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Por recusación de jueza suspenden audiencia del caso Calamar.
Santo Domingo, R.D.-El representante legal de la sucesión de la familia Mota en el caso Calamar, Pablo Castillo, informó que la audiencia prevista para hoy en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue suspendida.
La suspensión se debe a la espera de la respuesta de la Cámara de la Corte de Apelación en relación a la acusación presentada contra la jueza Altagracia Ramírez.
En la audiencia de hoy se esperaba conocer las peticiones del imputado Donald Guerrero, además de una posible variación de medidas y otras actuaciones. Sin embargo, se fijó como nueva fecha para el proceso el 26 de septiembre.
La recusación contra la jueza Ramírez fue presentada por Castillo el pasado 26 de agosto, debido a su inconformidad con el manejo de la homologación de acuerdos entre imputados y el Ministerio Público.
El abogado argumentó que la jueza no actuó conforme a las normas establecidas y le negó la participación en el proceso, alegando que no tenía calidad para intervenir.
El caso Calamar involucra a varios imputados acusados por el Ministerio Público de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una entidad del Ministerio de Hacienda, entre los años 2016 y 2020.
Los acusados en este caso son Ángel Gilberto Lockward Mella, figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José, Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez, Luis Miguel Piccirilo Mccabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yahaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández De Paola y Emir José Fernández De Paola.
También Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Milcíades Morilla Gil, Manuel Milcíades Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Figuran además las razones sociales Miqui Trade, S.R.L., Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Santa Bárbara, S.R.L., Desarrollos Rurales, S.R.L., Angel Lockward & Asociados, S.R.L. , Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc., Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L. y Intercaribe Mercantil, S.A.S.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.