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Tribunal del Distrito Nacional fallará caso Antipulpo el 13 de agosto.
Santo Domingo, R.D.-El fallo sobre el caso Antipulpo será emitido el próximo 13 agosto por las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual es uno de los casos judiciales por corrupción administrativa más grande de la historia nacional, en el que están involucrados funcionarios del pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las expectativas crecen en si habrá condena o no en este proceso judicial en el que el Ministerio Público pide hasta 20 años de prisión y decomiso de bienes contra los imputados.
El caso involucra una cantidad significativa de bienes sujetos a decomiso: en total, 60 inmuebles, 67 vehículos, RD$553,063,784 en efectivo y US$1,495,682 entre entregados e inmovilizados.
Para el sociólogo Cándido Mercedes, este expediente judicial no solo representa uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente de República Dominicana, sino también una expresión clara de lo que se denomina “captura del Estado”: la capacidad de ciertos actores gubernamentales de operar al margen de la ley desde posiciones de poder, violando normas, desfigurando procedimientos e institucionalizando la impunidad.
Según el sociólogo, si los implicados no reciben condena, más allá de las demoras procesales, la sociedad dominicana asistirá a una regresión de su incipiente institucionalidad judicial.
Uno de los principales problemas que señala Mercedes es la lentitud del sistema de justicia. El caso Antipulpo lleva casi cinco años en los tribunales.
«Por suerte no se cayó por extinción del tiempo, gracias a que las juezas entendieron que los aplazamientos en muchos casos se debían a tácticas dilatorias de los propios imputados», explica.
Desde solicitudes por razones médicas, hasta excusas por luto o malestares menores, el proceso ha sido saboteado, sostiene, por prácticas que buscan alargar indefinidamente la espera de justicia.
“Esas excusas no pueden tomarse en cuenta para extinguir procesos tan graves”, señala.
Uno de los elementos que, a juicio del sociólogo, fortalece la causa del Ministerio Público es el volumen y solidez de las pruebas presentadas. “Una de las críticas era que los expedientes estaban sobrecargados», apuntó.
Sostuvo que Yeni Berenice Reynoso tenía razón cuando dijo que en estos tipos de casos se trata de megacorrupción y que había que sobrecargar de pruebas, porque los fisclaes «se enfrentan a los mejores abogados del país”.
Agregó que este expediente cuenta con más de 12 mil páginas; contiene pruebas documentales, periciales, testimoniales, transacciones y hasta devoluciones de dinero por parte de algunos implicados.
Para Mercedes, la devolución de fondos por sí sola ya constituye una forma de admisión de culpa.
Cándido Mercedes no se limita al ámbito judicial. Su análisis es también político, sociológico e histórico.
“Si esos personajes no son condenados -reitera-, los jueces que fallen en ese sentido serán condenados por el juicio de la historia y de la sociedad”.
El pueblo, dice, suele confundir el Ministerio Público con el Poder Judicial. “Pero son distintos. Aquí el Ministerio Público ha avanzado mucho; la justicia está tratando de modernizarse, pero todavía está rezagada”.
El sociólogo recuerda etapas oscuras del sistema de justicia dominicano: “Con Balaguer estábamos en 20, con Leonel llegamos a 60 o 70. Con Mariano Germán retrocedimos. Era un buen abogado, pero no debía dirigir una institución tan compleja. Hubo incluso casos bochornosos que reflejaban la falta de institucionalidad”.
La conclusión de Mercedes es contundente: “Sociológicamente, si no hay condenas, eso va a generar un terrible daño en la esperanza de una sociedad regenerada”.
El caso Antipulpo se convierte así en un termómetro del verdadero compromiso del país con la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
El coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez (Pancho), también coincide en que existen grandes expectativas con esta sentencia, ya que es el primero de los grandes casos de corrupción que recibirá fallo de fondo.
“Entiendo que el Ministerio Público hizo un buen trabajo en este caso y presentó una acusación robusta, basada en una cantidad impresionante de pruebas”, evaluó.
Recordó que originalmente eran 27 imputados, de los cuales varios llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, como Francisco Pagán, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Julián Esteban Suriel Suazo.
El que varios implicados admitieran su responsabilidad fortalece el caso contra los que no lo hicieron. Además, la acusación fue sustentada por 169 testigos, 1,946 pruebas documentales, 81 pruebas periciales y 115 pruebas materiales.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.