renuncia del señor Medina algunos empresarios decidieron o fueron instados a poner distancia de la Marcha Verde, entre otros, con el alegato de que semejante pedimento inspiraba sospechas. Introdujeron, no sin saña, la idea de la conspiración, azuzaron el temor a la inestabilidad política y colocaron la presidencia en la posición de entidad intocable, divina y hasta un juez validó aquello refiriéndose al señor Medina como el “ungido”.
Para muchos de los que asistieron a la marcha del día 16 y otros tantos de quienes han comentado con alegría su éxito, quedó demostrado que, con o sin empresarios la Marcha Verde va y que esos empresarios no necesariamente representaban al sector. Esos empresarios, probablemente fueron instados a producir esas declaraciones o creyeron que al hacerlo se congraciaban con el poder y así, algún problema personal o empresarial propio, podrían resolver. La verdad es que, el peor error que podrían cometer los empresarios dominicanos y eso incluye a los que a mi juicio tienen mérito y desgraciadamente a otros que no lo tienen, sería el de alejarse de la Marcha Verde donde pueden jugar un papel de moderación que sería muy útil a la hora del cambio. Dejar la Marcha Verde a su suerte no logrará que Danilo Medina se quede en el poder y solamente facilitará la radicalización de esta, podría colocarla a futuro fuera de su alcance y podría también inducir a otros sectores a creer que su grado de radicalización es pertinente y oportuno cuando podría ser lo contrario.
4to.- En las semanas que precedieron a la gran marcha, los agentes del gobierno, cierto número de falsos nacionalistas, uno que otro canalla, numerosos agentes pagados, la cuota habitual de idiotas del rebaño y otro número de dominicanos decentes y preocupados pero confundidos y abrumados por la propaganda antihaitiana sucumbieron hablando temerosos o indignados de una amenaza que no existe, de un complot internacional inventado, de una gestión tan deliberada como absurda de unificar nacionalidades; hablaban y denunciaban a los haitianos como enemigos, invasores peligrosos y producían fotos, videos e incidentes que lo demostraran. El esfuerzo fue masivo, sucio como pocos, peligroso en extremo e insensato en su contenido pero tenía una finalidad clara: que el tema haitiano suplantara la convocatoria de la Marcha Verde, que el tema haitiano fuera usado para juzgar las intenciones de la Marcha Verde y que al final, pudieran dividir la Marcha Verde como han logrado dividir una buena parte de la opinión pública nacional.
La Marcha Verde demostró en su grandiosidad que el hastío del pueblo dominicano con la corrupción y la impunidad es superior, prioritario, inextinguible y mas relevante que ningún otro. La gente entendió que había un componente demasiado alto de manipulación mediática con el tema haitiano y es posible que también haya entendido que un gobierno ilegítimo, desacreditado y desautorizado no tiene la voluntad, la capacidad, la disposición ni la entereza de poner orden en nuestro propio país tanto en el desorden a que hemos llegado los dominicanos como en el tema migratorio donde ciertamente el país necesita orden y respeto pero este es un gobierno que no sabe, quiere ni puede proporcionar lo uno ni lo otro.
5to.- Los cientos de miles de personas que acudieron a la gran Marcha Verde, los miles que desde las aceras y balcones saludaban su paso, los otros cientos de miles que siguieron el desfile pacífico, civilizado, alegre y resuelto no estaban reclamando al gobierno por una libra de arroz, ni por tarifa eléctrica, o la interrupción del servicio. Ese pueblo, esa enorme muchedumbre no salió a la calle con una agenda de reivindicaciones barriales, provinciales; no pedían un acueducto, una carretera nueva o la reparación de una vieja, tampoco aumento salarial, ni ninguna otra de las reivindicaciones habituales en las marchas, protestas, paros, huelgas que ha conocido nuestra historia y que siguen hoy insatisfechas.
Los cientos de miles que desfilaron, los tantos que desde el exterior apoyaron desde sus respectivas calles, barrios y ciudades, los que en cada provincia o municipio alentaron con entusiasmo y apoyaron con determinación el esfuerzo del domingo 16 de julio, en la celebración de la fundación de la Trinitaria, los que desde todas partes hicieron esta gran marcha posible, sola, justa, exclusiva, primordial e irrevocablemente: PEDIAN JUSTICIA.
La Marcha Verde no es un movimiento, organización, partido ni nada por el estilo. La marcha Verde es un estado de ánimo, la conciencia nacional, el consenso de que hay que cambiar de rumbo, de que hemos ido demasiado lejos por el mal camino y es esta condición de estado de ánimo y de consciencia, no ninguna destreza o visión estratégica lo que ha protegido la Marcha Verde de las trampas, el soborno y las tratativas descarriladoras.
El señor Medina puede o probablemente trate de ignorar o minimizar esta manifestación y su significado, la profunda transformación de valores que contiene e implica, pero lo hace a su propio riesgo y jamás podrá alegar que no se lo dijeron, que no se lo advirtieron. Los que tienen negocios, sean pequeños, medianos o grandes corporaciones mas le vale entender algo: ellos saben que este gobierno no sirve y que nos arruina pero muchos de ellos creen que deshacerse del actual gobierno puede ser peor que seguir apoyándolo. Están equivocados. Un excelente aunque extenso artículo en “The Guardian” del 14 de julio a la firma de Nikil Saval titulado: La Globalización: Auge y caída de una idea que arrebató al mundo” ofrece algunas de las respuestas que aquí sería muy prolijo enumerar.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.