CARACAS.- La Asamblea Nacional de Venezuela -de mayoría opositora- declaró ayer la ilegalidad de la criptomoneda que lanzó el gobierno y alegó que vulnera la Constitución. La decisión desata una nueva confrontación entre los poderes en medio de la profundización de la crisis económica.

El Congreso aprobó sin la presencia de diputados oficialistas un acuerdo en el que se declaró “nulo” el decreto con el que el presidente Nicolás Maduro creó la criptomoneda “petro” argumentando que es “violatorio de la constitución y las leyes”.

Por su parte, el diputado opositor Williams Dávila rechazó la emisión del petro alegando que podría representar la “legitimación de operaciones ilícitas” por parte de las autoridades. El gobierno creó el mes pasado la Superintendencia de Criptomonedas para regular todas las actividades relacionadas con las monedas virtuales.

Asimismo, los diputados objetaron que el gobierno diera como respaldo del “petro” las reservas petroleras de un campo de la faja petrolífera del Orinoco e indicaron que esa decisión viola un artículo de la constitución que declara “inalienables e imprescriptibles” los yacimientos mineros y de hidrocarburos de Venezuela.

“La criptomoneda es ilegal y quien invierta allí no tiene garantías legales”, dijo en un discurso durante la sesión el diputado opositor Jorge Millán al alertar a los inversionistas locales y extranjeros sobre los riesgos de invertir en el petro.
Aunque es muy probable que el gobierno logre frenar la medida del Congreso con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Constituyente -que controla el oficialismo-, la decisión de los legisladores podría generar ruido en los mercados internacionales, donde las autoridades tienen previsto colocar el petro.

Jean Paul Leidenz, economista senior de la firma local Ecoanalítica, dijo a The Associated Press que la decisión de la Asamblea Nacional puede “reducir un poco más la confianza” de los potenciales inversionistas del petro, pero sostuvo que la emisión del gobierno pareciera estar orientada a los inversionistas rusos o chinos que no se han visto afectados por las sanciones que acordó en agosto pasado la administración de Donald Trump, que prohibió a los estadounidenses extender créditos al país sudamericano o canjear bonos con el Estado venezolano y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

Maduro anunció el mes pasado que crearía el petro para enfrentar lo que describió como un “bloqueo” financiero que mantiene el gobierno de Trump. El mandatario dijo que el petro estaría respaldado en el campo número 1 del Bloque Ayacucho de la Faja del Orinoco, que aseguró tiene reservas probadas de más 5.000 millones de barriles de petróleo.

El gobierno anunció la semana pasada que realizará una emisión de 100 millones de petros que tendrán un “valor igual al precio del barril petrolero de la cesta venezolana”.

El lanzamiento de la criptomoneda se da en un contexto de una profunda crisis que enfrenta Venezuela con una galopante inflación que cerró el año pasado en 2.616% según estimaron legisladores opositores, una severa escasez de alimentos y medicinas, y una recesión económica.

Ante la fuerte depreciación que ha sufrido la moneda venezolana y las limitaciones que enfrenta la población para conseguir divisas debido al control de cambio, el anuncio del petro ha generado expectativa entre los venezolanos.

El superintendente Nacional de Criptomonedas, Carlos Valero, afirmó que la minería digital produce en Venezuela entre “80 y 100 millones de dólares mensuales”, y dijo en una entrevista en la televisora estatal que el gobierno espera legalizar próximamente esa actividad en la que aseguró que operan varias miles de personas. El gobierno abrió un registro de mineros en el que hasta la fecha se han inscrito más de 50.000 personas, precisó Valero.

Desde que instaló en 2016, la actual Asamblea Nacional ha mantenido un abierto enfrentamiento con el gobierno y el resto de los poderes públicos. La pugna se intensificó en agosto pasado con la instalación de la oficialista Asamblea Constituyente, que aprobó un decreto en el que asumió las competencias legislativas del Congreso.