Opinión
Horacio Vásquez y Trujillo: páginas de historia dominicana
Por ISMAEL BATISTA
Dice el escritor dominicano José C Novas que la llegada de las tropas norteamericana al país en 1916 produjo un cambio en el panorama social, político, económico y cultural del pueblo dominicano y además encausó la sociedad por un rumbo distinto.
Por lo tanto, analizar el ínterin de nuestra historia entre la caída de Horacio Vásquez y el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo al poder, no se puede desarrollar al margen de la ocupación del país por tropas norteamericana en el periodo de 1916 a 1924.
Lo sucedido en Republica Dominicana tiene su origen o motivaciones en el plan de imposición económica de los Estados Unidos y sus instituciones financieras a las naciones de la región. Con igual propósito ocuparon la isla de Cuba e intervinieron Colombia.
De igual manera, todo gobernante que se oponía a las pretensiones expansionista de los Estados Unidos, era sacado o se le impedía alcanzar el poder. Es el caso en nuestro país del general Alejandro Woss y Gil en 1903. Otros gobernantes en la región corrieron la misma suerte
ALEGATOS Y PRETEXTOS
Es real que en la república las luchas intestinas y los levantamientos armados están a la orden del día, el caos se percibe en el ambiente. La inestabilidad social y política dominan el panorama nacional. Sin embargo, ello no justifica la intervención.
A esta situación se le agrega las presiones de la Legación de Estados Unidos en el país exigiéndole al presidente Juan Isidro Jimenes la destitución de su ministro de guerra, Desiderio Arias, y los principales integrantes de la Guardia Republicana. Igualmente, comandantes regionales y gobernadores que no eran del agrado de las autoridades norteamericanos.
Las exigencias alcanzaron extremo inaceptable, como la que solicitaba disolución del ejército dominicano para restablecerlo con otro organizado por oficiales de la marina norteamericana.
En el orden financiero le exigía al presidente Juan Isidro Jimenes que designara en la dirección de recaudación de impuesto un funcionario norteamericano escogido por las autoridades de Washington y solventar los compromisos y acuerdos prestatarios contraídos por el Estado dominicano con la banca de los Estados Unidos llámese Wall Street
Todas estas intimaciones colocaron al jefe del Estado en una disyuntiva: o te convierte en un presidente títere o renuncias.
Lo último fue lo que sucedió. Pero para suceder eso había que rumorar una farsa para desestabilizar la nación, que se oponía a las exigencias del departamento de Estado. Y esa farsa era que el presidente actuaría conforme a las presiones de la Legación, cosa que nunca sucedió.
En consecuencia, el ministro de guerra, Desiderio Arias, imbuido por el runrún se amotina en la Fortaleza Ozama, desencadenando conjuntamente con las presiones de las autoridades norteamericana la renuncia forzada de Juan Isidro Jimenes el 7 de mayo de 1916, fecha en la que el país pasó a ser ocupado por tropas estadounidense. La proclama se efectúa el 29 de noviembre de ese año.
Ahora, ¿Creen ustedes que fue el enfrentamiento entre Desiderio Arias y Juan Isidro Jimenes el acontecimiento de la época causa de la intervención norteamericana de 1916?
No. Como lo expresamos en líneas anteriores, era la necesidad expansionista del imperio en desarrollo, de control económico, adquirir tierras, materias primas y mercados.
En ese contexto estaban diseñadas las decisiones políticas, económicas y sociales. Medidas estas que no tendrían sentidos sin la estructuración de una fuerza militar capaz de garantizar lo establecido después de la ocupación y para tal efecto fue conformada la Guardia Nacional Dominicana
ASCENSOS Y ELECCIONES.
Horacio Vásquez.
A propósito de la creación de la Guardia Nacional Dominicana, que posteriormente se llamaría Ejercito Nacional, es curioso el ingreso y el ascenso vertiginoso de este personaje en la única fuerza militar organizada del país.
Rafael Leónidas Trujillo, de pesador de caña y guarda campestre. ingresa a la Guardia Nacional Dominicana el 18 de diciembre de 1918, poco tiempo después, el 11 de enero de 1919 ingresa a la escuela de oficiales, como cadete.
En su ascendente carrera militar, con rango de capitán ocupó funciones de mando en diferentes regiones del país. En octubre de 1922 era comandante de la sexta compañía de la Policía Nacional Dominicana (primer nombre del Ejercito Nacional)
De igual manera desempeño el cargo de inspector de distritos militares.
Se percibe que las fuerzas de ocupación están presentado a los estamentos militares y a las regiones del país el próximo hombre fuerte del Ejercito Nacional y próximo presidente de la república.
Antes había que dar la impresión de un Estado funcional y democrático, al efecto se realizaron las primeras elecciones organizadas por las fuerzas interventoras 1916-1924. El 15 de marzo de 1924 resultó electo presidente de la república el general Horacio Vásquez, presidente del partido horacista o rabú al cual pertenecía la familia Trujillo. Tomaría posesión del cargo el 12 de julio del mismo año.
En el ejercicio presidencial de Horacio Vásquez (obediente a las autoridades norteamericana) se le conceden a Rafael L. Trujillo ascensos de las más altas categoría militar. En diciembre de 1924 fue ascendido a teniente coronel, jefe de Estado Mayor comandante auxiliar de la Policía Nacional Dominicana, en junio de 1925 paso a ser comandante de ese cuerpo y el 13 de agosto de 1927 paso a ser general de brigada.
En medio de la galopante carrera militar de Rafael L. Trujillo, la Policía Nacional Dominicana por ley fue transformada en el Ejercito Nacional.
Ejército que sería el aparato represivo del Estado intervenido, necesario para la estabilización político-social del país y de esta manera cimentar la base para el desarrollo del capitalismo en la República Dominicana.
DOS FALSAS
En todo este devenir de esta parte interesante de la historia
dominicana, algunos sectores interesados atribuyen al intento reeleccionista de Horacio Vásquez, el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo al poder en la República Dominicana.
Una gran fabula. El presidente Vásquez, como habíamos expresado, asume el solio presidencial producto de elecciones celebradas en el país y cuando extiende su periodo presidencial lo hace en virtud de una reforma constitucional y, la pretendida reelección estaba dentro del marco de la constitucionalidad.
Si había una conspiración del jefe del ejército, Rafael L. Trujillo, para plasmar el plan elaborado por la intervención desde el mismo momento que comenzó la construcción del Ejercito Nacional.
Se aprovecha circunstancialmente el viaje por motivos de salud del presidente de la república el 28 de octubre de 1929 a Baltimore, para activar la fase final plan, con la conspiración, en la cual participa enrolado por Trujillo, Rafael Estrella Ureña, a este se le había asignado una posición militar en el Cibao.
Es importante destacar que la Legación y el departamento de Estados de los Estados Unidos estaban informados en detalles de los sucesos cruciales que estaban en desarrollo en la Republica Dominicana.
Rafael L. Trujillo.
Al regreso del presidente desde los Estados Unidos, la conspiración había alcanzado niveles insostenibles, al extremo que el presidente Horacio Vásquez en un momento le expreso al jefe del ejército: “general deseo saber si soy el presidente de la república o su prisionero.” Trujillo le juraba lealtad, porque ni él ni otro aspirante presidencial tenían argumentos justificados para desplazarlo del gobierno o impedirle optar por otro periodo presidencial.
El hecho de que el presidente de la república se exprese en esos términos a su subalterno nos dan una idea del poder acumulado por el jefe militar.
Poder que era real, demostrado por los hechos, cuando con un contingente militar en marcha desde Santiago dirigido por el coronel Simón Díaz, detrás del cual, en la oscuridad, estaba Trujillo. Tropas que arribaron a la capital el 23 de febrero de 1930 desencadenando los acontecimientos que dieron fin con el Gobierno legalmente constituido de Horacio Vásquez.
Abandonado por las fuerzas militares de la capital el presidente Vásquez por segunda y última vez se asila en la Legación norteamericana (embajada). El 26 de febrero la columna del ejército de Trujillo toma la capital. Inmediatamente se inician las negociaciones para que el jefe de los rabuses entregue el gobierno.
El 2 de marzo de ese año el congreso aceptó la renuncia de Vásquez y su vicepresidente el Dr. José Dolores Alfonsesca, pasando Rafael Estrella Ureña, socio del plan conspirador, a ocupar la presidencia de la república, quien facilitaría el ascenso del jefe del ejército al poder.
Dos meses y medio después se organizan nuevas elecciones, una de las mas represivas, terroríficas y sangrienta que recuerde el país, de las cuales resulto electo presidente de la república Rafael Leónidas Trujillo, asumiendo la jefatura del Estado el 16 de agosto de 1930.
Así que, eliminen pues, ese pesado fardo histórico que cabalga por mucho tiempo en hombros de Horacio Vásquez de haber sido el culpa del ascenso de Rafael L. Trujillo al poder del Estado. En realidad fue obra de las tropas norteamericana en la ocupación del país en el periodo 1916-1924 y de los que se plegaron a ellos.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.