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Opinión

5131 deportados

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Por Melvin Mañón

Entre enero y diciembre las autoridades de los EEUU deportaron hacia la República Dominicana a 5131 dominicanos que habían cumplido sus condenas en territorio americano. Según las autoridades nacionales, algo más del 60% de los deportados habían sido hallados culpables de delitos de narcotráfico.

No podemos cuestionar la legalidad de estas deportaciones. Los EEUU tienen pleno derecho a repatriar por la fuerza a estas personas convictas de crimenes y delitospunibles con la carcel.

Pero hay otra realidad.

Este país no tiene capacidad para administrar un régimen de sanciones penales a los que delinquen en el territorio nacional. Entre culpables no encontrados, procesos inconclusos o viciados, falta de pruebas y otras figuras legales, todo el mundo sabe que las carceles están repletas y en las calles pululan los criminales; tanto los que ya han sido apresados y sancionados antes como los que aun no tienen ficha policial en su haber.

5131 es un número importante, porque veamos: ¿cuantos dominicanos cumplen condenas en las cárceles de los EEUU para que en un solo año sea deportada esa cantidad de reclusos? No pude localizar el dato pero seguramente podré disponer proximamente del mismo. Es verdad que este año aumentó el numero de deportados pero incluso una cifra menor nos deja con una realidad inmanejable, allá y también aquí.

Estamos hablando de 427 deportados por mes o lo que es lo mismo 14 condenados por día, todos los días, incluyendo feriados y fines de semana. No podemos manejar esos números ni siquiera sabiendo que no todos esos deportados volverán a delinquir. De hecho, ni siquiera podemos manejar los que están aquí sin haber viajado nunca o sin haber sido deportados.

Mucha gente, centrada en el miedo y la inseguridad propia trata de lidiar con el problema de la misma manera que antes resolvieron los apagones: comprando un inversor o instalando planta; pero esto es diferente. Otros lidian con el asunto como antes hicieron con el agua, almacenándola en cisternas, la mala educación pública llevando sus hijos a escuelas privadas y poniendo rejas en sus propias casas ante el aumento de la inseguridad general. Pero ninguna de esas fue solución y ahora tampoco la hay a mano. Muchos creen que se necesitan sanciones más duras contra el crimen y no digo que no tengan razón pero hay un lado del problema que no enfocamos.

Hemos creado una sociedad que produce esos niveles de delincuencia y no solamente porque la hayamos hecho tan desigual e injusta.

Hemos creado una sociedad que produce monstruos, asesinos de 14 años, ladronzuelos de todas las edades, sicarios adoslecentes pero solamente vemos esos monstruos en los de abajo y no en los de arriba, en unos por lo que arrebatana otros un día mientras ignoramos el despojo cotidiano que los de arriba practican impúdicos contra los de abajo.

Esta sociedad nuestra tiene ciertamente un problema. No tiene capacidad para administrar tantos delincuentes, ni autoridad moral para hacerle frente a las condiciones que los fabrican en masa.

Preferimos no ver esas cosas.

Los ricos de este país son miopes como decía Felipe Ciprían hace poco refiriéndose a la prensa. El país es un tema que no manejan ni les interesa porque en sus ghettos y en el exilio dorado se sienten fuera del alcance de la delincuencia.Asi como las mujeres de clase media rehusan ocuparse de la basura y dejan que el servicio doméstico resuelva bien o mal, así mismo, los ricos rehusan ocuparse de estos problemas de la vida real. Después de todo, hablar de estas cosas no da dinero ni estatus, no es de buen gusto y ¿quien quiere traer preocupaciones al otro?

Sin embargo, el problema es muy real, incluso para ellos, aunque insisto, no se dan cuenta.

Los montruos que hemos creado no son solamente esos delincuentes asesinos de 14 años y de ambos sexos. Ellos son el producto de otras monstruosidades que empiezan en el Palacio Nacional. En tiempos de Leonel Fernández podía decirse que la corrupción emanaba del despacho presidencial. Ahora, es muy probable que la afirmación no sea válida pero en cambio vivimos o se nos arrastra a vivir al amparo de una creencia no menos nefasta e infundada: creer que ignorando los crímenes del gobierno anterior podemos restaurar el orden, la prosperidad y la paz.

Vana ilusión.

La sociedad dominicana no puede darse un proceso de regeneración moral sin ajustar cuentas y no solamentese trata de ajustar cuentas sino de proponer y defender los méritos y las ventajas de hacerlo.Sin el miedo atroz a una sanción terrible nadie controla la voracidad de los depredadores.Sin poner el ejemplo investigando y sancionando a los que el rumor y la opinión pública sindican como delincuentes no hay la menor esperanza de construir un espacio de convivencia. La complicidad construye redes pero destruye el tejido social. Ninguna iniquidad –yperdonar la corrupción es una- puede servir de sustento a un proyecto de sociedad. Danilo Medina, con todas las buenas intenciones que puedan animarlo no podrá evitar esta disyuntiva y nosotros deberemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para forzarlo a escoger el camino de lo justo frente a su inclinación natural de escoger el camino de lo conveniente.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

[email protected]

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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