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47,83% nuevos infectados de VIH en República Dominicana es haitiano
EFE
Santo Domingo.- El 47,83 % de los nuevos infectados de VIH en la República Dominicana es inmigrante haitiano, afirmó hoy el director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero.
Los homosexuales y las personas trans representan el 29,94 % de los nuevos casos, mientras que las trabajadoras sexuales son el 10,69 %, según el funcionario, que citó datos del ‘Informe de estimaciones y proyecciones de prevalencia de VIH y carga de enfermedad 2016’, de la Dirección General de Control de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (Digecitss).
Terrero, quien no precisó el número total de infectados, dijo que hay una relación directa entre el VIH y la situación de vulnerabilidad social de algunos grupos y poblaciones.
“Esos datos reflejan una profunda desigualdad en las políticas públicas y plantean cada día grandes retos al país, de cara al logro de las metas previstas en la lucha contra la epidemia”, señaló.
La epidemia del VIH, apuntó, “lo que ha hecho es mostrar a la sociedad dominicana donde están alojadas sus peores miserias”, dijo. Terrero afirmó que la meta del país para 2030 es erradicar la enfermedad, por lo que ha adoptado las metas 90-90-90 que impulsa Onusida para reducir el avance de la enfermedad.
Esto implica que el 90 % de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico, que el 90 % de las personas diagnosticadas reciban tratamiento antirretrovírico continuado y que el 90 % de las personas tratadas alcancen la supresión vírica.
Para lograrla, señaló, es necesario fortalecer y ampliar los programas de prevención con énfasis en las poblaciones clave, especialmente los homosexuales, personas trans, trabajadoras sexuales, migrantes y poblaciones de los bateyes (poblaciones de trabajadores agrícolas dedicados al corte de caña de azúcar).
Según datos oficiales, en la República Dominicana hay unas 69.000 personas que viven con el virus.
En el comunicado, el director de Conavihsida resaltó la necesidad de enfrentar la discriminación que afecta a las personas con VIH.
En ese sentido, citó la “Investigación diagnóstica de la situación de estigma y discriminación”, realizada recientemente en 15 hospitales del país y que reveló que el 56 % del personal prefiere no tocar a los pacientes con el virus.
“Que un médico actúe de esa manera y se convierta en parte del problema, en vez de la solución, nos está indicando que estamos ante la necesidad de producir cambios inaplazables en los parámetros de atención en salud””, indicó.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.