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Cuba frena la creación de cooperativas, la fórmula más parecida a las pymes
LA HABANA, Cuba.- El Gobierno cubano publicó este viernes nuevas normas y suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias (CNA), una fórmula de trabajo no estatal permitida desde el año 2013 y equiparable a pequeñas y medianas empresas con varios socios, en un país que por ahora no reconoce a las pymes.
La Gaceta Oficial recoge la nueva normativa, que entrará en vigor en noviembre y abre una etapa «experimental» para «perfeccionar» la gestión de las cooperativas, informó Yovana Vega, miembro de la Comisión de Implementación de los Lineamientos y citada por medios estatales.
En la isla funcionan hoy más de 400 CNA que agrupan a más de 17.000 socios, la mayoría en los sectores de la gastronomía (151), comercio (81), construcción (59) e industria (34).
Sin embargo, no está permitida la creación de este tipo de cooperativas en profesiones altamente cualificadas como los médicos, arquitectos o abogados.
Según recoge la web oficial Cubadebate en una amplia explicación de la nueva normativa, la funcionaria reconoció el aporte de las CNA a la eficiencia económica y la creación de empleo, pero justificó la paralización de los permisos para crear nuevas cooperativas con el argumento de que se deben eliminar «desviaciones».
Se refería así a «indisciplinas y violaciones de la legalidad, que han desvirtuado los principios del cooperativismo», entre las que se citan la corrupción, apropiación indebida de recursos e ingresos y «concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades, sobre todo en el sector de la construcción».
También menciona deficiencias en los registros contables, grandes diferencias salariales entre los socios «que ejercen como directivos» respecto a «los que realizan labores directas en la actividad fundamental» y tendencia al incremento de precios.
Las nuevas regulaciones establecen que el sueldo del socio que más cobra no puede ser más de tres veces mayor del que recibe el que menos cobra, «con el objetivo de garantizar la distribución justa y equitativa de las utilidades generadas».
Otra novedad es que se regula y limita el crecimiento de las cooperativas en función del actual número de socios (a más socios, menos podrán sumarse), lo que en la práctica supondría un freno efectivo a la creación de empleo.
Aunque la normativa dice que las cooperativas podrán fijar libremente sus precios de venta en base a la oferta y la demanda, hay varios supuestos en los que se limita esa libertad, como «los precios y tarifas que se regulan centralmente, fundamentalmente en las relaciones con las entidades estatales o con destino a la población».
Cuando una CNA preste sus servicios al Estado en áreas como la reparación y mantenimiento de vehículos, se fijan los beneficios de la cooperativa en un máximo del 30% sobre los gastos totales, y en el caso de actividades de construcción y producción de materiales, la ganancia no puede superar el 20%.
Además, se delimitan las actividades que las CNA pueden realizar en todo el territorio nacional y las que solo pueden ejercer dentro de su provincia de creación, se obliga a crear un fondo para formación y quedan definidos los requisitos para ser elegido presidente de una cooperativa y crean la figura de «socio a prueba».
Por contra, las nuevas reglas no dan respuesta a la prolongada reivindicación de las cooperativas de que las autoridades les permitan importar directamente los materiales e insumos que necesitan para sus negocios, y que ahora deben comprar al Estado.
La funcionaria de la Comisión de Implementación precisó que «se ponen esfuerzos para establecer un mercado mayorista a pesar de las condiciones económicas financieras del país» -en referencia a la crisis de liquidez que atraviesa Cuba-.
Para el economista cubano Pedro Monreal, autor de numerosos «hilos» en Twitter con los que trata de analizar y explicar las complejidades de la economía cubana una lectura rápida de las nuevas normas «parecería sugerir que se trata de un ‘experimento’ para establecer una variante de PYMES».
Monreal, que en la actualidad trabaja para el Programa de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, considera que llaman la atención cuestiones como «las restricciones escalonadas para crear empleo, las limitaciones para formar precios y la prohibición de importaciones directas».
La ampliación del trabajo privado -donde se incluyen las CNA- en 2010 fue una de las reformas clave del hoy expresidente Raúl Castro para actualizar el modelo socialista y reducir las abultadas plantillas del sector estatal.
Hace dos años también se paralizó temporalmente la entrega de varios tipos de licencias de trabajo por cuenta propia -entre ellas las más demandadas como las de restaurante privados y casas de renta turísticas- para frenar ilegalidades, «desviaciones» y «corregir deficiencias».
Cuba registra 605.908 trabajadores que operan al margen del Estado, un sector privado que da trabajo a 1,4 millones de personas entre poseedores de licencias y sus contratados, lo que suma el 13 % de la fuerza laboral del país. EFE
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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