Latinoamericanas
En medio de protestas, juez de Panamá valida acuerdo con Odebrecht
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
Panamá, Panamá (EFE).- Un tribunal panameño validó este jueves el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa millonaria, contempla el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y, según la fiscalía, allana el camino para sentar en el banquillo a los panameños que recibieron sobornos.
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
El magistrado Carrasquilla indicó que Odebrecht ya había depositado 10 millones de dólares, que se descontarán del monto total; que tiene que pagar la multa en 12 años, tal y como se acordó con la fiscalía, y abonar anualmente “una suma adicional del 5 % del saldo pendiente en concepto de mora”.
El llamado “acuerdo de colaboración eficaz” suscrito por las partes el pasado julio y leído este jueves en una audiencia pública por la fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, decreta también el archivo de la causa en Panamá contra Odebrecht y varios de sus antiguos directivos y trabajadores, a cambio de la información sobre la trama de sobornos que estos suministraron a la Fiscalía.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Entre estos exdirectivos se encuentra Andre Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá y compareció este jueves en una videoconferencia desde el consulado panameño en Sao Paulo, Brasil, para ratificar los datos ofrecidos por la Fiscalía panameña.
Moore aseguró que las confesiones de Rabello son “imprescindibles” para entender la trama de corrupción de la constructora y sentar en el banquillo a los panameños que malversaron dinero público y recibieron sobornos.
El exdirectivo declaró que la compañía pagó durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) un total de 55,8 millones de dólares a dos de sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de detención internacional.
En sus declaraciones, Rabello acusó también a los exministros de Martintelli Frank de Lima, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias (excandidato presidencial) y Jaime Ford de haber cobrado 7, 4, 10 y 1,8 millones de dólares, respectivamente.
Además, fueron señalados otros funcionarios de la era Martinelli, como el exdirector de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini (1,6 millones de dólares), el excónsul panameño Jaime Lasso (700.000 dólares) y el exdirector del Ministerio de Obras Publicas Carlos Ho (500.000 dólares), así como la firma de abogados Rosas y Rosas (3,4 millones de dólares), propiedad de un diputado oficialista.
Sin embargo, el expresidente panameño, que se encuentra detenido en Estados Unidos por un caso de escuchas ilegales a la espera de que el Departamento de Estado decida su extradición a Panamá, no fue mencionado en las delaciones de Rabello.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Durante la audiencia, que duró más de 12 horas, las autoridades judiciales panameñas validaron también el testimonio de Olivio Rodrigues, un operador financiero que construyó el entramado empresarial que usó Odebrecht para blanquear dinero en Panamá y pagar sobornos.
La fiscal Moore indicó que Rodrigues, a quien también se le archivo la causa, apuntó en sus delaciones que la empresa Constructora Internacional del Sur, de la que fue titular hasta 2014, abrió varias cuentas en bancos panameños a las que transfirió “dineros de procedencia ilícita”, que luego usó para pagar sobornos en Panamá y en otros países de Latinoamérica.
El juez validó también el testimonio del exempleado de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha, a quien también se le archivó la causa y aseguró que la constructora recibió un “trato beneficiario durante la construcción” de la primera línea del metro de la capital panameña, inaugurada en el 2014 y obra de la empresa brasileña y la española FCC. EFE
CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, experimenta una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos en Honduras y San Vicente y las Granadinas, en un contexto en el que persiste la tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe.
En Honduras, los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran que Rixi Moncada, apoyada por la presidenta Xiomara Castro -aliada de Maduro-, cayó al tercer lugar sin posibilidades de revertir la tendencia. El conteo está centrado entre dos candidatos de derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos prometieron romper relaciones con el régimen de Maduro.
CAMBIO DE MANDO EN SAN VICENTE
En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves, reconocido por su respaldo a Venezuela, perdió el poder tras casi un cuarto de siglo. El gobierno del país pasó a manos de Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido logró 14 de los 15 escaños parlamentarios.
Incluso las naciones gobernadas por líderes progresistas o de centroizquierda, como Brasil, Chile, México y Colombia, restringieron su relación con el régimen de Maduro. Y lo hicieron, fundamentalmente, tras los cuestionados comicios de 2024 en los que se proclamó su reelección pese a denuncias de irregularidades.
ARGENTINA
Los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Argentina se cortaron casi por completo con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y quedaron prácticamente sin restablecer tras la llegada al poder del actual presidente, Javier Milei. A esto se suma el distanciamiento de otras naciones de la región que migraron hacia gobiernos de derecha en el último tiempo, entre ellas Ecuador, El Salvador y Bolivia.
BRASIL
En cuanto a Brasil, el lazo bilateral osciló entre etapas de cooperación durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y graves tensiones bajo administraciones de derecha. El regreso de Lula al Palacio del Planalto reabrió el diálogo con Caracas, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía anterior.
CUBA
Si la crisis en el Caribe se profundiza, Venezuela dispone de pocos aliados activos en el continente. El gobierno de Cuba continúa manifestando su respaldo a Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en diálogo con CNN a fines de septiembre que la isla “apoya de forma plena y completa” a Caracas.
Al ser consultado sobre una posible acción militar en apoyo a Venezuela, Rodríguez declaró que “es un escenario hipotético. Cuando me informen que ha ocurrido una intervención militar, le haré saber la respuesta”.
El régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, lo que limita su capacidad de asistencia efectiva.
NICARAGUA
El otro socio relevante que le queda a Venezuela es Nicaragua, encabezada por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios, que cargan con denuncias de atropellos a los derechos humanos, adoptaron una postura reservada y brindaron escaso soporte a Caracas. No obstante, en septiembre, Ortega denunció el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y acusó a Washington de buscar “apoderarse del petróleo venezolano, fingiendo que la droga proviene de ese país”.
La posición de Estados Unidos ha determinado el marco actual. El Pentágono desplegó más de una docena de barcos de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en la región bajo la operación conocida como “Lanza del Sur”.
jt-am
La Habana (EFE).- Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba dejó este miércoles a unos 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, incluida La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El fallo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5.00 de la mañana hora local (9.00 GMT) por motivos que por el momento no se han divulgado, después de días con tasas récord de déficit de generación que ya estaban provocando prolongados apagones diarios. De acuerdo con las autoridades, el corte masivo afecta a cuatro provincias: Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El lunes, el 59 % del país sufrió apagones de forma simultánea por el déficit en la generación. Se trató de la mayor tasa desde que se cuenta con registros diarios.
Profunda crisis energética
Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.
En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento tardó días en lograrse- y varios parciales, el último en octubre.
La delicada situación energética de la isla está provocando que los cortes diarios, un problema de años, se extiendan hasta más de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.
Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.
an/am
Latinoamericanas
México reporta 23 defunciones y 5.231 casos asociadas al brote de sarampión desde febrero
Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (SSa) de México reportó que hasta la fecha se registran 23 defunciones y 5.231 casos de sarampión en el país asociadas al primer brote que ocurrió en febrero.
En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos «sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca».
Además, dijo que es importante señalar que «la curva de contagios ha mostrado descenso importante», resultado de las acciones intensivas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencional de casos, el seguimiento de contactos y la aplicación de cercos vacunales en las zonas afectadas.
«Hasta la fecha, se han aplicado 9,76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote», apuntó la SSa.
Además, dijo que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.
El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un “riesgo muy grande” de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión, un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.
En entrevista con EFE, el experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, que acumula más de 5.000 casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.
El especialista atribuyó la crisis a una “tormenta perfecta” provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.