Denuncias. El candidato derrotado a la gobernación del estado Miranda, el opositor Carlos Ocariz, al centro, habla ayer durante una conferencia de prensa.

La tensión generada tras las elecciones de gobernadores del domingo en Venezuela podría agravar la crisis política y económica en el país sudamericano y clausurar toda posibilidad de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza denunció en su cuenta de Twitter que capitales europeos están promoviendo un plan «alevoso» y «desesperado» para atacar la democracia del país suramericano. Arreaza dijo recientemente que recibió informaciones de que la Unión Europea analiza sanciones contra Venezuela.

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció hacia el final de la jornada que el partido oficialista ganó 17 de las 23 gobernaciones disputadas, la oposición advirtió el lunes que no reconocería los resultados. Según el órgano electoral los opositores sólo triunfaron en cinco estados, pero sondeos independientes preveían que obtendrían mayoría en las casillas.

La alianza opositora declaró que se cometieron numerosas irregularidades antes y durante la elección y aseguró que no reconocerán los resultados sino hasta que se realice una auditoría independiente e internacionalmente verificada.

«El régimen asumió el camino del fraude», dijo Ángel Oropeza, miembro de la Alianza encargado de leer la declaración.

Oropeza destacó que más de un millón de venezolanos tuvieron dificultades para votar debido a problemas como demoras en la apertura en los centros de votación y la presencia de máquinas dañadas.

Agregó que al menos 90.000 votos que deberían ser para la oposición terminaron siendo nulos porque la autoridad electoral no aceptó la sustitución de candidatos que habían renunciado tras una primaria en septiembre y además se reubicaron de última hora 274 centros electorales donde la oposición había ganado anteriormente.

Los adversarios del gobierno también consideraron que es necesario un nuevo sistema electoral, así como la convocatoria urgente de «elecciones libres y transparentes»

Aún está pendiente el resultado de la gubernatura del estado sureño de Bolívar, donde el lunes la oposición realizó una manifestación a los alrededores del CNE para exigir los resultados finales. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas y balas de goma por la Guardia Nacional.

Horas antes en declaraciones a la emisora Unión Radio, Liliana Hernández, coordinadora electoral de la coalición, manifestó que los opositores «fuimos a un proceso donde se violó la constitución y los derechos políticos de los ciudadanos».

Hernández también señaló que el CNE, controlado por el oficialismo, incurrió en irregularidades, por ejemplo, no permitir la inscripción de casi dos millones de jóvenes votantes.

El excandidato opositor de la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, denunció también que los cierres arbitrarios de mesas y la reubicación de éstas, la oposición enfrentó una «masificación del voto múltiple». Sin embargo, no mostró pruebas.

Las autoridades electorales han desestimado las críticas y aseguraron que actuaban apegadas a las leyes. Sin embargo, ante los cuestionamientos, el presidente Nicolás Maduro ordenó una revisión del 100% de los votos y dijo que pediría a la Asamblea Constituyente, dominada por oficialistas, que audite todo el proceso.

El vicepresidente del partido de gobierno y constituyente Diosdado Cabello dijo que el oficialismo no tiene nada que temerle a la auditoria del proceso, y acusó a la oposición de actuar con «arrogancia» al no reconocer los resultados.

La Constituyente espera juramentar el martes a los nuevos gobernadores, anunció la presidenta del cuerpo, Delcy Rodríguez.

Los resultados de los comicios regionales generaron sorpresas entre analistas debido a que las principales encuestas locales daban como favorito a la oposición, sobre todo por el descontento que hay contra Maduro, cuya popularidad ronda un 20%, y en medio de una galopante inflación de tres dígitos, la severa escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.

Entre los venezolanos los resultados electorales generaron posiciones encontradas. Algunas personas como José Torres, un mensajero de 58 años, consideró el proceso como «legítimo». Para Ángel Díaz, un estudiante de derecho, de 23 años, la votación fue un «total descaro» porque «nadie se cree, ni ellos mismo, que sacaron los votos que ellos dice con la situación tan crítica que hay en el país».

El presidente de la encuestadora local Datanálisis, Luis Vicente León, consideró que los cuestionamientos que fueron producto de estos comicios alejan la posibilidad de la salida negociada que impulsa la comunidad internacional desde hace varios meses tras las protestas antigubernamentales que ocurrieron entre abril y julio y dejaron al menos 120 fallecidos.

En contraste, dijo a The Associated Press, la situación abre el camino a una «ruptura automática a cualquiera posibilidad de negociación a futuro» y fortalece a los grupos más radicales que son partidarios de «soluciones extraelectorales».

Sin embargo, el analista ve difícil que la oposición pueda retomar las protestas callejeras para ejercer nuevas presiones contra el gobierno debido a la frustración que hay entre los venezolanos luego del fracaso de las manifestaciones pasadas.

El panorama, según León, podría provocar que el gobierno venezolano reciba nuevas sanciones económicas similares a las que aprobó en agosto Estados Unidos.

Tras condenar «la falta de elecciones libres y justas» en Venezuela», el Departamento de Estado estadounidense manifestó en un comunicado que «mientras el régimen de Maduro se conduzca como una dictadura autoritaria» se trabajará con otros miembros de la comunidad internacional para apoyar a los venezolanos y restaurar la democracia.