Comunidad en el exterior
SANTO DOMINGO.- Cinco dominicanos presos en Chile denunciaron maltrato, injusticia, discriminación y xenofobia.
William Antonio Hernández Liz, Luis Gómez Rosso, Israel Antonio Hernández Rodríguez, Fabio Antonio Álvarez Guzmán y Pablo Suero, presos en el penal de la localidad de Alto Hospicio (Iquique), dicen que los tienen casi incomunicados y viviendo una situación de gravedad institucional extrema.
En una carta a ALMOMENTO.NET, piden la intervención de las autoridades de su país y de organismos internacionales, ya que -dicen- fueron juzgados por la justicia chilena en un juicio sin precedentes, en el que resultaron injustamente condenados por una supuesta e inexistente “agrupación”.
EL TEXTO
A continuación el texto de su carta:
«Los que suscriben, William Antonio Hernández Liz, de nacionalidad dominicana; Luis Gómez Rosso, español; Israel Antonio Hernández Rodríguez, dominicano; Fabio Antonio Álvarez Guzmán, de nacionalidad holandesa y dominicana; Pablo Suero, dominicano, tienen el agrado de dirigirse a usted, y por su digno intermedio por ante quien corresponda, a los efectos de:
Poner en vuestro conocimiento la situación que estamos sufriendo en Chile, ya que fuimos juzgados por la justicia chilena en un fallo sin precedentes, en el que resultamos injustamente condenados por una supuesta e inexistente “agrupación” a la que perteneceríamos, por el hecho de que somos todos dominicanos, tal como lo dice la sentencia de la justicia de Iquique.
Dicha situación fue debidamente denunciada por ante los organismos correspondientes, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los consulados de nuestra nacionalidad, quienes manifestaron que tomarían cartas en el asunto.
El agravante de agrupación nos agrega 10 años más en la condena que nos hubiera correspondido, con la tremenda gravedad de que fue realizada sin pruebas por la fiscalía, con el serio y gravísimo resultado de haber sido confirmado por los jueces que intervinieron en un inédito fallo que claramente demostró discriminación y xenofobia por el hecho de ser extranjeros, y nos encontramos presos y con una condena por 13 años en tierra chilena, que demuestra ser particularmente hostil con los extranjeros.
Ante cualquier duda, aclaración o ampliación al respecto, debido a que nos encontramos alojados en el penal de la localidad de Alto Hospicio (Iquique) casi incomunicados y viviendo una situación de gravedad institucional extrema, por lo que podrían comunicarse ante cualquier duda y o aclaración con nuestro defensor Eduardo Padilla al número +56 9 5762 8494, o también podemos responderle mediante este correo electrónico a los fines de que le sea enviada una copia de las notas oportunamente enviadas por ante los organismos internacionales en donde explicamos detalladamente la situación a través de amistades que se encuentran fuera del penal.
Estamos clamando por justicia y la debida aplicación de la ley, y además consideramos que la discriminación y xenofobia por parte de la República de Chile, a través de su poder judicial, debe ser tratada por la comunidad internacional, a los fines de realizar las recomendaciones y sanciones diplomáticas si correspondieran atento la seria y extrema gravedad de la situación.
Sin otro particular, saludamos a usted con distinguida consideración y respeto».
jt/am
BOSTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un dominicano en medio de un juicio en el Tribunal Municipal Central de Boston.
Juan Carlos Báez (también conocido como Wilson Martell-Lebron), de 49 años, tiene condenas previas por tráfico de drogas y se encuentra ilegal en el país.
Báez (o Martell-Lebron) era juzgado por proporcionar información falsa en una solicitud para obtener una licencia de conducir.
La oficina del fiscal de distrito dijo que después de enterarse de la detención de Báez, «solicitaron su regreso a la corte» del ICE.
El juez Mark Summerville desestimó los cargos contra Báez y declaró en desacato al agente que realizó el arresto en pleno juicio.
“Este es un caso inquietante”, afirmó el magistrado. “Es un caso de obstrucción a la justicia. Es un caso de violación del derecho del acusado a estar presente en el juicio y a confrontar a los testigos de cargo. No podría ser más grave”, expresó Summerville.
Un fiscal adjunto admitió ante el tribunal que era consciente de la presencia de agentes de ICE fuera del edificio judicial, pero negó haber colaborado con ellos o haberles proporcionado información sobre el caso.
El ICE no reveló por qué lo detuvo en pleno juicio. El sujeto fue llevado a un centro de detención en Plymouth.
NUEVA YORK.- La familia de Bryant Rojas Valdez, un dominicano con discapacidad mental, solicitó la ayuda de la comunidad y de las autoridades para localizar al joven desaparecido desde el 18 de marzo.
Explicaron que la condición especial de Rojas Valdez, de 26 años, hace que su búsqueda sea aún más urgente y prioritaria.
La familia organizó una rueda de prensa en la que ofrecerán detalles sobre la desaparición, las acciones emprendidas hasta el momento y formas en que la comunidad puede colaborar.
Para más información, llame a Grecia Valdez al (347) 499-3656.
BOGOTA.- Las autoridades de Colombia capturaron a tres colombianos, entre ellos un funcionario público, que hacían parte de una red criminal que suministraba documentos falsos a migrantes dominicanos para que pudieran viajar a Estados Unidos, informó este domingo la Fiscalía.
Los detenidos son Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, dijo el ente acusador en un comunicado.
Al tercer implicado, José María Romero, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar (norte), la Fiscalía lo acusó por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático, añadió la información.
La investigación de la Fiscalía estableció que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, la red criminal contactó a ciudadanos de República Dominicana para tramitarles documentos para que figuraran como nacidos en Colombia, y así «permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales».
La Fiscalía detalló que Puentes, que supuestamente era el jefe de la red, transportaba y acompañaba a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y era el encargado de «garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos».
Romero, por su lado, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
El jueves pasado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió en Bogotá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y con su canciller, Laura Sarabia, con quienes trató asuntos migratorios y de seguridad.
Según la Presidencia colombiana, en la reunión se trataron «temas clave en la relación bilateral, incluyendo seguridad, narcotráfico, migración y la repatriación de colombianos».
En la visita, Noem subrayó que su Gobierno ayudará a Colombia a impedir que «terroristas» crucen sus fronteras y se comprometió a trabajar con las autoridades de este país en temas de «seguridad pública, narcotráfico y trata de personas».
Colombia juega un papel importante en la crisis migratoria porque la región del Urabá (noroeste) fue en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atravesaron la peligrosa selva del Darién, que marca la frontera con Panamá, en su camino hacia Estados Unidos, un flujo que casi desapareció desde el regreso de Donald Trump al poder.
La secretaria estadounidense considera que Colombia y Estados Unidos «pueden ser líderes» en seguridad regional y controles migratorios, y atraer a otros países para realizar «un esfuerzo cooperativo para abordar las preocupaciones de seguridad que todos compartimos».