Latinoamericanas
Asfixiada por la crisis y sanciones de EE.UU., Venezuela busca reestructurar su deuda
AFP
Según consultoras privadas, la deuda externa incluye 45.000 millones de dólares de deuda pública, 45.000 millones en deuda de PDVSA, 23.000 millones de dólares en deuda con China y 8.000 millones con Rusia, entre otras obligaciones.
CARACAS. Venezuela buscará reestructurar su deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares, anunció el jueves el presidente Nicolás Maduro, un proceso que se avizora complejo por la postración de la economía.
“Decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y todos los pagos de Venezuela”, dijo Maduro, al confirmar que este viernes serán desembolsados 1.121 millones de dólares por la liquidación del bono de la petrolera PDVSA 2017.
Maduro recordó que este pago -programado para el jueves- se realizará una semana después de que el gobierno liberara 842 millones de dólares para la cancelación parcial del bono PDVSA 2020.
“No nos van a asfixiar y jamás nos vamos a rendir ante el imperio estadounidense ni ante ningún imperio”, añadió, aludiendo a las sanciones del gobierno de Donald Trump que prohíben negociar nueva deuda venezolana.
El gobernante socialista dijo haber nombrado una comisión, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami, “para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración” de todos los pasivos.
“Nuestra intención es seguir cumpliendo, pero que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela”, subrayó.
El anuncio de Maduro pone fin a una política de pago a toda costa que se mantenía desde el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013).
Solo desde 2014, el país con las mayores reservas petroleras del mundo canceló 71.700 millones de dólares de capital e intereses de deuda, aseguró el mandatario.
Tras la liquidación del bono 2017, Venezuela deberá cancelar en lo que resta del año unos 1.800 millones de dólares de intereses de otros papeles, según la firma Aristimuño Herrera & Asociados.
Aunque están pendientes intereses de otros bonos que debió cancelar en octubre pasado y tienen un período de gracia de 30 días.
Venezuela, con reservas por apenas unos 10.000 millones de dólares, tiene obligaciones para 2018 que ascienden a unos 8.000 millones.
Según consultoras privadas, la deuda externa incluye 45.000 millones de dólares de deuda pública, 45.000 millones en deuda de PDVSA, 23.000 millones de dólares en deuda con China y 8.000 millones con Rusia, entre otras obligaciones.
Sin embargo, una reestructuración se vislumbra difícil, según expertos consultados por AFP.
Orlando Ochoa, doctor en economía de la universidad de Oxford, explicó que el gobierno requiere el acuerdo de los tenedores para ir a una refinanciación.
Un escenario incierto, pues estos exigirán un plan de recuperación en un país cuya economía se contrajo 36% en los últimos cuatro años, al borde de la hiperinflación (proyectada por el FMI en 2.349,3% para 2018) y con su producción petrolera en caída.
A ello se suman las sanciones de Washington, que cierra el acceso a los mercados internacionales.
“Lo que necesita ahora el gobierno es que acepten, pero para eso tiene que mostrar un plan de recuperación”, apuntó Ochoa, quien ve poco probable un cambio en el modelo centralista.
Este experto cree que el anuncio de Maduro puede ser interpretado por los mercados como una “incapacidad de pago y generará nerviosismo”.
“Dentro de un ambiente de sanciones, las reestructuraciones no son posibles, puesto que ni PDVSA ni la República pueden emitir nuevos bonos”, comentó el director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti.
Maduro exhibió como garantía que Venezuela tiene las mayores reservas de crudo. Sin embargo, la producción de PDVSA cayó 22,9% desde 2008 hasta los actuales 1,9 millones de barriles diarios, según la OPEP.
“Una de las cosas que preguntarán los tenedores es ‘cómo me vas a pagar, cuando tu producción está cayendo con hiperinflación’”, observó Ochoa.
Con cada liquidación, el gobierno reivindica su “solvencia”, aunque la fórmula de pago ha implicado un “enorme sacrificio” para los venezolanos al basarse en una agresiva reducción de importaciones, según Ochoa.
En un país dependiente de lo importado y donde el gobierno monopoliza las divisas y fija muchos precios, esto ha generado una aguda escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos.
Las importaciones cerrarán este año en 12.500 millones de dólares, frente a unos 70.000 millones de 2012.
Y con prácticamente todos los índices en rojo, el panorama es sombrío. Además, una reestructuración o un default no significa que con la plata que se deje de pagar se llenarán los anaqueles de la noche a la mañana.
“No funciona así”, dijo recientemente Asdrúbal Oliveros, de Ecoanalítica.
por Alexander MARTINEZ
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.