Análisis Noticiosos
El PLD seguiría evadiendo las reformas políticas básicas
Por Juan Bolívar Díaz
República Dominicana.-El fracaso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en lograr consenso sobre el proyecto de Ley de Partidos, refleja la fuerte división que lo sacude, con un revés para el grupo dominante del presidente Danilo Medina que, aún teniendo mayoría absoluta en ese organismo, no pudo imponer el padrón electoral abierto que ha pretendido.
Pero al mismo tiempo, luce casi imposible que las reformas políticas en discusión hace dos décadas vayan a ser aprobadas por los peledeístas sin la voluntad expresa del presidente Danilo Medina, a no ser que éste reconozca las dificultades de su continuidad en el poder más allá del 2020 y se proponga legar al país el constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”.
Fracasa el Comité Político
Si algo deja claro la decisión del Comité Político (CP) del PLD del lunes 5 de febrero, es que el máximo y poderoso organismo no ha podido superar el profundo antagonismo que sacude al partido gobernante y evadió el bulto transfiriendo a sus legisladores el empeño del grupo gobernante de imponer el padrón electoral universal en la elección de los candidatos de todos los partidos, que conlleva la búsqueda de mayores posibilidades de continuidad en el poder.
El CP reconoció el fracaso de su resolución del 2 de octubre de constituir una comisión de juristas para que dijeran si es constitucional impone r a todos los partidos un solo método de elección de sus candidaturas, lo que ya en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional sobre una ley al efecto del 2004. Dejaron pasar 4 meses sin constituir la comisión pero desde que se decidió se veía muy difícil de materializar, por la pugna de poderes entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, por demás presidente del partido y ya lanzado en abierta campaña por la candidatura presidencial del 2020, lo que los danilistas ven con aprehensión y abierto rechazo.
La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político
Que la casi dos tercereas partes del CP alineada con el presidente Medina no haya impuesto su voluntad es, hasta cierto punto, un revés para ellos, indicativo de la profundidad de la lucha por el poder y la conciencia de que podrían poner en juego la unidad del partido en que han basado su dominio político de 18 años, con el interregno 2000-04.
Pero es también un reconocimiento de que divididos ninguno de los dos grupos peledeistas beligerantes tiene posibilidad de reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes orgánicas, como la de partidos y la del régimen electoral, Remitirlo a la decisión de los propios legisladores no cambiará la situación, porque los danilistas tropiezan con la negativa de casi todos los legisladores de oposición , y los leonelistas no se atreverán a concertar con los opositores a espaldas del primer mandatario, lo que mantendrá las reformas en un limbo.
Es que el poder no se cede
No debería sorprender que la propuesta de dejar el tema de la elección primaria a los legisladores proviniera de José Ramón Fadul, una de las cabezas del llamado “Grupo Otán” integrado por prominentes dirigentes de la vieja guardia peledeísta, que hace años hacen profesión casi religiosa del fundamentalismo político de que “el poder no se cede”, Ese grupo no sólo se opone y alienta toda resistencia a la ley de partidos, sino también a la reforma del Régimen Electoral, imperante desde que ellos mismos aprobaran y promulgaran en el 2010 su propia Constitución.
Reinaldo Pared, Danilo Medina, Leonel Fernández y Margarita Cedeño.
Esa Constitución, en la que influyeron los vuelos internacionalistas y modernizantes del expresidente Fernández, creó nuevos órganos electorales y proclamó un “Estado Social y Democrático de Derecho”, con nuevos ordenamientos políticos y electorales que obligan a una reforma legislativa que los aterrice. Pero no hubo voluntad para hacerlo, como correspondía, antes de las elecciones congresuales y municipales del 2010, ni de las presidenciales del 2012 y 2016.
A dos años de los próximos comicios municipales y a 27 meses de los presidenciales, no hay la menor señal de que el peledeísmo vaya a cambiar las ventajas que otorga el desenfreno y la ausencia de regulaciones de la competencia por el poder de que adolece el país, considerado como el peor en la región en esa materia. De hecho instituir las primarias abiertas sería otro factor a favor de quienes ostenten el poder, porque disponen de más recursos para solventar una doble campaña de búsqueda de votos en el universo de los electores, primero para elegir los candidatos y luego para la elección del presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales.
Factor de distracción
No faltan quienes sustentan que, al margen del interés presidencial por las primarias abiertas el intento de imponer el padrón abierto, mantenido más de un año, es una forma de obstruir los aspectos fundamentales de la ley de partidos y de las reformas al régimen electoral, que incluyen mecanismos democráticos para elegir dirigentes y candidatos, límites a la extensión de las campañas interna y nacional, así como al gasto de precandidatos y candidatos, limitar y transparentar los ingresos y gastos de partidos y candidatos, instituir mecanismos de control y sanción del abuso de los recursos estatales y del dinero lavado, con las sanciones disuasivas correspondientes.
De hecho, ya en los principales partidos hay precandidatos a la presidencia en actividades proselitistas y gastando dinero con miras a las elecciones del 2020, como Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente Leonel Fernández en el PLD, y subrepticiamente el presidente Medina y varios de sus ministros, con abundante propaganda política pagada con recursos públicos. Esta misma semana se publicaron tres páginas pagadas en los periódicos promoviendo la obra del mandatario, y el Ministerio de Obras Públicas pagó patrocinios en la transmisiones del beisbol y en el uniforme del equipo nacional que participó en la Serie del Caribe.
En otras palabras, que ya las campañas internas para definir candidaturas comenzaron otra vez sin que se haya aprobado la ley que las regularía. Aún aprobando la Ley de Partidos en la legislatura que comienza el 27 de febrero, en el mejor de los casos se llegaría a mitad del año y luego vendría la discusión y aprobación de los reglamentos, mientras seguirían corriendo las campañas internas. De ahí que hay quienes postulan que la distracción de la ley de partidos, obstruye la reforma más trascendente políticamente, que es la del Régimen Electoral, que normaría la disputa por el poder estatal.
Enfocar al presidente DM
La mayoría de los partidos de oposición han venido reclamando en bloque la aprobación de las reformas electorales y oponiéndose al padrón abierto en las primarias, considerándolo como contra reforma que agravaría el tráfico de dinero en la lucha política interna y nacional, incentivando el lavado en la competencia por las candidaturas, y los intereses grupales y personales que han debilitado el sistema partidista. El pasado lunes la presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavaerez Mirabal, adelantó que el bloque opositor de 11 partidos prepara un nuevo comunicado y acciones para presionar por las reformas electorales.
Si bien es cierto que el presidente Medina no tiene una avenida abierta para el continuismo, por la prohibición constitucional y las dificultades internas y a nivel nacional de volver a reformar la Constitución, nadie cree que los legisladores de su partido se asociarán con la oposición para decidir algo que vaya en dirección contraria, sin provocar una grave confrontación política que pondría en juego la unidad del PLD.
De ahí que la presión por las reformas electorales, tanto de los partidos, como de las organizaciones sociales y de la opinión pública, debería dirigirse directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo apelando a su condición de máximo responsable del Estado, quien debería reclamar el mérito de auspiciar las reformas políticas ampliamente demandadas por la sociedad.
La próxima comparecencia de Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de este mes para rendir las memorias del 2017, sería una nueva oportunidad para hacer honor a la majestad de la primera magistratura del Estado y asumir un compromiso claro y definitivo con las reformas. Ese día estará obligado a romper el silencio que guarda sobre asuntos cardinales, tanto del orden político, como económico, social e institucional.
En la cancha del PLD
La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político, que es lo que han reclamado sin éxito instituciones como la Finjus y Participación Ciudadana y la mayoría del liderazgo político.
Tras veinte años desde que en 1998 se elaboró el primer anteproyecto de Ley de partidos, por amplio consenso en la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada por el presidente Leonel Fernández, retomado y ampliado en la Comisión Nacional para Reforma del Estado instituida por el presidente Hipólto Mejía, la pieza ha sido introducida al Congreso en más de una decena de legislaturas. La evasión ha sido la normativa aunque fue objeto del “Pacto de las Corbatas Azules” del 2009, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y en la campaña electoral del 2012 los candidatos presidenciales se comprometieron a aprobarla “tan pronto pasaran las elecciones” de ese año.
Perimidos en la legislatura que concluyó el mes pasado, ya la Junta Central Electoral anunció que reintroducirá sus proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, que ha presentado sistemáticamente desde el 2011, tras ser elaborados por una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos, en consulta con los partidos y tomando en cuenta los consensos anteriores.
Es significativo que se haya decidido introducir los proyectos por vía del Senado donde el PLD tiene 28 de los 32 votos. La pelota queda en su propia cancha y ahí se verá si hay alguna voluntad para aprobarlo, sin convertirlo en una mojiganga política como ya hizo la Cámara de Diputados en el 2015, considerado tan burlesco, que tuvieron que recogerlo.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.