Nacionales
El transfuguismo caracteriza el espectro electoral dominicano.
En los últimos tres años al menos 28 legisladores se han pasado de un partido a otro, cuyo mayor beneficiado ha sido el denominado partido único, ya que cualquiera de ellos representa lo mismo, pero el argumento esgrimido por los tránsfugas es que se cambian de organización porque ya el suyo no representa los mas nobles intereses de la Nación, aunque nadie les cree.
Desde el inicio de este cuatrienio, 16 de agosto del 2020, hasta la fecha cinco senadores y 23 diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (AP), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) y Partido Cívico Renovador (PCR) cambiaron de color y juraron lealtad a otra bancada.
De estas fuerzas políticas, la más fragmentada ha sido el PLD, pues en la nueva gestión de Gobierno tenía una matrícula de seis senadores y 74 diputados, sin embargo, las diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina, fundadores del partido, pasaron facturas, quedando la organización con – hasta el momento- tres militantes en la Cámara Alta y 56 en la Baja.
La entidad morada perdió 19 diputados; “pasó un susto” de restar dos más (Víctor Suárez y Fabiana Tapia); y sólo sumó una nueva miembro (Fior Daliza Peguero, del PRD).
De los renunciantes, 13 se fueron a Fuerza del Pueblo, tres al PRM (María Suárez, Carlos Sánchez y Bolívar Valera “El Boli”), una al PRSC (Rafaela “Lila” Alburquerque) y dos aún no han fijado una orientación política (Sandra Abinader y José Benedicto Hernández, aunque éste último es cercano de Julio César Valentín, del partido Justicia Social).
Quienes pasaron a FP son el hoy vocero, Tobías Crespo; Carlos García, Aquilino Serrata, Dulce Rojas, Charlene Canaán, Ivannia Rivera, Hamlet Melo, Félix M. Rodríguez, Mélido Mercedes, Lourdes Aybar, Josefa Mejía, Rafael Castillo y Domingo de León.
De tres diputados que tenía el PRD, perdió una legisladora (Fior Daliza Peguero), quien pasó al PLD. Asimismo, Alianza País, que tenía dos representantes, de ellos uno pasó a Opción Democrática (José H. Rodríguez). Similar ocurrió con el PCR y el BIS, que tenían un legislador cada uno: Miguel Á. de los Santos, diputado nacional (PCR), renunció sin aún fijar posición, mientras Miguel Bogaert (BIS) pasó al PRM.
Los cinco senadores
En las elecciones del 2020, los partidos PRM y aliados obtuvieron 18 senadores; PLD y aliados, seis; PRSC y aliados, cinco; FA y aliados, uno; BIS y aliados, uno; y Dominicanos por el Cambio (DxC) y aliados, también uno.
Aunque ese fue el resultado emitido por la Junta Central Electoral, cuatro de los cinco senadores que resultaron ganadores por el PRSC y el BIS eran miembros de Fuerza del Pueblo, para un total de seis legisladores. Esto arrojaba un empate entre el PLD y FP, con seis representantes cada uno; dejaba al PRM con 18 senadores; y al PRSC y DxC con un representante cada uno. Luego que los legisladores asumieron su curul en 2020, tres del partido morado pasaron al verde, para romper el empate 6-6 y convertirlo en 9-3 (nueve de FP contra tres del PLD).
Se trata de los senadores Félix Bautista, de San Juan; Dionis Sánchez, de Pedernales; y Franklin Peña, de San Pedro de Macorís, quienes ganaron con en las boletas de PLD y aliados, pero pasaron a Fuerza del Pueblo. Los dos primeros lo hicieron el mismo 16 de agosto del 2020, cuando tomaron posesión del cargo. En cambio, Peña lo hizo a mediados de noviembre de ese mismo año.
Más adelante, el 10 enero del 2022, Antonio Marte anunció su renuncia de Fuerza del Pueblo y se declaró independiente, formando el Movimiento Primero la Gente, hoy Partido Primero la Gente (PPG). Ahí FP quedó con ocho representantes en el Senado.
Por otro lado, el senador Iván Silva, quien era miembro del PRM, pasó al PRD). Fue a principios de julio de este año.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.