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Volumen de expediente de Operación Falcón alcanza las 40 mil páginas.
La denominada Operación Falcón que involucra a legisladores y por lo menos a un funcionario del Gobierno tiene un expediente que llega a unas 40 mil páginas, según se dijo en la audiencia para imponer medidas de coerción a los imputados.
Son más de 40,000 páginas, expuso la procuradora adjunta, Yeni Berenice, directora de Persecución de la Procuraduría, en sus alegatos para oponerse al pedido de los abogados defensores de qué no habían sido debidamente notificados de las pruebas, debido a que lo que se les entregó fue un dispositivo electrónico y no impresas. La defensa alegó que, dado el principio de gratuidad de la justicia, no podían pagar el costo de la impresión.
La audiencia fue a puertas cerradas, pero las quejas iniciales de los abogados por el poco espacio y lo apretujados que estaban en la sala del Segundo Tribunal Colegiado de Santiago, obligaron a recesar a pocos minutos de su retrasado inicio. Fijado para las 10 de la mañana, el juicio empezó más de media hora después, por retraso de algunas de las partes, coincidiendo para la hora con la llegada a ese palacio de justicia Heidy Musa, que se presentó a la fiscalía para declarar respecto al caso, luego de allanamientos en la vivienda de sus familiares la noche anterior.
Durante el receso, enel tribunal colocaron unequipo de sonido que, en ocasiones, permitía que se escucharan algunas intervenciones de las partes.
A través de las ventanas, custodiados por los agentes penitenciarios (VTP), llegó la voz de la procuradora Reynoso, mientras le explicaba a la jueza Iris Borges, que pretender que se imprima a cada imputado todo el expediente, violaba el principio de razonabilidad.
En ello coincidió también la magistrada Borges mientras les explicaba a las partes que, si bien acogía cómo bueno y válido el recurso presentado por parte de los abogados, debía rechazarlo en el fondo.
No obstante, el tribunal estaba dispuesto, dijo, para que aquellos que así lo quisieran, fueran asistidos para la impresión del documento.
Luego de eso, la jueza procedió a aplazar la audiencia y fijar el lunes 20 de septiembre como fecha de continuación, mientras la batería de periodistas, aglomerados, ponían a prueba su capacidad de escucha desde el pasillo.
El aplazamiento, sin embargo, lo decidió para que una de las imputadas en el caso, que cambió de abogado, luego que el pasado domingo se intentó conocer la medida, pues tengan tiempo de preparar sus presupuestos de defensa.
Procesados
En la audiencia se le conocerá medidas a María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.
También, contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.