En su primera reacción sobre este caso, Mejía (2000-2004) acusó a la Procuraduría General de la República de manejar el proceso de forma «errática, manipuladora e inconsistentemente».

«Ese manejo inadecuado se expresa en una manipulación e invención de pruebas con un fin político», dijo Mejía en un comunicado publicado en la red social Twitter.

Ante esta situación, demandó de las autoridades conducir este proceso «con estricto apego a lo que establecen las leyes», y reclamó el respeto «plenamente» de los derechos de los detenidos, y del debido proceso.

El exmandatario dominicano pidió que el proceso sea conducido con «transparencia, sin someter a condena previa a los acusados».

«Solo cuando se demuestre culpabilidad deberá aplicarse el régimen de consecuencias previsto en nuestras leyes. Que no se utilice la justicia como un mecanismo de retaliación política», subrayó.

Mejía pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), una organización que surgió en 2014 tras la última crisis interna del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el que el expresidente dirigió el país entre 2000 y 2004.

El procurador dominicano, Jean Alain Rodríguez, anunció hace una semana la imputación de catorce personas en el país por, presuntamente, haber recibido sobornos de Odebrecht.

De los 14 implicados, diez están detenidos, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del PRM y expresidente del Senado, Andrés Bautista; y el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó el dinero de Odebrecht.

Dos senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un diputado del PRM también están imputados, pero no han sido detenidos a la espera de que sus respectivas Cámaras decidan sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria.

Al grupo, que ha negado, por separado, vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El procurador dominicano solicitó 18 meses de prisión preventiva para los detenidos, petición que conocerá mañana el juez Francisco Ortega Polanco, designado para conocer el caso de la constructora, que ejecutó 17 obras en el país durante 13 años.

Ortega retomará la audiencia tras aplazarla el pasado 31 de mayo a pedido de la defensa de varios de los imputados que solicitaron que el Ministerio Público les entregue las pruebas que dice tener contra sus defendidos.

Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.

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