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Tribunal del Distrito Nacional fallará caso Antipulpo el 13 de agosto.
Santo Domingo, R.D.-El fallo sobre el caso Antipulpo será emitido el próximo 13 agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual es uno de los casos judiciales por corrupción administrativa más grande de la historia nacional, en el que están involucrados funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las expectativas crecen en si habrá condena o no en este proceso judicial en el que el Ministerio Público pide hasta 20 años de prisión y decomiso de bienes contra los imputados.
El caso involucra una cantidad significativa de bienes sujetos a decomiso: en total, 60 inmuebles, 67 vehículos, RD$553,063,784 en efectivo y US$1,495,682 entre entregados e inmovilizados.
Para el sociólogo Cándido Mercedes, este expediente judicial no solo representa uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana, sino también una expresión clara de lo que se denomina “captura del Estado”: la capacidad de ciertos actores gubernamentales de operar al margen de la ley desde posiciones de poder, violando normas, desfigurando procedimientos e institucionalizando la impunidad.
Según el sociólogo, si los implicados no reciben condena, más allá de las demoras procesales, la sociedad dominicana asistirá a una regresión de su incipiente institucionalidad judicial.
Uno de los principales problemas que señala Mercedes es la lentitud del sistema de justicia. El caso Antipulpo lleva casi cinco años en los tribunales.
«Por suerte no se cayó por extinción del tiempo, gracias a que las juezas entendieron que los aplazamientos en muchos casos se debían a tácticas dilatorias de los propios imputados», explica.
Desde solicitudes por razones médicas, hasta excusas por luto o malestares menores, el proceso ha sido saboteado, sostiene, por prácticas que buscan alargar indefinidamente la espera de justicia.
“Esas excusas no pueden tomarse en cuenta para extinguir procesos tan graves”, señala.
Uno de los elementos que, a juicio del sociólogo, fortalece la causa del Ministerio Público es el volumen y solidez de las pruebas presentadas. “Una de las críticas era que los expedientes estaban sobrecargados», apuntó.
Sostuvo que Yeni Berenice Reynoso tenía razón cuando dijo que en estos tipos de casos se trata de megacorrupción y que había que sobrecargar de pruebas, porque los fisclaes «se enfrentan a los mejores abogados del país”.
Agregó que este expediente cuenta con más de 12 mil páginas; contiene pruebas documentales, periciales, testimoniales, transacciones y hasta devoluciones de dinero por parte de algunos implicados.
Para Mercedes, la devolución de fondos por sí sola ya constituye una forma de admisión de culpa.
Cándido Mercedes no se limita al ámbito judicial. Su análisis es también político, sociológico e histórico.
“Si esos personajes no son condenados -reitera-, los jueces que fallen en ese sentido serán condenados por el juicio de la historia y de la sociedad”.
El pueblo, dice, suele confundir el Ministerio Público con el Poder Judicial. “Pero son distintos. Aquí el Ministerio Público ha avanzado mucho; la justicia está tratando de modernizarse, pero todavía está rezagada”.
El sociólogo recuerda etapas oscuras del sistema de justicia dominicano: “Con Balaguer estábamos en 20, con Leonel llegamos a 60 o 70. Con Mariano Germán retrocedimos. Era un buen abogado, pero no debía dirigir una institución tan compleja. Hubo incluso casos bochornosos que reflejaban la falta de institucionalidad”.
La conclusión de Mercedes es contundente: “Sociológicamente, si no hay condenas, eso va a generar un terrible daño en la esperanza de una sociedad regenerada”.
El caso Antipulpo se convierte así en un termómetro del verdadero compromiso del país con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez (Pancho), también coincide en que existen grandes expectativas con esta sentencia, ya que es el primero de los grandes casos de corrupción que recibirá fallo de fondo.
“Entiendo que el Ministerio Público hizo un buen trabajo en este caso y presentó una acusación robusta, basada en una cantidad impresionante de pruebas”, evaluó.
Recordó que originalmente eran 27 imputados, de los cuales varios llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, como Francisco Pagán, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel Suazo.
El que varios implicados admitieran su responsabilidad fortalece el caso contra los que no lo hicieron. Además, la acusación fue sustentada por 169 testigos, 1,946 pruebas documentales, 81 pruebas periciales y 115 pruebas materiales.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.