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Volumen de expediente de Operación Falcón alcanza las 40 mil páginas.
La denominada Operación Falcón que involucra a legisladores y por lo menos a un funcionario del Gobierno tiene un expediente que llega a unas 40 mil páginas, según se dijo en la audiencia para imponer medidas de coerción a los imputados.
Son más de 40,000 páginas, expuso la procuradora adjunta, Yeni Berenice, directora de Persecución de la Procuraduría, en sus alegatos para oponerse al pedido de los abogados defensores de qué no habían sido debidamente notificados de las pruebas, debido a que lo que se les entregó fue un dispositivo electrónico y no impresas. La defensa alegó que, dado el principio de gratuidad de la justicia, no podían pagar el costo de la impresión.
La audiencia fue a puertas cerradas, pero las quejas iniciales de los abogados por el poco espacio y lo apretujados que estaban en la sala del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, obligaron a recesar a pocos minutos de su retrasado inicio. Fijado para las 10 de la mañana, el juicio empezó más de media hora después, por retraso de algunas de las partes, coincidiendo para la hora con la llegada a ese palacio de justicia Heidy Musa, que se presentó a la fiscalía para declarar respecto al caso, luego de allanamientos en la vivienda de sus familiares la noche anterior.
Durante el receso, enel tribunal colocaron unequipo de sonido que, en ocasiones, permitía que se escucharan algunas intervenciones de las partes.
A través de las ventanas, custodiados por los agentes penitenciarios (VTP), llegó la voz de la procuradora Reynoso, mientras le explicaba a la jueza Iris Borges, que pretender que se imprima a cada imputado todo el expediente, violaba el principio de razonabilidad.
En ello coincidió también la magistrada Borges mientras les explicaba a las partes que, si bien acogía cómo bueno y válido el recurso presentado por parte de los abogados, debía rechazarlo en el fondo.
No obstante, el tribunal estaba dispuesto, dijo, para que aquellos que así lo quisieran, fueran asistidos para la impresión del documento.
Luego de eso, la jueza procedió a aplazar la audiencia y fijar el lunes 20 de septiembre como fecha de continuación, mientras la batería de periodistas, aglomerados, ponían a prueba su capacidad de escucha desde el pasillo.
El aplazamiento, sin embargo, lo decidió para que una de las imputadas en el caso, que cambió de abogado, luego que el pasado domingo se intentó conocer la medida, pues tengan tiempo de preparar sus presupuestos de defensa.
Procesados
En la audiencia se le conocerá medidas a María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
También, contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.