Nacionales
El transfuguismo caracteriza el espectro electoral dominicano.
En los últimos tres años al menos 28 legisladores se han pasado de un partido a otro, cuyo mayor beneficiado ha sido el denominado partido único, ya que cualquiera de ellos representa lo mismo, pero el argumento esgrimido por los tránsfugas es que se cambian de organización porque ya el suyo no representa los mas nobles intereses de la Nación, aunque nadie les cree.
Desde el inicio de este cuatrienio, 16 de agosto del 2020, hasta la fecha cinco senadores y 23 diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (AP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Partido Cívico Renovador (PCR) cambiaron de color y juraron lealtad a otra bancada.
De estas fuerzas políticas, la más fragmentada ha sido el PLD, pues en la nueva gestión de Gobierno tenía una matrícula de seis senadores y 74 diputados, sin embargo, las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina, fundadores del partido, pasaron facturas, quedando la organización con – hasta el momento- tres militantes en la Cámara Alta y 56 en la Baja.
La entidad morada perdió 19 diputados; “pasó un susto” de restar dos más (Víctor Suárez y Fabiana Tapia); y sólo sumó una nueva miembro (Fior Daliza Peguero, del PRD).
De los renunciantes, 13 se fueron a Fuerza del Pueblo, tres al PRM (María Suárez, Carlos Sánchez y Bolívar Valera “El Boli”), una al PRSC (Rafaela “Lila” Alburquerque) y dos aún no han fijado una orientación política (Sandra Abinader y José Benedicto Hernández, aunque éste último es cercano de Julio César Valentín, del partido Justicia Social).
Quienes pasaron a FP son el hoy vocero, Tobías Crespo; Carlos García, Aquilino Serrata, Dulce Rojas, Charlene Canaán, Ivannia Rivera, Hamlet Melo, Félix M. Rodríguez, Mélido Mercedes, Lourdes Aybar, Josefa Mejía, Rafael Castillo y Domingo de León.
De tres diputados que tenía el PRD, perdió una legisladora (Fior Daliza Peguero), quien pasó al PLD. Asimismo, Alianza País, que tenía dos representantes, de ellos uno pasó a Opción Democrática (José H. Rodríguez). Similar ocurrió con el PCR y el BIS, que tenían un legislador cada uno: Miguel Á. de los Santos, diputado nacional (PCR), renunció sin aún fijar posición, mientras Miguel Bogaert (BIS) pasó al PRM.
Los cinco senadores
En las elecciones del 2020, los partidos PRM y aliados obtuvieron 18 senadores; PLD y aliados, seis; PRSC y aliados, cinco; FA y aliados, uno; BIS y aliados, uno; y Dominicanos por el Cambio (DxC) y aliados, también uno.
Aunque ese fue el resultado emitido por la Junta Central Electoral, cuatro de los cinco senadores que resultaron ganadores por el PRSC y el BIS eran miembros de Fuerza del Pueblo, para un total de seis legisladores. Esto arrojaba un empate entre el PLD y FP, con seis representantes cada uno; dejaba al PRM con 18 senadores; y al PRSC y DxC con un representante cada uno. Luego que los legisladores asumieron su curul en 2020, tres del partido morado pasaron al verde, para romper el empate 6-6 y convertirlo en 9-3 (nueve de FP contra tres del PLD).
Se trata de los senadores Félix Bautista, de San Juan; Dionis Sánchez, de Pedernales; y Franklin Peña, de San Pedro de Macorís, quienes ganaron con en las boletas de PLD y aliados, pero pasaron a Fuerza del Pueblo. Los dos primeros lo hicieron el mismo 16 de agosto del 2020, cuando tomaron posesión del cargo. En cambio, Peña lo hizo a mediados de noviembre de ese mismo año.
Más adelante, el 10 enero del 2022, Antonio Marte anunció su renuncia de Fuerza del Pueblo y se declaró independiente, formando el Movimiento Primero la Gente, hoy Partido Primero la Gente (PPG). Ahí FP quedó con ocho representantes en el Senado.
Por otro lado, el senador Iván Silva, quien era miembro del PRM, pasó al PRD). Fue a principios de julio de este año.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Puede leer
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.