Otra vez un enfoque desde una perspectiva individual del problema de la falta de ética en la justicia.

La democracia dominicana no es posible por miedo de los jueces o por la audacia de ellos por la no existencia de un régimen de consecuencia para los que tienen la sagrada misión de juzgar a los demás.

En la República Dominicana se estila enfocar cualquier problemática nacional desde una perspectiva particular y no integral, lo cual no permite plantear soluciones realistas a situaciones que mantienen en una total falta de credibilidad al sistema de justicia y a otras herramientas que podrían constituir instrumentos idóneos para que el país tome un derrotero diferente.

Esa visión poco integral es parte de una falencia nacional que impide que las cosas tomen el camino correcto para acabar con debilidades institucionales  que son una parte consustancial de la democracia nacional y que como resultado del fenómeno el país carece de un estado de derecho que le genere credibilidad y confianza al ciudadano.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, acaba de advertir que un país donde los jueces tengan miedo no hay democracia posible e instó a la sociedad en su conjunto a que  valore y respete la labor judicial y el debido proceso, única garantía de que se imparta justicia.

El también presidente del Consejo del Poder Judicial, dijo que se trabaja mucho por una justicia en que los jueces sean valorados positivamente por la sociedad y donde puedan decidir sin presiones, con total ecuanimidad.

Resaltó que el Poder Judicial ha trabajado para que mejore la independencia y la integridad de los jueces y juezas y que tiene un sistema que ha sido actualizado y mejorado, con un código de comportamiento ético que aporta a la prevención y un reglamento disciplinario que le da fuerza al régimen de consecuencias. “Cuando hay faltas penales están las leyes dominicanas y la Constitución”, agregó.

El jefe del Poder Judicial anunció que la justicia se encuentra en una franca transición basada en su rol en todos los ámbitos de la sociedad, lo que a su entender impactará en el clima de negocios, la seguridad jurídica y el dinamismo que necesita el presente y futuro del país.

“Estamos logrando una justicia que ofrece seguridad jurídica para la inversión y los negocios, que previene conflictos, mejorando la convivencia armónica, lo que es garantía para un desarrollo sostenible”, señaló Molina Peña, durante un encuentro navideño con los periodistas que cubren la fuente judicial.

“Hemos revisado, fortalecido e implementado los sistemas de carrera y escalafón. Los movimientos de traslados y ascensos de jueces y juezas se hacen de acuerdo al escalafón judicial y objetivamente. Mientras menos discrecionalidad mayor es la independencia de los jueces”, enfatizó el presidente de la Suprema Corte.

Sostuvo que si se habla de justicia oportuna, cabe destacar que en la Suprema Corte de Justicia encontraron casos que databan del año 1987, de gente que perdió toda su esperanza de recibir respuesta a sus reclamos.

Destacó que en los últimos tres años, con el esfuerzo de los jueces, juezas y servidores, el Poder Judicial redujo casi totalmente la mora o retardo judicial en el alto tribunal judicial del país y que en este año el cúmulo de expedientes en la Suprema Corte se ha reducido en un promedio de 81%, en la primera y en la segunda sala.

Manifestó que gracias al uso intensivo de la tecnología la nueva cultura judicial de mora cero está impactando en los demás tribunales del país, ofreciendo mayores garantías a todas las partes.

Molina Peña señaló que la implementación de Cámaras Gesell en todas las materias, en todos los distritos judiciales, evita que las víctimas (de violencia de género o delitos sexuales, por ejemplo) revivan su dolor en largas entrevistas e interrogatorios repetidos, al considerar que no se puede revictimizar, es necesario respetar la dignidad de las personas. Manifestó que en el caso del sistema de justicia penal, el que más a menudo ocupa los periódicos, el objetivo es solucionar conflictos mediante la evaluación de lo que presenta el Ministerio Público y lo que presenta la defensa.

Sostuvo que el debido proceso implica asumir, bajo la presunción de inocencia, que se evalúan hechos presentados con pruebas legales y en los plazos establecidos por las normas, al señalar que de la evaluación jurídica de los elementos probatorios surge la decisión y que en este proceso, los jueces son árbitros imparciales y sus decisiones responden a su mirada del Derecho.

Dijo que gracias a la entrada en vigencia de la Ley de Uso de Medios Digitales, desde el Poder Judicial se trabaja para una justicia conectada, con una infraestructura funcional, eficiente y accesible, con las condiciones de una justicia del presente, que brinde alternativas a los más vulnerables, que sea gratuita, atendible y confiable.

Lo dicho por el presidente de la Suprema Corte de Justicia parece un complacido con una sociedad que está ansiosa de que la justicia sea una respuesta a una diversidad de problemas que se confrontan  y cuya eficiencia de este poder del Estado cada día deja mucho que desear.

El miedo de que habla el presidente de la Suprema Corte de Justicia debía ser en las dos direcciones, es decir, que los jueces les teman a un régimen de consecuencia cuando actúan incorrectamente, al margen de la ética, pero además que no haya ningún reparo en aplicar las leyes en función de su espíritu y que no haya otra razón para no recurrir  al castigo que disponen las normas jurídicas, porque regularmente no es lo que ocurre.