Latinoamericanas
México rechazó pacto de impunidad con Odebrecht
Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico
Cortesía de El Financiero
CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, aclaró el porqué en México no hay ningún sentenciado por el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción en el ámbito continental, como en Brasil o Perú. Afirmó que esto se debe a que el gobierno peñista no quiso negociar la impunidad que pedían los directivos de empresa brasileña.
Una publicación del periódico El Financiero, de México, reseña que un portavoz participó en una mesa de debate en el noticiero de Carlos Loret, en Televisa, en el que además estuvieron María Scherer y el politólogo Leo Zuckermann.
Refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
“A cambio de eso nada más te pido dos cosas: la primera, impunidad para mi gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les persiga en tu país; y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México (…) desde luego que eso fue rechazado por México, no es transitable un acuerdo de impunidad”.
Eduardo Sánchez indicó que es “absolutamente falso” que el dinero de Odebrecht haya llegado a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, esa “acusación es infame”, aclaró.
Refirió que el responsable del despacho en la PGR, Alberto Elías, tiene la responsabilidad en sus manos, ya que está revisando los avances en la investigación alcanzados por el exprocurador Raúl Cervantes.
“Toca a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación. De manera que vamos a esperar a que quien va ser el responsable de ese asunto tenga los elementos para presentar la acusación”, subrayó.
“CULPAR AL GOBIERNO”
El funcionario fue cuestionado sobre si la filtración de información a los medios, no sólo de información patrimonial, sino de expedientes abiertos contra Ricardo Anaya, dirigente del PAN; y Alberto Anaya, dirigente del PT, puede considerarse como una “persecución política”.
“Está de moda echarle la culpa al gobierno de todo lo que ocurre”, esgrimió y reviró: “Que no se le eche la culpa al gobierno. El gobierno no compró inmuebles, el gobierno no se los puso a nombre de su familia, de manera que el señor (Ricardo Anaya) tendría que explicar de dónde salió su buena fortuna y no echarle la culpa de su mala fortuna al gobierno”.
Dijo que ante el alza en el número de homicidios dolosos y la ola de violencia que se vive en el país, es necesario hacer un ejercicio autocrítico, el cual debe reconocer cuáles son las asignaturas pendientes y cuáles son los avances.
En primer término, admitió que pese a que ha habido un esfuerzo serio de coordinación entre el gobierno federal y las entidades, y pese a la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el país sigue teniendo un problema significativo en lo que respecta a las fortalezas de las policías locales.
“Tenemos 2 mil 440 municipios en el país, de los cuales 600 no tienen un solo policía. Mil 800 de esas corporaciones policíacas, el 80 por ciento, no llegan a 100 policías su corporación; y de ellos, el 40 por ciento no cobra más de 5 mil pesos por policía”.
–O sea, ¿el problema son las policías? –inquirió Loret de Mola.
–Con policías mal equipadas, con policías mal reclutados, sin los incentivos para hacer una carrera policiaca, etcétera, pues esa es la circunstancia –atajó.
Sánchez refirió que el Presidente envió hace casi tres años una iniciativa al Congreso para que se discutiera el mando único, la cual plantea pasar de tener mil 800 policías a sólo tener 32 perfectamente bien equipadas que le hagan frente a la violencia.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.