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Opinión

Dilemas

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Por Melvin Mañón

Según la percepción popular y la evidencia acumulada el dueño de la JCE y de todos los tribunales superiores es Leonel Fernández y no Danilo Medina. Conforme con lo anterior, Leonel ha usado y continua usando la JCE para favorecer a Miguel Vargas de manera que, en la disputa, el PRD se desangre. Esa hemorragia, empero, tiene significados diferentes para cada uno. Al final, de acuerdo al plan original, Miguel se quedaría con la franquicia del PRD, iría como candidato en 2016 y sería derrotado por el propio Leonel. Ese plan original tiene problemas tempranos y muy serios.

Una parte de la oligarquía dominicana, con apoyo de los EEUU, después de mayo 2012, decidió actuar contra Leonel y por eso tuvo lugar la primera campaña internacional de denuncias de las barbaridades incurridas durante su mandato. Las mismas que la prensa dominicana no había publicado nunca. Los EEUU tienen sus razones para haber decidido deshacerse de Leonel como proyecto político futuro, pero ahora, solamente nos interesa elaborar sobre las razones de una parte de la oligarquía dominicana para enfrentarlo. La muestra más elocuente de este posicionamiento es la aparición de la revista “La Lupa” que se dedica a documentar los fraudes, estafas y actos de corrupción de la administración Fernández y que, al incluir historias o reseñas de temas para la izquierda dominicana persigue despertar el interés de esta izquierda en esa publicación e incorporar a los izquierdistas como portavoces y cajas de resonancia de esas denuncias. Muy astuto el esquema.

Ninguna clase o grupo social económicamente poderoso se puede sentir a gusto con una figura política que siente que no los necesita. Leonel y su entorno, al enriquecerse en demasía y tan rápido desataron las habladurías y rencores de quienes necesitaron décadas, a veces más de una generación y mucha astucia para acumular las fortunas que hoy poseen. Además, los que hicieron licenciatura y doctorado se sienten vejados por estos advenedizos sin mérito que reclaman una influencia y liderazgo social que solamente ellos merecen. En el sentido antes descrito, pero solamente en ese sentido, Leonel es un cadáver político. Pero él no lo ve así, al menos, no todavía.

Desacreditar a Leonel en las calles, denigrar su imagen y su nombre como ya ha ocurrido y continuará ocurriendo es, tanto una reacción esperada y legítima de una parte de la población, como ya expliqué en artículo anterior, como una misa en salud para esa oligarquía sabedora de que, en estos tiempos, cualquier campaña de descrédito, fundamentada o no, necesita echar raíces en el seno de la población y de las redes sociales.

La prioridad de Leonel, mientras tanto, además de defender su imagen vapuleada con uñas y garras es utilizar el poder de que todavía dispone para que la división y la crisis en el PRD produzcan el resultado apetecido. La JCE deberá fallar a favor de Miguel Vargas porque, estratégicamente, si Leonel lograra rebasar sus dificultades actuales y futuras, nadie podría arrebatarle la nominación para el 2016 y en ese caso, el candidato contra el cual le conviene competir es Miguel Vargas. La cuestión que ahora debemos preguntarnos es, si esa ecuación, le conviene a Danilo Medina.

Danilo Medina define sus prioridades alrededor de la gobernabilidad. Sabemos que no va a perseguir judicialmente a Leonel ni lo va a inculpar por el déficit fiscal porque una parte del déficit fiscal estimada en 40 mil millones se usó en la campaña para imponerlo a él mismo como presidente. Danilo es un presidente ilegítimo que está buscando por todos los medios hacer cosas buenas para obtener por esos hechos la legitimidad de la cual carece por su origen. Debo decir que es lo mejor que podía hacer.

Danilo Medina sabe que la inflación, el desempleo, la inseguridad y el desmadre del país van a tirar la gente a la calle. Es solamente cuestión de tiempo. Va a necesitar un socio para la gobernabilidad y parece que ese socio no es Miguel Vargas sino Hipólito Mejía y la razón es muy simple: Miguel no tiene gente aunque tuviera franquicia. Hipólito sacó más de 2 millones de votos. Si se trata de amarrar un acuerdo de aposento, el hombre es Miguel, pero si se trata de apaciguar a las calles, hay que hablar con Hipólito. Por eso veremos que las decisiones judiciales favorecen a Miguel mientras que las denuncias y filtraciones de documentos incriminatorias contra Miguel Vargas proceden de “otras fuentes”.

Pero la situación es mucho más compleja que la ecuación descrita. Es verdad que Leonel ha estado, a su manera, facilitando algunas cosas para Danilo además de haberle agenciado la presidencia de la república y que Danilo ha respetado su parte del acuerdo pero hay un problema. El costo político de callar, de no hacer nada, de mantener la inmunidad de Leonel y su gente, se está haciendo demasiado alto.

Observe el lector que, mientras Leonel se exhibía envanecido en cada lugar donde acuden los muy ricos y famosos, Danilo parece se exhibe en conucos, callejones y campos. Eso cae bien. También cae bien y la gente percibe un sincero deseo de ayudar al pueblo, pero Danilo acaso no se da cuenta de que, el fardo de la reforma fiscal, las botellas del gobierno y la impunidad de los delincuentes es demasiado pesado. La idea de dar el trago amargo primero y luego mejorar las cosas no creo que le vaya a funcionar.

Este país está tan envilecido y corrompido que no se arregla tapando hoyos, sino sacando el colchón al patio y batiéndolo sin cesar hasta que suelte todas las chinches y pulgas que allí medran. Es un problema serio. Muy serio.

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Opinión

La Semana Santa: Un Espacio de tiempo Apropiado para Pensar en Valores.

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Por José Cabral

La Semana Santa, la cual es utilizada para invertir ese tiempo en asuntos que generalmente no son los más recomendables, debían servir en esta época  de crisis de valores para pensar en aquellas cosas que pueden repercutir en favor de nuestros hijos, nietos, la familia en sentido general y toda la sociedad.

Ello así, porque la República Dominicana prácticamente ha tocado fondo en lo que respecta a los valores, no sólo cívicos y democráticos, sino también morales y éticos.

La cercanía de las elecciones para escoger las autoridades nacionales, dígase presidente, vicepresidente, diputados y senadores, manda que los paradigmas que prevalecen ahora puedan ser cambiados para que de alguna manera nos acerquemos a una democracia más acorde con una nación civilizada.

Las pasadas elecciones municipales enviaron un mensaje muy contundente en lo que respecta a que por lo menos los gobiernos municipales han sido escogidos afectados de una peligrosa ilegitimidad, es decir, que no representan a la mayoría de los munícipes, lo cual podría implicar un profundo problema de gobernabilidad.

A este fenómeno se le ha dado una y mil explicaciones, pero el asunto radica en que la sociedad dominicana se rige por valores profundamente antidemocráticos, tal vez como una expresión fiel de su herencia histórico-cultural, la cual se fundamenta en el machismo, el caudillismo, el patriarcado, el jefismo y el amiguismo.

Estas distorsiones ahora también son alimentadas por el fenómeno del clientelismo, es decir, que porcentajes importantes de votantes acuden a depositar su voto no sobre la base de que haya mayores garantías para sus hijos, la familia y la sociedad, sino con la exigencia de que primera se les entregue los suyos.

Entonces, esta crisis de valores tiene que ser una razón más que suficiente para que reflexionemos cómo vamos a afrontar una distorsión que podría llevar al abismo a la sociedad dominicana.

La Semana Santa aparte de ser un momento importante para fortalecer los lazos afectivos familiares, también debe servir para que reflexionemos con mucha profundidad sobre el destino que nos espera si continuamos por este derrotero.

Una consecuencia evidente esta crisis tiene que ver con el colapso de prácticamente todos los partidos políticos dominicanos, los cuales hoy atraviesan por una falta de credibilidad que muy difícilmente en algunos años puedan permanecer con vida.

Naturalmente, entre los dominicanos ya es una cultura que se espere la desgracia total para entonces pensar en las que pueden ser las soluciones.

La sociedad dominicana, dentro de cuyo contexto hay que incluir al Estado, está gravemente amenazada por la falta de credibilidad de las instituciones que deben servir de soporte a la democracia, pero nadie parece tomar el asunto en serio.

La Semana Santa podría ser un espacio de tiempo para que se asuma con seriedad una crisis que tiene una diversidad de aristas que no se ven a simple vista, pero que corroen el sistema de una forma muy acelerada.

Ya hemos llegado a tener autoridades ilegitimas a nivel de los gobiernos locales, ahora falta ver cuál será el comportamiento del ciudadano frente a las elecciones presidenciales y congresuales, porque podría ser que ahí sí la puerca tuerza el rabo.

Aprovechemos la Semana Mayor para escrudiñar como asumir el reto, ya que la democracia nacional está agonizante, cuyas debilidades deben repartirse entre todos los actores que han propiciado la actual situación.

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Opinión

Momento de reconciliarnos con nuestro lema nacional.

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Por Isaías Ramos

En estos tiempos tan inciertos y complicados que vive la nación dominicana, una nación cuyo espíritu danza al ritmo del merengue y cuya fortaleza se ha forjado en la fe y el valor, nos encontramos ante una encrucijada que pone a prueba nuestra esencia. Una élite política ha oscurecido las esperanzas de muchos, sembrando un sentimiento de amargura en gran parte de nuestra población. Mientras tanto, las continuas crisis de nuestros vecinos nos recuerdan el valor de la estabilidad y la importancia de la unidad.

Recordemos las palabras de Juan Pablo Duarte, el padre de nuestra independencia: «Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor». Estas palabras resuenan con una verdad inquebrantable, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. La nación se ve sacudida no solo por los vaivenes internos, sino también por las crisis que azotan a nuestros vecinos, recordándonos la fragilidad de nuestra estabilidad y la importancia de la unidad.

La Semana Santa se nos presenta como una pausa reflexiva, un momento sagrado para mirar hacia dentro y preguntarnos: ¿Hemos sido fieles al legado de quienes nos precedieron? En el silencio de estas jornadas, hallamos un espacio para la introspección, para volver a conectar con esos valores eternos de fe en Dios, amor patrio y libertad que nos legaron nuestros fundadores.

¿Cómo podemos, entonces, trascender la amargura y el descontento que parecen nublar nuestro horizonte? La respuesta yace en el poder transformador de la fe en Dios y en el amor incondicional por nuestra tierra. Al igual que en las luchas pasadas por nuestra independencia y soberanía, la fe en algo más grande que nosotros mismos fue el faro que guió a nuestros héroes. En esta Semana Santa, miramos hacia la cruz no solo como símbolo de sacrificio, sino como un recordatorio de la esperanza y la renovación.

La historia nos sirve de espejo, mostrándonos las huellas de aquellos que nos precedieron y las encrucijadas donde otros han tropezado. Las lecciones de naciones hermanas como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua resuenan como ecos de advertencia y guía. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a nuestros principios y los peligros de desviarnos del camino.

Imaginemos, por un momento, una República Dominicana renacida, donde el temor, la inseguridad y la corrupción sean meras sombras del pasado. Una nación donde cada ciudadano, movido por el temor reverente a Dios y el amor a su patria, contribuya a forjar un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Este es el futuro que podemos construir juntos.

Que esta Semana Santa marque el inicio de un compromiso renovado, no solo con nuestras creencias personales, sino también con el legado que deseamos dejar. La cruz de Cristo, más allá de su significado religioso, simboliza la intersección entre nuestro pasado y nuestro futuro, entre nuestros errores y nuestra redención.

Así, en este momento sagrado, desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado a cada corazón dominicano: despertemos a la grandeza de nuestra herencia, a la fortaleza que reside en nuestra unidad y fe en Dios. Juntos, podemos transitar este camino hacia la redención, abrazando los desafíos como oportunidades para reafirmar nuestra identidad y propósito.

Que la Semana Santa sea el umbral que crucemos hacia un nuevo capítulo de nuestra historia, uno lleno de luz, paz y prosperidad.

¡Despierta, RD!

 

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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