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Advierte el Ministerio Público que no se dejará intimidar
SANTO DOMINGO .- Con la reiteración de perseguir todos los delitos en Republica Dominicana sin importar quien los cometa, el Ministerio Público (MP) respondió a lo que llamó una campaña en su contra.
Negó categóricamente este domingo que empleados suyos hayan participado en acuerdos que personas imputadas en casos corrupción han suscrito para aceptar su culpabilidad y devolver dinero o bienes obtenidos ilícitamente.
En un documento público remitido a los medios de comunicación, considera que son falsas denuncias que abogados defensores de algunos de los acusados han hecho a través de medios de comunicación en el sentido de que esos acuerdos han sido promovidos por el Ministerio Público, ante la debilidad de las pruebas presentadas contra imputados.
Por el contrario, aclara, ante la contundencia de las pruebas, 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que han firmado acuerdos para aceptar su culpabilidad, todos los cuales, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales y en ninguno han participado empleados del Ministerio Público.
Indica que desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la cual todos han sido llevados hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.
“Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente”, añade
Explica que todos los acuerdos se encuentran judicializados y fueron elaborados en estricto cumplimiento de la ley, y solo se han firmado para decomisar activos como bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y cheques certificados.. En este sentido, desmiente que haya otros convenios para recibir cesiones u obras futuras.
RECONOCE DERECHO A CUESTIONAR
En su comunicado , el Ministerio Público reconoce el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho. Sin embargo, califica de “deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales”.
Indica que “pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente”.
ADVIERTE NO SE DEJARÁ INTIMIDAR
“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa.
A su juicio, estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.
Dice que “han llegado al extremo de querer fabular respeto a una persona contratada por el Ministerio Público a través de un proceso de evaluación y reclutamiento agotado mediante una firma consultora externa de gestión humana”, a pesar de que ella no labora hace meses en la institución y nunca tuvo nada que ver con las áreas de persecución.
“Es preciso establecer que, el Ministerio Público no ha firmado ni un solo acuerdo con la oficina en la que laboró la persona en cuestión antes, durante o después de ser contratada. De modo que, además de constituirse en delito tipificado y sancionado por la Ley 53-07 esta fábula es deshonesta y nada profesional”, añade
Puntualiza: “Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva”.
Resalta que los s acuerdos de culpabilidad se realizan en todas las materias, siempre amparados en la normativa procesal penal.
El MP reitera ante la población dominicana su “ compromiso de perseguir todos los delitos, sin importar quienes los cometan, como lo han venido haciendo y como lo comprueban los distintos procesos que han puesto en marcha, porque así como la ley no distingue entre seres humanos, no lo puede hacer ni lo hará este Ministerio Público”.
Sp-am
SANTO DOMINGO.-La calidad de la enseñanza durante el año escolar 2023-2024 aumentó en el sistema público preuniversitario, además de incorporar innovaciones y avances que mejoraron sustancialmente las competencias, indicadores de logro, asistencia y puntualidad de la población estudiantil a los centros educativos, según lo informó el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd).
La transformación del sistema educativo que tuvo como punto de partida la adecuación curricular de los niveles inicial, primario y secundario para fortalecer el enfoque de competencias e incorporar ejes transversales para atender a problemáticas sociales.
Además, se modificó el sistema de evaluación de los aprendizajes, asumiendo criterios más precisos y mayor oportunidad para la recuperación pedagógica. Los docentes fueron capacitados en estos cambios y acompañados en sus procesos.
Igualmente se actualizaron los diseños curriculares y sistemas de evaluación en los niveles primario y secundario del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas, que todavía seguían el currículo de 1995.
En convenio con universidades, academiase instituciones educativas, el Minerdelaboró libros de texto, tanto en formato digital como impreso, para todos los niveles educativos.
Los libros digitales, disponibles en la plataforma www.libroabierto.minerd.gob.do, ahora incluyen un chatbot de inteligencia artificial que permite a los estudiantes enriquecer su proceso educativo con respuestas puntuales a preguntas sobre los libros de textos.Además, alrededor de 4,000 centros educativos lograron tener conectividad con fibra óptica.
Durante el período escolar 2023-2024, los doce mil docentes que se incorporaron al sistema de enseñanza también ingresaron, por primera vez, al Programa Nacional de Inducción, en el que recibieron formación y acción tutorial, como establece el Estatuto Docente.
En el presente año lectivo, el Ministerio de Educación implementó el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) con la finalidad de facilitar el acceso a los centros educativos, garantizando la asistencia y puntualidad de los estudiantes.
En 42 Distritos Educativos, que incluyen 11 provincias y el Distrito Nacional, TRAE realizó 9,821,355 traslados de estudiantes desde y hacia las escuelas en los últimos siete meses, impactando la economía de miles de familias a las que se les posibilitóun ahorro de RD$2,946 millones en transporte.
Otra de las iniciativas relevantes desarrolladas por el Ministerio de Educación fue la puesta en práctica de la Política Nacional para la Alfabetización en la Etapa Oportuna a través del Programa Nacional Construyendo la Base de los Aprendizajes (CON BASE), que propició mejoras significativas en los aprendizajes de la lectura, escritura y matemática en más de 400 mil estudiantes que cursan entre primero y tercero de primaria en todos los centros educativos públicos del país.
Santo Domingo, R.D.-Mediante decreto el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó la Ley 18-24, que a partir de ahora regulará el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
La norma moderniza los procedimientos de la institución, procura la mejora de las herramientas para el cumplimiento de los fines del ente y fortalece el régimen de las infracciones administrativas.
La Ley 18-24 esclarece de forma detallada su ámbito de aplicación, crea el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, aborda la composición, la autonomía, la naturaleza, la jurisdicción y las atribuciones de la Cámara de Cuentas, regula el funcionamiento de sus órganos, establece las competencias, atribuciones y obligaciones de sus directivos, pauta los parámetros de organización administrativa y define el rol de la Cámara de Cuentas en el Sistema Nacional de Control y Fiscalización y los procesos de auditorías.
Dichas observaciones, ahora aprobadas por la Cámara de Diputados, planteaban la necesidad de fortalecer la efectiva funcionalidad del órgano, impactando en las atribuciones del Pleno de la Cámara de Cuentas, el trámite de sus sesiones, las atribuciones de sus directivos, los principios y normas de la carrera administrativa especial.
Tal y como se establece en las motivaciones de la norma, en el proceso de reforma integral en que se encuentra inmerso el sistema de control y fiscalización del Estado dominicano, impera la necesidad de que la Cámara de Cuentas sea actualizada conforme a las disposiciones de la Constitución y a la exigencia de los nuevos tiempos, en procura de garantizar una gestión pública apegada a la ética, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia.
Santo Domingo, R.D.-Tras varios aplazamientos, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y demás implicados en el caso Coral y Coral 5G, ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio de fondo.
La lectura inició en el tribunal presidido por Gissel Méndez, Tania Yunes y Jisel Naranjo, quienes decidirán si condena o no a los encartados en acto de corrupción administrativa, incluyendo a unos 30 policías y militares.
En la audiencia los fiscales detallan los tipos penales atribuidos a los imputados como asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Igualmente, mencionan que el entramado criminal desmantelado con el Caso Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Sostiene además que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
El grupo es acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos a través de nombramientos irregulares y otras anomalías en el Cusep y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En el caso Coral también figuran como acusados la pastora Rossy Guzmán, su Tanner Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, ex encargado del Departamento Financiero del Cusep, Alejandro Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Girón Jiménez se encuentra guardando arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.