Opinión
Por qué no debe continuar
Por Ismael Batista
El presidente de la república estrena el actual cuatrienio presidencial implementando políticas sociales y de desarrollo acorde con las expectativas y necesidades nacionales, lo que le ha permitido buena aceptación popular, convirtiéndose en el presidente mejor valorado de los últimos 50 años.
En efecto, no podría ser de otra manera, porque el candidato, hoy presidente, Danilo Medina, le presentó a la sociedad dominicana un programa de gobierno, que podría resumirse en “Cambiar lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo.”. Y, el presidente cumple sus propuesta de candidato y, no obstante la crítica situación económica que ha heredado de administraciones pasadas, está haciendo realidad, en otras palabras, cumpliendo las propuesta de candidato presidencial que le prometió a la nación Dominicana.
EL nuevo lema”Mano a la obra“, se extiende por todos los rincones del país con las ejecutorias que está llevando a cabo el gobierno dominicano. Es una política integral de acción que abarca todas las aéreas que son puntales para verdaderamente desarrollar el país. El presidente dominicano está demostrando capacidad y entereza en la dirección del gobierno enfrentando la situación con el encaro que demandan los problemas de ancestro que agobian a los habitantes de la patria de Juan Pablo Duarte.
El ejercicio gubernamental perfila a Danilo Medina como un hombre de Estado con gran discernimiento político. A lo largo de su carrera política, fue figura de principalía en el Partido de la Liberación Dominicana, ocupando las cimeras posiciones de miembro del Comité Político y director de campañas electorales en las candidaturas presidenciales del profesor Juan Bosch y de Leonel Fernández.
Posteriormente accede a un poder estatal, con un puesto electivo en la Cámara de Diputados, poco tiempo después fue electo su presidente, cargo que desempeñó con gran tacto político demostrando capacidad de buen conciliador y estratega político.
Con el ascenso del Partido de la Liberación Dominicana a la dirección del gobierno, el Licenciado Danilo Medina es designado ministro de la presidencia de la república, posición de relevancia política y gubernamental, la cual ocupó durante unos seis años, función que desempeñó con el intenso activismo y el pragmatismo que le caracteriza. De tal manera, que podemos afirma que, a lo largo de su carrera política, el Lcdo. Medina, ha asimilado conocimientos teórico y prácticos, que en el quehacer de la política y en el ámbito gubernamental, que el pueblo lo tiene valorado como el presidente dominicano de mejor desempeño.
Prototipos como el presidente que tenemos al frente de las cosas públicas escasean o están en proceso de extinción en República Dominicana y en Latinoamérica. Para comprobarlo bastan las muestras de los presidentes de Bolivia y Ecuador donde los habitantes de esas naciones claman abrumadoramente por la reelección de sus presidentes. Y, ni hablar de historial del fenecido presidente Hugo Chávez
De manera pues, que la clase política dirigente y los llamados líderes políticos, conjuntamente con las fuerzas política de avanzadas, el sector empresarial, los sindicatos y los sectores religioso están en el deber, por el bien del país, presentarle al electorado nacional ofertas electorales dignas y de calidad, porque la situación económica y social por la que atraviesa la República Dominicana no están para volver al pasado o caer en manos inexpertas y en la improvisación. El país necesita hombres con experiencia gubernamental y de probada eficacia en el desempeño de funciones en el periodo de tiempo que lo fueron.
Y, hay que tener mucho cuidado con eso, porque en la región, de la cual la República Dominicana ocupa un espacio geográfico y político, los requisitos para ser presidente son elementales, se refieren a la nacionalidad, la edad y a los derechos civiles y políticos del aspirante, entre otros. En ese aspecto no hay gran diferencia en lo establecido en la Constitución dominicana, de manera pues, que la posibilidad de ser un aspirante presidencial de cualquiera de los dominicano son amplias, así como también, las posibilidades de yerra de los electores; y, para que no quepa la menor duda, en el continente hemos tenido los referentes desagradables en la elección de presidentes ineptos e incapaces para el ejercicio gubernamental como fueron los casos de Abdala Bucaram Ortiz en Ecuador y Fernando Collor de Melo en Brasil. ¿Por qué cometer parecido error en la República Dominicana si ya tenemos un presidente que va por buen camino?
Y, lo expresado tiene mucho más valor, porque la dinámica gubernamental en el Estado presidencialista, que es el que se estila en la República Dominicana, las políticas gubernamentales son ideadas, implementadas y ejecutadas por el presidente, que tiene mucho poder, a lo que se le puede agregar, la influencia determinante en el accionar de los otros poderes del Estado.
Por eso, es fundamental la elección de un buen presidente para el próximo periodo presidencial que inicia en 2016, porque son amplias atribuciones que le confiere la Constitución y, de todo este poder caer en manos inexpertas o en la improvisación se puede caer al borde del colapso o el descalabro. Aun todavía, el país está a tiempo de salir de los obstáculos en medio del camino que le impiden seguir trillando el sendero del progreso. El primero de ellos es la deuda externa.
dribatistaf@hotmail.com
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.