Nacionales
El transfuguismo caracteriza el espectro electoral dominicano.
En los últimos tres años al menos 28 legisladores se han pasado de un partido a otro, cuyo mayor beneficiado ha sido el denominado partido único, ya que cualquiera de ellos representa lo mismo, pero el argumento esgrimido por los tránsfugas es que se cambian de organización porque ya el suyo no representa los mas nobles intereses de la Nación, aunque nadie les cree.
Desde el inicio de este cuatrienio, 16 de agosto del 2020, hasta la fecha cinco senadores y 23 diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (AP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Partido Cívico Renovador (PCR) cambiaron de color y juraron lealtad a otra bancada.
De estas fuerzas políticas, la más fragmentada ha sido el PLD, pues en la nueva gestión de Gobierno tenía una matrícula de seis senadores y 74 diputados, sin embargo, las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina, fundadores del partido, pasaron facturas, quedando la organización con – hasta el momento- tres militantes en la Cámara Alta y 56 en la Baja.
La entidad morada perdió 19 diputados; “pasó un susto” de restar dos más (Víctor Suárez y Fabiana Tapia); y sólo sumó una nueva miembro (Fior Daliza Peguero, del PRD).
De los renunciantes, 13 se fueron a Fuerza del Pueblo, tres al PRM (María Suárez, Carlos Sánchez y Bolívar Valera “El Boli”), una al PRSC (Rafaela “Lila” Alburquerque) y dos aún no han fijado una orientación política (Sandra Abinader y José Benedicto Hernández, aunque éste último es cercano de Julio César Valentín, del partido Justicia Social).
Quienes pasaron a FP son el hoy vocero, Tobías Crespo; Carlos García, Aquilino Serrata, Dulce Rojas, Charlene Canaán, Ivannia Rivera, Hamlet Melo, Félix M. Rodríguez, Mélido Mercedes, Lourdes Aybar, Josefa Mejía, Rafael Castillo y Domingo de León.
De tres diputados que tenía el PRD, perdió una legisladora (Fior Daliza Peguero), quien pasó al PLD. Asimismo, Alianza País, que tenía dos representantes, de ellos uno pasó a Opción Democrática (José H. Rodríguez). Similar ocurrió con el PCR y el BIS, que tenían un legislador cada uno: Miguel Á. de los Santos, diputado nacional (PCR), renunció sin aún fijar posición, mientras Miguel Bogaert (BIS) pasó al PRM.
Los cinco senadores
En las elecciones del 2020, los partidos PRM y aliados obtuvieron 18 senadores; PLD y aliados, seis; PRSC y aliados, cinco; FA y aliados, uno; BIS y aliados, uno; y Dominicanos por el Cambio (DxC) y aliados, también uno.
Aunque ese fue el resultado emitido por la Junta Central Electoral, cuatro de los cinco senadores que resultaron ganadores por el PRSC y el BIS eran miembros de Fuerza del Pueblo, para un total de seis legisladores. Esto arrojaba un empate entre el PLD y FP, con seis representantes cada uno; dejaba al PRM con 18 senadores; y al PRSC y DxC con un representante cada uno. Luego que los legisladores asumieron su curul en 2020, tres del partido morado pasaron al verde, para romper el empate 6-6 y convertirlo en 9-3 (nueve de FP contra tres del PLD).
Se trata de los senadores Félix Bautista, de San Juan; Dionis Sánchez, de Pedernales; y Franklin Peña, de San Pedro de Macorís, quienes ganaron con en las boletas de PLD y aliados, pero pasaron a Fuerza del Pueblo. Los dos primeros lo hicieron el mismo 16 de agosto del 2020, cuando tomaron posesión del cargo. En cambio, Peña lo hizo a mediados de noviembre de ese mismo año.
Más adelante, el 10 enero del 2022, Antonio Marte anunció su renuncia de Fuerza del Pueblo y se declaró independiente, formando el Movimiento Primero la Gente, hoy Partido Primero la Gente (PPG). Ahí FP quedó con ocho representantes en el Senado.
Por otro lado, el senador Iván Silva, quien era miembro del PRM, pasó al PRD). Fue a principios de julio de este año.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.