Procuraduría General de la República parece haber  pasado de la competencia y la agresividad judicial a la indulgencia  

Por Elba García

Procuradora general de la Republica recurre a la tolerancia con un sistema de justicia cuya imagen no depende de lo que se diga sobre sus decisiones, sino de las dudas que generan la mayoría de sus sentencias.

Miriam German Brito, procuradora general de la República, envió una carta a sus adjuntos en la que los llamaba a reflexionar sobre sus pronunciamientos contra los jueces y el Poder Judicial.

La jefa del Ministerio Público sostiene en su misiva que no es conveniente dar una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra y sin haberla leído debidamente.

Llamó a los adjuntos a que las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo a contribuir con los juicios paralelos.

Advierte que ¨¨Nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales.

Con esta carta la magistrada German Brito ha dicho algunas cosas que son propias de la prudencia y el comedimiento, pero la otra lectura de la misma es que  ha querido tapar el sol con un dedo, porque la fiebre nunca debe buscarse en la sabana, sino en el enfermo.

La gran debilidad de la sociedad dominicana es que no mantiene una política de fiscalización de las decisiones que toman los tribunales sobre los diferentes casos que conocen, ya que son muchas las sentencias que dañan la credibilidad de un poder tan importante como el judicial.

Lo lamentable del asunto es que la deficiencia o complicidad o como se le quiera llamar también es encontrada en el Ministerio Público, donde si bien es cierto lo dicho por la procuradora general de la República, en el sentido de que ese órgano debe velar por la protección de la victima y del imputado, lo que en realidad parece ocurrir es que en el Ministerio Publico parece existir una fuerte tendencia a proteger al que comete el delito en vez del querellante.

Aunque nadie debe renegar del debido proceso, ya que en lo que respecta al Ministerio Público debe avalar los casos con las pruebas irrefutables para procesar a un imputado, pero lo que se observa en la mayoría de las fiscalías es que los miembros de este órgano persecutor del crimen y el delito siempre dilata los procesos y generalmente se inclina por un manejo poco idóneo del caso y en vez de promover la protección del estado de derecho, lo que hace es estimular la impunidad.

Por su parte, el caso de los jueces es que gozan de tanta independencia que emiten fallos que nadie cuestiona, pese a que lo que debía ocurrir es que estos juzgadores estén sometidos a un nivel eficiente de fiscalización por parte del Consejo del Poder Judicial para detectar cuando se salen del carril ético o sencillamente cuando cometen un error al emitir un fallo.

La cuestión es que lo que ocurre con los fiscales también ocurre con los jueces y es que ambos son parte de un sistema agotado, porque forman parte de un Estado que no tiene los niveles de institucionalidad, de regulación y de fiscalización que garantice que sus decisiones por lo menos sean más idóneas.

De manera, que la carta de Miriam German Brito como que llama a sus adjuntos a acogerse al concepto vendido por siempre de que los jueces son emperadores intocables y perfectos y además que su descredito depende de lo que se diga por los medios de comunicación y no de sus acciones que se deben evaluar por las sentencias emitidas.

Es más, habría que decir en este caso que penosamente los medios de comunicación social sobre lo que menos publican es sobre la gran cantidad de sentencias evacuadas sobre la base del capricho de muchos jueces, sin tener las pruebas que avalen las mismas.

Lo planteado en lo referente a  la carta de Miriam German Brito, no es sólo por lo ocurrido con los megas procesos de corrupción que se conocen en el país, sino por la mayoría de las decisiones que emiten diariamente los tribunales inferiores, las cuales  no se apoyan en los elementos facticos envueltos en el caso, por lo que los mismos no tienen ninguna base jurídica si se analizan  a partir de una serie de principios y derechos constitucionales.

En la República Dominicana hay una serie de clichés para descalificar cualquier acción del Ministerio Público, pero lo propio hace este órgano, el cual esta conformado por unos miembros que muchas veces causan más daño que bien a los querellantes y también a los querellados.

Las criticas vertidas por sus adjuntos, máxime Jeny Berenice Reynoso, las cuales tal vez han sido las más ácidas provenientes del Ministerio Publico, tienen mucho de justificación, aunque naturalmente debió también hacer una mirada hacia al interior del órgano al que sirve.

La procuradora adjunta debió hablar de lo que ocurre con los fiscales de los diferentes distritos judiciales de todo el territorio nacional, donde el Estado prácticamente no existe, lo cual provoca que las denuncias y querellas que se presentan en este órgano se convierten en instrumentos para  matar el estado de derecho y la democracia.

Sin embargo, se debe reiterar que las criticas tienen asidero suficientes y que no hacerlo es una forma de que toda la podredumbre nacional llegue hasta el rincón más recóndito del país y que la democracia termine con la aceleración de su descredito total y que la irregularidad convierte en irrecuperable la honra del Ministerio Público y de los tribunales nacionales.