Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

El informe «Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe» destaca además, tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias.

«La fotografía de la región no es positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel», resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %).

Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %), Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la «experiencia personal» de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe así.

De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.

No obstante, mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras, Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus representantes lo están haciendo bien.

El presidente de TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén «siendo defraudados» por «sus gobiernos, su clase política y los líderes del sector privado».

«El caso Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables», argumentó.

Los hospitales públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).

Por instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son percibidos como «todos o casi todos corruptos» por el 47 % de los encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %), jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y líderes religiosos (25 %).

Destaca también que en Venezuela el 73 % de los encuestados considera que la policía es sumamente corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el 56 % de los encuestados que acudieron a la justicia manifestaron que habían pagado un soborno.

Salas destaca que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.

TI considera que la «medida más importante» contra la pequeña corrupción es dar una información «completa sobre derechos y costos de los trámites», explica Salas.

Es clave además mejorar la «protección al denunciante», un ámbito en el que «en América Latina estamos en pañales»: «Está hasta mal visto denunciar. Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias generan miedo».