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Opinión

Imprudencia y torpeza: merecen ser destituidos

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Por Melvin Mañón

Los culpables de la tragedia haitiana no somos nosotros los dominicanos y no pagaremos por esa, una culpa que no es nuestra.  Tampoco puede nadie obligarnos a proporcionar albergue, comida, empleos y otros derechos a los naturales haitianos que se encuentren en situación de desamparo lo cual es un compromiso asfixiante, irrealizable y más allá de las posibilidades, la voluntad y las capacidades dominicanas.

La situación de ingobernabilidad y desamparo en Haití no es una condición transitoria, temporal ni excepcional sino un estado permanente en el que se encuentra ese territorio desde hace décadas.

Los que antes derrocaron las autoridades legitimas de ese país e impusieron penalidades económicas agobiantes deben asumir las consecuencias del caos propiciado por ellos mismos no desentenderse del problema ni transferirlo a nosotros vía los llamados organismos internacionales que, desbordando su competencia y autoridad, nos presentan la factura haitiana no como opiniones y recomendaciones sino como imposiciones.

No somos un país grande y rico ayudando a otro pequeño y pobre. Ni ahora ni en 45 días consentiremos a semejante despropósito. Nuestro país, nuestra identidad, lo que somos como familia y como sociedad están en peligro.

 Defender esta patria es un deber y no necesitamos permiso de nadie para hacerlo ni podemos aceptar la agenda de organismos internacionales que suponen la liquidación de la nación dominicana.

Es inconcebible por imprudente, mal pensado y torpe que Cancillería y la Consultoría jurídica hayan permitido que fuera el propio Presidente de la Republica quien sometiera el proyecto de ley consagrando a favor de haitianos empobrecidos beneficios y privilegios producidos por los dominicanos que no podemos financiar y no tenemos ni siquiera disponibles para nosotros mismos.

. Es igualmente inconcebible que no se percataran de que, usar el nombre y la oficina de la Presidencia para ese despropósito, sin necesidad de debate, aprobación ni tramite comprometía al país. Si lo hicieron por ignorancia son unos imbéciles y si lo sabían son unos traidores a su patria. En ambos casos, merecen ser destituidos.

jpm-am

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Opinión

Ofertas electorales Presidenciables en RD

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Por: Edgard Paniagua Miguel

La Caída Moral y Espiritual a la que hemos llegado como Nación nos permite tener ofertas electorales; de los Presidenciables posibles; vacías de esos contenidos virtuosos.

Ayúdeme usted revisando la oferta de esos posibles presidenciables a ver si hablan de: combatir la corrupción, luchar contra la impunidad, sacar de la Justicia, de la PGR y Altas Cortes el clientelismo y partidos.

Recuérdeme cuál ha ofertado revisar los contratos onerosos con las multinacionales, y ahora locales bajo el esquema Fiduciario.

Cual está defendiendo al País de temas migratorios, Aguas, Presas, del desorden en Educación?

Ayúdenme con el tema narcotráfico de drogas, cual de ellos toca ese tema.

Avíseme cuando encuentre el que hable acerca de cambiar el Sistema de reparto de combustibles, exenciones de impuestos, suprimir los favoritismos, tráfico de influencias, elitismos, nepotismos, simonía, dejar de pagar bocinas, barrilitos…

Quien habla de honestidad, honor, respeto a las leyes, decoro, fidelidad, integridad moral?
Solo se habla de Pan y Circo!!
Mentiras probadas como discursos veraces posibles.

La lista es larga pero el botón es suficiente, nuestro mal es Sistémico.

Quién ha ofertado cambiar para bien el Sistema de Gobernar, de Administrar, de impartir Justicia?

El Sistema hay que cambiarlo para que los honestos puedan ser presidenciables posibles. Mientras tanto esto está secuestrado.

Ayúdeme en esa búsqueda…

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Opinión

La politiquería… un juego perverso que está desmantelando nuestra nación.

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Por Isaías Ramos

Los políticos, representantes de esta partidocracia, mayoritariamente tienen el complejo de ser gallos de pelea. Entretienen como los gallos y actúan como tales en un eterno reto a “sus contrincantes”, dejando a un lado la presentación de un plan de gobierno que satisfaga las necesidades del pueblo. Después de todo, parece que el bienestar de la población poco les importa.

Este enfrentamiento, lejos de ser un simple espectáculo político, genera consecuencias profundas y a menudo perjudiciales para la población en general. La población es el auténtico perdedor de este juego diabólico, es manipulado, engañado y explotado en beneficio de aquellos que buscan consolidar o adquirir poder, para continuar saqueando y endeudando la nación.

En este escenario, la transparencia es un valor en peligro de extinción. Las operaciones y decisiones tomadas en las altas esferas de poder rara vez son visibles para el público general, manteniendo a los ciudadanos en la oscuridad. Se nos priva de la capacidad de comprender y evaluar plenamente la realidad de nuestra situación, una verdad a menudo incómoda y perturbadora, escondida detrás de los velos de la politiquería y la manipulación.

Si tuviéramos la oportunidad de descubrir la verdad, de atisbar las luchas de poder que se desarrollan en las sombras, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de aquellos a quienes hemos elegidos? Y es que conocer ese mundo de esa casta política causa repugnancia. Pero, conocer la verdad es una responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Sólo así podremos empezar a desmantelar este sistema podrido y corroído que solo busca beneficiarse a expensas de la mayoría, y luchar por una sociedad más transparente, equitativa y justa.

La falta de transparencia y las prácticas manipuladoras de los que ostentan el poder pueden generar una sensación de traición. Aquellos que deberían estar únicamente preocupados por el bienestar del pueblo han demostrado, en su inmensa mayoría, que su único fin es saquear las finanzas públicas. Una muestra de esa realidad es el informe dado por el propio ministro de educación sobre los resultados de evaluación académica de los estudiantes de 3ro, 6to de primaria y 3ro de secundaria son simplemente una vergüenza para el país. Son el resultado de casi tres décadas dedicadas a deformar a los ciudadanos suprimiendo materias de formación en principios y valores como moral y cívica. Además el ambiente al que son expuestos eso niños tan pronto salen de las escuelas son un lastre para cualquier nivel de formación ciudadana. No es fortuito que seamos el país con más muerte de tránsito del mundo, es parte de un sistema de formación educativa colapsado.  Es que lo que amerita nuestro país en estos momentos no se resuelve poniendo parches y retazos, solo a través de un proyecto de nación con una visión clara de gobernantes y gobernados trabajando unidos por la patria que queremos dejarle a nuestros hijos y los hijos que queremos dejarle a nuestra nación, solo así seres capaces de lograr lo que la mayoría de este pueblo sueña de vivir en un país donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades.

Ya pasaron 7 gobiernos y ninguno se interesó en rescatar la ley de educación 66-97 de manera integral. Para esta casta política educar al ciudadano es un peligro para su sobrevivencia, pues esta es el arma más poderosa para ayudar a cada persona a volar por sí misma; capacitarlo y formarlo es enseñarlo a buscarse la vida y a encontrar soluciones por sí misma con independencia de las circunstancias y es que verdadera educación no genera dependencia si no auténtica libertad y a eso es lo que más le teme este sistema que sostiene esta especie de dictadura clientelar que para poder sobrevivir requiere de una mayoría en miseria e ignorancia.

Ya son  27 años a la deriva sin un timonel que conduzca a este pueblo hacia un puerto seguro. Los que han ostentando el poder en lo único que se han especializado es despedazar las empresas públicas, regalar nuestros recursos naturales, pervertir a la juventud y crear una sociedad de consumo sin freno.

Hoy, en el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que ha llegado el momento crucial para el pueblo dominicano: el momento de empedrares para decirle decirle adiós de una vez por todas, a esta casta política que solo nos ha ofrecido miseria e ignorancia.

En el FCS estamos  listos para desarrollar un plan de acción que cambie el rumbo de la destrucción hacia un nuevo amanecer, un amanecer lleno de esperanza. Nos proponemos refundar nuestra patria bajo los preceptos que nos dejaron nuestros libertadores como legado.

Cada palabra, cada promesa que realizamos, viene cargada de una resolución férrea: trabajar por y para nuestro pueblo. Sentimos cada desafío como si fuera nuestro, porque lo que es. Cada lágrima derramada por la injusticia, cada sonrisa borrada por el desamparo, es también nuestra. Es por eso que lucharemos. Porque conocemos el valor de nuestro pueblo, porque sabemos que merecemos algo mejor.

Así que, juntos, diremos adiós a las sombras del pasado y saldremos adelante hacia la luz del futuro. Juntos, haremos que la esperanza vuelva a florecer en el corazón de la patria. Juntos, porque en la unidad está nuestra fuerza y en la esperanza, nuestro futuro. Y juntos, estamos seguros de que podemos y vamos a hacer que ese futuro sea mejor.

Porque el pueblo dominicano no merece menos. Porque nosotros, en el Frente Cívico y Social, no daremos menos. Nuestro compromiso es con ustedes, con cada ciudadano, con cada familia, con cada corazón que late con la esperanza de un mañana mejor.

Juntos, podemos cambiar el rumbo de nuestra historia. Y lo haremos. Porque es hora de que la voz del pueblo se escuche. Es hora de que la patria renazca.

Despierta RD!

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Opinión

Legislación contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional.

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Por Rommel Santos Díaz

Casi todos los Estados Partes del Estatuto de Roma cuentan  con una legislación que contiene los delitos contra la administración de justicia dentro de sus propios sistemas legales. Por ejemplo, tales actividades están estipuladas en el Código Penal.

El artículo 70 del Estatuto de Roma dispone la ampliación de la legislación penal para incluir a las personas involucradas con los procesos de la Corte Penal Internacional, de conformidad con el Estatuto de Roma. Estas personas serán (tanto como sujetos y objetos de estos crímenes); personas acusadas que comparezcan ante la Corte,  testigos, y oficiales de la Corte. Adicionalmente, los delitos nacionales que incluyan la interferencia con la prueba deberán  ampliarse deberán ampliarse para incluir la prueba requerida para un caso de la Corte Penal Internacional.

Los Estados Partes deberán asegurar que su legislación nacional incluye todas las ofensas enumeradas en el artículo 70 .  La manera más sencilla de hacerlo es tomando las ofensas tal y como están en el Estatuto de Roma. La legislación deberá contar con una aplicación tanto territorial como extraterritorial, para que así los Estados Partes puedan enjuiciar tales ofensas cuando sean cometidas dentro de un Estado.

De conformidad con lo anterior, los nacionales podrán ser enjuiciados en la Corte por actos cometidos  dentro de un Estado. Según el artículo 70 del Estatuto de Roma, los Estados Partes deberán penalizar estas ofensas dentro de su territorio cuando sean cometidas por un nacional, sin  importar en qué lugar estaba el nacional en el momento de la comisión del delito.

Procede señalar que el Estatuto de Roma es omiso respecto a la pena máxima o mínima que un Estado puede imponer por las ofensas contra la administración de justicia. Sin embargo, estos crímenes lesionan el corazón mismo de cualquier sistema de justicia, al despreciar potencialmente su legitimidad y credibilidad. Por ende una pena máxima de 5 años para todas estas ofensas es un buen estándar. Los Estados podrán también prever distintas penas para los diversos tipos de delitos, dependiendo de la gravedad.

Los Estados podrán ir más allá de los requisitos del artículo 70, disponiendo de variaciones más específicas de los delitos enumerados en este artículo , y asignando distintas penas a distintas ofensas, algunas veces superiores a 5 años de prisión. Esto tiene el beneficio de impedir una mayor variedad de posibles ataques a la integridad del sistema de justicia de la Corte Penal Internacional.

Una recomendación  importante para los Estados Partes del Estatuto de Roma consiste en extender la legislación existente sobre las ofensas contra la administración de justicia de los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda para incluir la Corte Penal Internacional.

Algunos Estados Partes ya contienen delitos contra la administración de justicia de estos dos Tribunales, de conformidad con sus propias Reglas de Procedimiento y Prueba . Por ejemplo, las Reglas 77 y 91 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Internacional para la  antigua Yugoslavia son: ̈Desacato al Tribunal ̈ y ̈Falso Testimonio ̈, respectivamente. Deberá tomarse en cuenta que existen diferencias entre estas Reglas y el  Artículo 70 del Estatuto de Roma.

Finalmente, los Estados deberán asegurarse de que incluyan todos  los delitos enumerados en el artículo 70 del Estatuto de Roma, y no solo aquellos de las Reglas del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, porque estas reglas no incluyan ciertos delitos del artículo 70, tales como tomar represalias contra los oficiales del tribunal.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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