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Opinión

La reforma ignorada: relación alimentación-salud

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Por Narciso Isa Conde

En esta reforma, como en otras donde cuenta mucho la conciencia colectiva, es imprescindible poner el sistema educativo y la publicidad estatal a su servicio.

Es necesaria una reforma para contrarrestar la mala alimentación, las enfermedades derivadas de ella, la alta dependencia de fármacos o medicamentos que conlleva, los excesivos gastos en servicios curativos de salud y las inhabilitaciones o muertes evitables.

La alimentación es inseparable de la salud.

La nutrición sana y adecuada, la buena alimentación, es garantía de salud física y mental, y de un sistema inmunológico fuerte. El ejercicio físico potencia sus efectos saludables

Mala alimentación implica defensa inmunológica baja, enfermedades, riesgos de muerte y muchos gastos evitables para el estado y las familias. A ella se agrega, para agravarlo todo, el sedentarismo y el estrés.

En nuestra sociedad la alimentación es mala por doble motivo:

1) El enorme déficit de nutrientes en lo que come y bebe el pueblo empobrecido y sectores de las capas medias.

2) La abundancia de comidas tóxicas y alimentos contaminados, afectados por abonos químicos, hormonas, pesticidas e insecticidas; preservativos dañinos, envases de metal y plástico contaminantes, antibióticos y productos transgénicos. Excesos de alcohol, sal, azúcar, grasas. frituras y abundantes carbohidratos procesados.

A esto se agrega la contaminación de playas, ríos, cañadas, piscinas, suelos y atmósfera; hacinamientos, viviendas vulnerables, centro de trabajo y de estudio sin condiciones de salubridad; ciudades cargadas de smog; medicaciones que prolongan la vida enferma y generan nuevas dolencias; la contaminación sónica y el estrés impuesto por exceso de trabajo y los altos costos de la vida, de los servicios de salud y el transporte, y los impactos del hacinamiento, las deudas y las precariedades cotidianas.

Todos esto factores son causas de diversos deterioros de la salud humana y no humana.

Somos una sociedad considerablemente enferma, con altos niveles de contaminación, que ingiere comidas y bebidas no saludables, y muchos productos contaminados o nocivos para la salud.

El 60 % de la población está en sobrepeso.

El 32 % es hipertensa.

El 12% sufre de diabetes.

El 3% padece de hepatitis.

El 38 % de las muertes es consecuencia de enfermedades cardiovasculares, principal causa de defunciones en el país.

Se han detectado 20 mil casos nuevos de cáncer.

Se han producido 380 muertes evitables por cada 100 mil habitantes.

La mortalidad infantil es de 22 casos por mil habitantes.

La mortalidad materna es de 107 por 100,000.

La tuberculosis registra 30 contagios por 100,000 habitante y 3,326 nuevos casos

El VIH-SIDA 45 por 100,000 habitantes.

Las infecciones respiratorias agudas-graves, a causa de virus y bacterias, abundan.

La malaria no se ha podido erradicar.

El dengue, la leptospirosis, el cólera, las enfermedades gastrointestinales, o son recurrentes o endémicas.

Abundan las enfermedades mentales y trastornos de personalidad desatendidas.

Así las cosas –además de todo lo que implica reformar salud, seguridad social y política de medicamentos- el modelo de alimentación y el modo de vida que predominan en el país y generan estos males, requiere de una reforma profunda que asuma la eliminación progresiva de agroquímicos y demás tóxicos, envases y aditivos preservantes inapropiados, hormonas y otros factores tóxicos, en la producción, distribución y conserva de los alimentos sólidos y líquidos.

Es necesario introducir variaciones en la alimentación que frenen los excesos de azúcar, grasas saturadas, sal, alcohol y bebidas gaseosas.

Junto a esta profilaxis, hay que garantizar agua y aire de calidad.

Estamos hablando de una reforma, que vía intenso y profusos procesos educativos, cambios en el modo de producción y ejecución de políticas públicas consistentes, impulse la producción y el consumo de alimentos orgánicos y un sistema de salud receptivo a todo lo que puede aportar la medicina alternativa basada en el arte y la ciencia de prevenir enfermedades y sanarse con la naturaleza. Un sistema nacional de salud que combine todas las diversas escuelas de la ciencia de la salud

En esta reforma, como en otras donde cuenta mucho la conciencia colectiva, es imprescindible poner el sistema educativo y la publicidad estatal a su servicio.

Esta es una reforma muy necesaria, pero considerablemente ignorada por la sociedad, porque su pertinencia ha sido tercamente ocultada por los poderes establecidos y por los dueños de los grandes negocios, que se aprovechan de esa realidad para desplegar la nociva racionalidad capitalista que suplanta las necesarias respuestas a las necesidades vitales de los seres humanos e imponen los intereses de la expansión y acumulación concentrada del capital. (Santo Domingo, RD // noticiassin.com)

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Opinión

La democracia no es sólo electoral.

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Por José Cabral

Lo dicho por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, en el sentido de que tras el cierre definitivo del proceso electoral, el país puede exhibir cada vez más el fortalecimiento del sistema democrático como una referencia regional.

Esta expresión del presidente del órgano comicial se inscribe en lo que siempre se pregona, pero que no pasa de ser un enunciado que en realidad no se corresponde con la verdad.

La JCE todavía es un verdadero desastre, aunque en asuntos puntuales parece haber cumplido con algunas formalidades, como, por ejemplo, unas votaciones relativamente ordenadas, lo cual es un logro de hace ya muchos años.

Pero hablar de avances democráticos evidentemente que es una cuestión relativa, porque este sistema luce muy rezagado y para hacer un análisis realista de la democracia habría que tomar en cuenta muchas otras aristas.

La verdad es que la democracia dominicana es todavía muy de papel, la cual entraña una serie de falencias que muy difícilmente con el comportamiento que tienen los actores políticos se pueda llegar a un punto en el que se acabe la frase más común en el país de que el modelo político avanza y se fortalece.

Escuchar afirmaciones como las de Román Jáquez confirma de que el país sólo sabe manejarse con la creación de una percepción que representa un verdadero engaño, una mentira.

Hay que ser muy atrevido para hablar de un proceso electoral enteramente democrático, transparente e íntegro, cuando todo el mundo sabe que el mismo está lleno de trampas, de compra de votos y de todo tipo de fraudes.

La Junta Central Electoral (JCE) está llena de tantas deficiencias que tal vez sea una de las peores instancias de la débil democracia nacional.

Ahí es muy poco el control que existe, tanto es así que su funcionamiento representa una vergüenza nacional, donde no hay control de nada, absolutamente de nada, a menos que no sea de la organización puntual de unas elecciones llenas de problemas.

Hay que parar que se digan cosas que cuando se ven en los medios de comunicación no deja otra impresión de que el dominicano nada en la mentira y la manipulación.

Cuando la JCE examine y proceda en contra de los que más dañan el sistema electoral y toda la democracia, entonces se podrá usar el lenguaje de que el país camine hacia una forma más creíble y fortalecimiento institucional.

De otra manera se trata de una verdadera vacuencia, que nadie cree y que los resultados son el mejor desmentido de una democracia que sólo existe en el papel, no en los hechos.

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Opinión

República Dominicana: Por ahora… un país a la deriva

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Por Isaías Ramos

Durante las últimas décadas, la República Dominicana ha disfrutado de un supuesto crecimiento económico notable, impulsado por las remesas de los dominicanos en el exterior, un endeudamiento preocupante, una economía de vitrina, el auge del turismo y las zonas francas. Sin embargo, este «progreso» no ha sido suficiente para superar las vulnerabilidades estructurales de una economía extremadamente dependiente del entorno internacional.

La industria nacional, incapaz de convertirse en competitiva a nivel internacional o de satisfacer la demanda interna, sufre debido a un suministro eléctrico caro e ineficaz, leyes laborales que parecen reliquias del pasado y un sistema de seguridad social ajeno al bienestar colectivo. Esto refleja la falta de voluntad política para buscar un desarrollo económico y social que beneficie a la mayoría del pueblo dominicano. Un claro ejemplo de esto es la Ley de Educación (66-97), que, aunque virtuosa y creadora de grandes expectativas, finalmente solo ha dejado decepción y frustración en la población.

No obstante, es en la Ley 1-12, la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se plasma la visión de país que aspiramos construir antes del año 2030: “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y Democrático de Derecho, y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, gestionando y aprovechando sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y se inserta competitivamente en la economía global”.

Esta estrategia de desarrollo, elaborada desde el 2008 y convertida en ley en el 2012, a pesar de estar sustentada en el espíritu de un Estado Social y Democrático de Derecho, permite abrir ventanas a un neoliberalismo que ha logrado imponerse, bloqueando toda posibilidad de promover e implementar la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social.

A esto se suma un alarmante endeudamiento, una educación que ha dado la espalda a la formación en principios cívicos y valores morales, exacerbada por métodos de perversión, una inseguridad ciudadana desbordada y un sistema de impunidad que perpetúa la corrupción a niveles alarmantes, debilitando la confianza en las instituciones.

Ante este panorama, el gobierno actual ha propuesto 12 reformas, la mayoría ya contempladas en dicha ley. Es imperativo para el gobierno, antes de llevar a cabo la mayoría de estas reformas, restaurar la credibilidad del Estado y ganar la confianza de los ciudadanos con medidas y reformas reales hacia el bienestar colectivo.

Reformas como el código laboral, la seguridad social y del sector eléctrico para adecuarlas al Estado Social y Democrático de Derecho son impostergables con el objetivo de evitar continuar profundizando la miseria y el endeudamiento económico y social al que este modelo neoliberal ha sometido a la población.

Desde el Frente Cívico y Social entendemos que un Estado Social y Democrático de Derecho no es compatible con un modelo económico neoliberal; por lo tanto, las reformas contempladas en la Ley 1-12 deben realizarse acorde a ese espíritu constitucional y a esa visión del país que todos soñamos vivir, y así encaminar a la nación hacia un futuro próspero y equitativo. ¡Es el momento de demostrar que podemos construir ese país que no solo «crezca», sino que también mejore la calidad de vida de cada uno de sus ciudadanos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

Los Derechos del Acusado ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

El desarrollo de una norma internacional de derecho esta obviamente centrado en el  enjuiciamiento de los supuestos criminales de guerra, el cual se traduce en el apoyo  a un proceso  penal fuerte e independiente.

La implementación de una norma de derecho esta igualmente fundamentada, sin embargo , en la manera en que las personas acusadas  son llevadas ante la Corte Penal Internacional. El proceso  para alcanzar el objetivo  incluye la garantía de un  debido proceso  para todas las personas acusadas.

Es por esta razón que es necesario crear un proceso de defensa  fuerte e independiente. La garantía de los derechos del imputado  es esencial para el establecimiento de un  proceso de defensa  fuerte, y los Estados  Partes podrían necesitar adaptar ciertos aspectos de sus sistemas de justicia penal en el futuro, para asegurar  que sus prácticas referentes a los imputados  tomen en cuenta la jurisprudencia de la CPI en esta área. Delo contrario podrían amenazar la integridad del proceso y perjudicar el trabajo futuro de la CPI.

Uno de los objetivos del sistema  internacional de justicia penal es apoyar la reconciliación entre las personas  y evitar los actos de retribución  colectiva. Para que esto suceda ,  los procedimientos de juicio  deberán respetar los derechos  del acusado, garantizando el empleo de todos los medios de defensa de los cuales tienen derecho  de hacer uso.

Deberá haber un debido proceso , o los miembros del grupo de la persona  acusada se percibirán  ultrajados por un sistema de justicia que no es más que un frente de venganza organizada.

Los artículos 55 y 67 del Estatuto de Roma enumeran los derechos generales de las personas acusadas, y  estos derechos afectan  los procedimientos de competencia del Estado de detención  o custodia.

Los derechos y las obligaciones  que se mencionara están estipulados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,y particularmente garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales son obligatorios para la mayoría de los Estados  Miembros de las Naciones Unidas.

El artículo 67 del Estatuto de Roma establece claramente que deberá existir plena igualdad entre la defensa y la Fiscalía en cualquier proceso ante la Corte Penal Internacional. Por ende, el Estatuto de Roma enfatiza el principio de igualdad de poderes.

A la luz de los derechos del sospechoso establecidos tanto en el artículo 55 como en el artículo 67 del Estatuto de Roma, es esencial para llevar a cabo un procedimiento justo  y efectivo que se garanticen y protejan  estos derechos a lo largo de todo el proceso.

Es recomendable que al arrestar o detener a  una persona el Estado respete todos los derechos estipulados en el artículo 55 para que se garantice el debido proceso, y se evite agravar el proceso en el caso de una revisión  judicial.

El artículo 54 del Estatuto de Roma establece que el Fiscal deberá respetar plenamente los derechos de las personas dispuestos por el Estatuto. Esto significa que las autoridades locales deberán cooperar plenamente con la Fiscalía durante las investigaciones en el lugar de los hechos, y cumplir con cualquier requisito que permita que la investigación descubra tanto prueba vinculante como exculparte para presentar ante la CPI.

[email protected]

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