Latinoamericanas
México rechazó pacto de impunidad con Odebrecht
Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico
Cortesía de El Financiero
CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, aclaró el porqué en México no hay ningún sentenciado por el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción en el ámbito continental, como en Brasil o Perú. Afirmó que esto se debe a que el gobierno peñista no quiso negociar la impunidad que pedían los directivos de empresa brasileña.
Una publicación del periódico El Financiero, de México, reseña que un portavoz participó en una mesa de debate en el noticiero de Carlos Loret, en Televisa, en el que además estuvieron María Scherer y el politólogo Leo Zuckermann.
Refirió que Odebrecht se acercó al gobierno mexicano y propuso dos cosas: un expediente con información que podría ayudar a esclarecer el caso de corrupción y el pago de un resarcimiento económico.
“A cambio de eso nada más te pido dos cosas: la primera, impunidad para mi gente; es decir, que no se les meta a la cárcel, que no se les persiga en tu país; y dos, que yo siga teniendo mis contratos en México (…) desde luego que eso fue rechazado por México, no es transitable un acuerdo de impunidad”.
Eduardo Sánchez indicó que es “absolutamente falso” que el dinero de Odebrecht haya llegado a la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, esa “acusación es infame”, aclaró.
Refirió que el responsable del despacho en la PGR, Alberto Elías, tiene la responsabilidad en sus manos, ya que está revisando los avances en la investigación alcanzados por el exprocurador Raúl Cervantes.
“Toca a él la responsabilidad de presentar la acusación, pues él está haciendo una revisión de precisamente lo que Raúl Cervantes dice que dejó terminado y que está prácticamente muy avanzado para presentar esa acusación. De manera que vamos a esperar a que quien va ser el responsable de ese asunto tenga los elementos para presentar la acusación”, subrayó.
“CULPAR AL GOBIERNO”
El funcionario fue cuestionado sobre si la filtración de información a los medios, no sólo de información patrimonial, sino de expedientes abiertos contra Ricardo Anaya, dirigente del PAN; y Alberto Anaya, dirigente del PT, puede considerarse como una “persecución política”.
“Está de moda echarle la culpa al gobierno de todo lo que ocurre”, esgrimió y reviró: “Que no se le eche la culpa al gobierno. El gobierno no compró inmuebles, el gobierno no se los puso a nombre de su familia, de manera que el señor (Ricardo Anaya) tendría que explicar de dónde salió su buena fortuna y no echarle la culpa de su mala fortuna al gobierno”.
Dijo que ante el alza en el número de homicidios dolosos y la ola de violencia que se vive en el país, es necesario hacer un ejercicio autocrítico, el cual debe reconocer cuáles son las asignaturas pendientes y cuáles son los avances.
En primer término, admitió que pese a que ha habido un esfuerzo serio de coordinación entre el gobierno federal y las entidades, y pese a la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, el país sigue teniendo un problema significativo en lo que respecta a las fortalezas de las policías locales.
“Tenemos 2 mil 440 municipios en el país, de los cuales 600 no tienen un solo policía. Mil 800 de esas corporaciones policíacas, el 80 por ciento, no llegan a 100 policías su corporación; y de ellos, el 40 por ciento no cobra más de 5 mil pesos por policía”.
–O sea, ¿el problema son las policías? –inquirió Loret de Mola.
–Con policías mal equipadas, con policías mal reclutados, sin los incentivos para hacer una carrera policiaca, etcétera, pues esa es la circunstancia –atajó.
Sánchez refirió que el Presidente envió hace casi tres años una iniciativa al Congreso para que se discutiera el mando único, la cual plantea pasar de tener mil 800 policías a sólo tener 32 perfectamente bien equipadas que le hagan frente a la violencia.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.