Opinión
Incalculable el daño ocasionado por el PLD
Por Melvin Mañón
El Sermón de las Siete Palabras empezó y terminó denunciando la corrupción generalizada y la impunidad asqueante que a todos los niveles y en todos los ámbitos despoja a los dominicanos de sus derechos esenciales.
El Sermón estableció responsabilidades e identificó culpables y si una conclusión puede ser derivada del mismo es que Leonel Fernández tiene de frente y en contra a la iglesia católica en la persona de sus obispos y sacerdotes.
La complicidad del cardenal, en este caso, no cuenta porque en la iglesia, como en las fuerzas armadas, el ministro no tiene mando directo de tropas. Como si fuera poco, un sacerdote de Santiago, Serafín Coste declaró que Leonel: “a esta iglesia no me entra” y añadió “lo estoy esperando para ver si lo confieso y le voy a pedir de penitencia que devuelva los miles de millones que se ha robado”, algo evidentemente sin precedentes en la historia del país y una humillación tan imprevista como incalculable.
EL CONEP
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) la más importante y representativa de las organizaciones empresariales del país, acaba de publicar un comunicado en el cual expone su preocupación y disgusto por el estado de inseguridad jurídica prevaleciente, por la falta de acción y/o comportamiento inadecuado de los jueces que así consagran la impunidad frente al delito y la corrupción, todo lo cual amenaza la libre empresa, deteriora la confianza en el sistema judicial y aleja la inversión extranjera.
La conclusión obvia es que los empresarios creen que el PLD y Leonel Fernández han ido demasiado lejos no ya como gobierno sino como gente cuya fortuna es tan grande que no los necesitan a ellos y estos empresarios se apartan del modelo o mejor aun, se apean del barco donde han figurado como pasajeros no como tripulantes.
Es la primera vez que el CONEP reacciona, aunque sin mencionarlo, ante la competencia desleal de los políticos en el poder quienes han acumulado iguales y mayores fortunas que ellos pero con la diferencia de que, mientras unos necesitaron varias generaciones para alcanzarla, estos políticos lo hicieron en un mandato presidencial.
EMBAJADOR DE EEUU
El embajador de los Estados Unidos ha visitado ya tres veces al Procurador General de la República y en cada ocasión el discurso ha sido el mismo. Su gobierno está enterado y preocupado por los niveles de corrupción vigentes, la magnitud y extensión de las operaciones de lavado y la absoluta impunidad en que se desenvuelven las actividades criminales.
Las visitas reiteradas, el mismo discurso y el hecho de que la iniciativa han sido en cada ocasión de la embajada apuntan con toda claridad, tanta que hasta los mas escépticos ya lo tienen claro y a su pesar lo admiten: los americanos no quieren a Leonel. Tras haber perdido terreno en América Latina no quieren sumar mas conflictos y no hay que ser mago para saber que la dominación peledeísta a eso lleva.
En cualquier calle, parque, plaza, oficina, esquina, barrio o paraje la gente ha ido cuajando en forma cada vez mas abierta, cada día mas explícita y radical un rechazo a la persona, la posición, las aspiraciones y el legado de Leonel Fernández. Ni el pueblo, ni la iglesia, ni los empresarios ni los americanos lo quieren.
Entonces, ¿con que cuenta? Los plumíferos pagados, los comunicadores a sueldo y los que dentro del PLD, incluyendo los jueces que responden a él, aun le respaldan, no son suficiente fuerza como para contrarrestar la oposición de los sectores ya enumerados.
Deliberadamente he dejado fuera los institutos armados donde reina la confusión, la inconformidad y la desmoralización pero donde también se ha entrado en un proceso de reflexión y revisión que es tan real como la gansterización de otros sectores, dentro de esas instituciones, entregados en cuerpo y alma a las actividades criminales.
DANILO MEDINA
De todo lo anterior se desprende que a Leonel Fernández, lo único que lo tiene en pie y en la calle es la combinación del amparo que le prodigan los jueces escogidos por él mismo para que desempeñaran la función de desestimar cualquier acción judicial en su contra y la complicidad del otro sector del PLD liderado por el señor Danilo Medina a favor de quien Leonel Fernández instrumentó un fraude electoral gigantesco en base a un acuerdo que le garantizaría impunidad a él y la presidencia al otro, acuerdo que Danilo ha cumplido escrupulosamente.
La arrogancia y la ambición que gobiernan a Leonel Fernández no le dejan ver que si hoy día no está sentado vergonzosamente en el banquillo de los acusados ni está preso en Najayo se lo debe a Danilo Medina que lo apaña y encubre no solamente porque se comprometió a hacerlo sino porque también él se sabe culpable como beneficiario consciente del fraude electoral y fiscal que hicieron posible su ascenso a la primera magistratura.
Cuanto dijeron los sacerdotes en el famoso Sermón a raíz del auto de no ha lugar a favor de Félix Bautista y Félix Rodríguez, cuanto consigna el comunicado del CONEP y cuanto establece la embajada de los Estados Unidos constituyen una preocupación y una denuncia respecto a la cual Leonel Fernández, Danilo Medina y la cúpula peledeista tienen que, con razón, darse por aludidos.
Los crímenes de los cuales se acusa y se hace responsable a Leonel Fernández han sido encubiertos por el señor Medina y además, dentro del gobierno que preside, prevalecen y encontraron continuidad los mismos delitos, abusos y crímenes que caracterizaron la gestión de su predecesor.
Solamente el estilo ha cambiado. La forma, no el contenido, la apariencia no la sustancia. Danilo Medina no debería ser beneficiario de la acción emprendida contra Leonel Fernández sirviendo así al juego del PLD de posicionarse, al mismo tiempo, como gobierno y oposición.
El daño ocasionado por el PLD como partido y como gobierno a las instituciones, a la cultura política, a la administración de justicia, a la fundación de los valores que sustentan el cuerpo social, a la infraestructura productiva, a los servicios médicos para los pobres, al salario de los trabajadores y sus planes de retiro, el daño que han infligido solamente puede describirse con la siguiente palabra: incalculable.
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.