El anuncio sobre los nuevos miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores se produjo el mismo día en que un investigador del Vaticano escuchará en Nueva York el testimonio de uno de los principales denunciantes del escándalo de encubrimiento en Chile.
Francisco encargó al arzobispo Charles Scicluna la misión de investigación contra el obispo Juan Barros, después de que el propio pontífice recibió duras críticas en Chile por defender a Barros y considerar que las acusaciones de las víctimas contra él fueron calumnias.
El mandato inicial de tres años de la comisión expiró el pasado 17 de diciembre. El pontífice argentino nombró el sábado a nueve integrantes nuevos y mantuvo a siete del grupo inicial. En un comunicado, el Vaticano dijo que en la institución hay sobrevivientes de abusos, pero no los identificó para proteger su privacidad.
Ninguno de los defensores laicos más abiertos que apoyan a las víctimas del grupo original regresó, pero una declaración enfatizó que el trabajo de la comisión estará impregnado en todo momento con la experiencia sufrida por las víctimas.
Los miembros de la Comisión abrirán su sesión plenaria de abril reuniéndose con las víctimas en privado y las conversaciones continuarán a fin de crear un «panel consultivo internacional de sobrevivientes» para que asesore a la comisión y asegure que las voces de las víctimas serán escuchadas en todas sus deliberaciones, agregó la declaración.
Francisco creó la comisión en diciembre de 2013, en respuesta a las quejas de que no había priorizado lo suficiente la lucha contra el abuso y el encubrimiento. La misión del grupo era asesorar al papa sobre las mejores prácticas para proteger a los menores de edad, pero se enfrentó a una fuerte resistencia interna a algunas de sus propuestas principales.
Los miembros de la Comisión encontraron una mayor recepción al acoger talleres de base durante conferencias episcopales en todo el mundo. Hasta la fecha, ha trabajado con casi 200 diócesis y comunidades religiosas en todo el planeta para concienciar y educar al personal sobre la protección.
Los primeros miembros de la comisión fueron nombrados en marzo de 2014 y entre ellos estuvo Marie Collins, una víctima irlandesa de abuso y defensora de otras víctimas. Sin embargo, Collins dimitió en marzo del año pasado, citando la «inaceptable» resistencia a la comisión desde dentro del Vaticano, y en particular de la oficina encargada de investigar los casos de abuso sexual.
La propuesta más significativa de la comisión llegó en 2015, cuando persuadió a Francisco y a su «gabinete de cocina» para que creara una sección de tribunal dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano para que juzgara a los obispos que no manejaron adecuadamente los casos de sacerdotes abusadores. Francisco aprobó la financiación y el personal para un periodo inicial de cinco años.
No obstante, en medio de la resistencia interna, el tribunal nunca despegó y Francisco lo desechó por completo en 2016. En lugar de ello, emitió un documento que establecía esencialmente los procedimientos existentes para que el Vaticano investigara la negligencia. Sin embargo, el proceso no es transparente.