Latinoamericanas
En medio de protestas, juez de Panamá valida acuerdo con Odebrecht
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
Panamá, Panamá (EFE).- Un tribunal panameño validó este jueves el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa millonaria, contempla el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y, según la fiscalía, allana el camino para sentar en el banquillo a los panameños que recibieron sobornos.
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
El magistrado Carrasquilla indicó que Odebrecht ya había depositado 10 millones de dólares, que se descontarán del monto total; que tiene que pagar la multa en 12 años, tal y como se acordó con la fiscalía, y abonar anualmente “una suma adicional del 5 % del saldo pendiente en concepto de mora”.
El llamado “acuerdo de colaboración eficaz” suscrito por las partes el pasado julio y leído este jueves en una audiencia pública por la fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, decreta también el archivo de la causa en Panamá contra Odebrecht y varios de sus antiguos directivos y trabajadores, a cambio de la información sobre la trama de sobornos que estos suministraron a la Fiscalía.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Entre estos exdirectivos se encuentra Andre Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá y compareció este jueves en una videoconferencia desde el consulado panameño en Sao Paulo, Brasil, para ratificar los datos ofrecidos por la Fiscalía panameña.
Moore aseguró que las confesiones de Rabello son “imprescindibles” para entender la trama de corrupción de la constructora y sentar en el banquillo a los panameños que malversaron dinero público y recibieron sobornos.
El exdirectivo declaró que la compañía pagó durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) un total de 55,8 millones de dólares a dos de sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de detención internacional.
En sus declaraciones, Rabello acusó también a los exministros de Martintelli Frank de Lima, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias (excandidato presidencial) y Jaime Ford de haber cobrado 7, 4, 10 y 1,8 millones de dólares, respectivamente.
Además, fueron señalados otros funcionarios de la era Martinelli, como el exdirector de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini (1,6 millones de dólares), el excónsul panameño Jaime Lasso (700.000 dólares) y el exdirector del Ministerio de Obras Publicas Carlos Ho (500.000 dólares), así como la firma de abogados Rosas y Rosas (3,4 millones de dólares), propiedad de un diputado oficialista.
Sin embargo, el expresidente panameño, que se encuentra detenido en Estados Unidos por un caso de escuchas ilegales a la espera de que el Departamento de Estado decida su extradición a Panamá, no fue mencionado en las delaciones de Rabello.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Durante la audiencia, que duró más de 12 horas, las autoridades judiciales panameñas validaron también el testimonio de Olivio Rodrigues, un operador financiero que construyó el entramado empresarial que usó Odebrecht para blanquear dinero en Panamá y pagar sobornos.
La fiscal Moore indicó que Rodrigues, a quien también se le archivo la causa, apuntó en sus delaciones que la empresa Constructora Internacional del Sur, de la que fue titular hasta 2014, abrió varias cuentas en bancos panameños a las que transfirió “dineros de procedencia ilícita”, que luego usó para pagar sobornos en Panamá y en otros países de Latinoamérica.
El juez validó también el testimonio del exempleado de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha, a quien también se le archivó la causa y aseguró que la constructora recibió un “trato beneficiario durante la construcción” de la primera línea del metro de la capital panameña, inaugurada en el 2014 y obra de la empresa brasileña y la española FCC. EFE
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.