Todos los días se publican en los medios de comunicación del país hechos que revelan hasta donde está corrompida la sociedad dominicana, pero muy escasamente se aborda este problema a partir del sistema de justicia.

Cabe la expresión de que el sistema de justicia está peligrosamente corrompida, cuya descomposición se expresa con la emisión de sentencias que violentan las normas jurídicas y suplantan el espíritu del legislador.

Este es un problema que generalmente ni los funcionarios competentes ni los abogados lo abordan con la seriedad requerida, sobre todo porque el que tiene la responsabilidad de fiscalizar no lo hace porque cae en la rutina y los profesionales del derecho inexplicablemente les tienen miedo a los jueces por la retaliación  que puede venir después, pero también por la ignorancia que los afecta.

Pero la verdad debe ser dicha, la justicia está literalmente podrida, porque no sólo se trata de un problema de ignorancia y negligencia, sino también de complicidad, como parece que ocurre con el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.

Sin embargo, nadie se crea ilusiones de que problema como éste vaya a constituir el inicio de un profundo nivel de fiscalización de los jueces que tienen la responsabilidad de impartir justicia, aunque su caso no deja de ser un punto de referencia y de arranque para que las cosas sean distintas.

Es importante que a partir de este caso los jueces pasen a estar bajo el escrutinio del ámbito competente del Estado dominicano, pero también de los medios de comunicación y de toda la sociedad dominicana.

El país necesita que todo juez que esté bajo sospecha de traficar con su delicada función sea sometido a las sanciones que establece el sistema y de ese modo evitar que sucumba totalmente el estado de derecho y la democracia.

El mecanismo de control y de investigación de los jueces no es tan complejo, ya que sólo basta con revisar las sentencias emitidas, pero para detectar cuándo un juez violenta la norma y segundo investigar cuál es la razón de su conducta.

Ese mecanismo, que muy bien puede ser a través de una comisión especializada creada para esos fines por la Inspectoría del Consejo del Poder Judicial, podría sanear este importante instrumento de aplicación de la ley.

Sólo falta la voluntad política de comenzar desde ya un proceso de saneamiento de toda la judicatura nacional y que al mismo tiempo este mecanismo sea extendida a la labor que desarrollan los miembros del Ministerio Público, los cuales andan igual o peor que los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia del país.