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El PLD seguiría evadiendo las reformas políticas básicas

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Por Juan Bolívar Díaz

República Dominicana.-El fracaso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en lograr consenso sobre el proyecto de Ley de Partidos, refleja la fuerte división que lo sacude, con un revés para el grupo dominante del presidente Danilo Medina que, aún teniendo mayoría absoluta  en ese organismo, no pudo imponer el padrón electoral abierto que ha pretendido.

Pero al mismo tiempo, luce casi imposible que las reformas políticas en discusión hace dos décadas  vayan a ser aprobadas por los peledeístas sin la voluntad expresa del presidente Danilo Medina, a no ser que éste reconozca las dificultades de su continuidad en el poder más allá del 2020 y se proponga legar al país el constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Fracasa el Comité Político

Si algo deja claro la decisión del Comité Político (CP) del PLD  del lunes 5 de febrero, es que el máximo y poderoso organismo no ha podido superar el profundo antagonismo que sacude al partido gobernante y evadió el bulto transfiriendo a sus legisladores el empeño del grupo gobernante de imponer el padrón electoral universal en la elección de los candidatos de todos los partidos, que conlleva la búsqueda de mayores posibilidades de continuidad en el poder.

El CP reconoció el fracaso de su resolución del 2 de octubre de constituir una comisión de juristas para que dijeran si es constitucional impone r a todos los partidos un solo método de  elección de sus candidaturas, lo que ya en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional sobre una ley al efecto del 2004. Dejaron pasar 4 meses sin constituir la comisión pero desde que se decidió se veía muy difícil de materializar, por la pugna de poderes entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, por demás presidente del partido y ya lanzado en abierta campaña por la candidatura presidencial del 2020, lo  que los danilistas ven con aprehensión y abierto rechazo.

La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político

Que la casi dos tercereas partes del CP alineada con el presidente Medina no haya impuesto  su voluntad es, hasta cierto punto, un revés para ellos, indicativo de la profundidad de la lucha por el poder y la conciencia de que podrían poner en juego la unidad del partido en que han basado su dominio político de 18 años, con el interregno 2000-04.

Pero es también un reconocimiento de que  divididos ninguno de los dos grupos peledeistas  beligerantes tiene posibilidad de reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes orgánicas, como la de partidos y la del régimen electoral, Remitirlo a la decisión de los propios legisladores no cambiará la situación, porque los danilistas tropiezan con la negativa de casi todos los legisladores de oposición , y los leonelistas no se atreverán a concertar con los opositores a espaldas del primer mandatario, lo que  mantendrá las reformas en un limbo.

Es que el poder no se cede

No debería sorprender que la propuesta de dejar el tema de la elección  primaria a los legisladores proviniera de José Ramón Fadul, una de las cabezas del llamado “Grupo Otán”  integrado por prominentes dirigentes de la vieja guardia peledeísta, que hace años hacen profesión casi religiosa del fundamentalismo político de que “el poder no se cede”, Ese grupo no sólo se opone y alienta toda resistencia a la ley de partidos, sino también a la reforma del Régimen Electoral, imperante desde que ellos mismos aprobaran y promulgaran en el 2010 su propia Constitución.

Reinaldo Pared, Danilo Medina, Leonel Fernández y Margarita Cedeño.

Esa Constitución, en la que influyeron los vuelos internacionalistas y modernizantes  del expresidente Fernández, creó nuevos órganos electorales y proclamó un “Estado Social y Democrático de Derecho”, con nuevos ordenamientos políticos y electorales que obligan a una reforma legislativa que los aterrice. Pero no hubo voluntad para hacerlo, como correspondía, antes de las elecciones congresuales y municipales del 2010, ni de  las presidenciales del 2012 y 2016.

A dos años de los próximos comicios municipales y a 27 meses de los presidenciales, no hay la menor señal de que el peledeísmo vaya a cambiar las ventajas que otorga el desenfreno y la ausencia de regulaciones de la competencia por el poder de que adolece el país, considerado como el peor en la región en esa materia. De hecho instituir las primarias abiertas sería otro factor a favor de quienes ostenten el poder, porque disponen de más recursos para solventar una doble campaña de búsqueda de votos en el universo de los electores, primero para elegir los candidatos y luego para la elección del presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales.

Factor de distracción

No faltan quienes sustentan que, al margen del interés presidencial por las primarias abiertas el intento de imponer el padrón abierto, mantenido más de un año, es una forma de obstruir los aspectos fundamentales de la ley de partidos y de las reformas al régimen electoral, que incluyen mecanismos democráticos para elegir dirigentes y candidatos, límites a la extensión  de las campañas interna y nacional, así como al gasto de precandidatos y candidatos, limitar y transparentar los ingresos y gastos de partidos y  candidatos, instituir mecanismos de control y sanción del abuso de los recursos estatales y del dinero lavado, con las sanciones disuasivas correspondientes.

De hecho, ya en los principales partidos hay precandidatos a la presidencia en actividades proselitistas y  gastando dinero con miras a las elecciones del 2020, como Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente Leonel Fernández en el PLD, y  subrepticiamente el presidente Medina y varios de sus ministros, con abundante propaganda  política pagada con recursos públicos. Esta misma semana se publicaron tres páginas pagadas en los periódicos promoviendo la obra del mandatario, y el Ministerio de Obras Públicas pagó patrocinios en la transmisiones del beisbol y en el uniforme del equipo nacional que participó en la Serie del Caribe.

En otras palabras, que ya las campañas internas para definir candidaturas comenzaron otra vez sin que se haya aprobado la ley que las regularía. Aún aprobando la Ley de Partidos en la legislatura que comienza el 27 de febrero, en el mejor de los casos se llegaría a mitad del año y luego vendría la discusión y aprobación de los reglamentos, mientras seguirían corriendo las campañas internas. De ahí que hay quienes postulan que la distracción de la ley de partidos, obstruye la reforma más trascendente políticamente, que es la del Régimen Electoral, que normaría  la disputa por el poder estatal.

Enfocar al presidente DM

La mayoría de los partidos de oposición han venido reclamando en bloque la aprobación de las reformas electorales y oponiéndose al padrón abierto en las primarias, considerándolo como contra reforma que agravaría el tráfico de dinero en la lucha política interna y nacional, incentivando el lavado en la competencia por las candidaturas, y los intereses grupales y personales que han debilitado el sistema partidista. El pasado lunes la presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavaerez Mirabal, adelantó que el bloque opositor de 11 partidos prepara un nuevo comunicado y acciones para presionar por las reformas electorales.

Si bien es cierto que el presidente Medina no tiene una avenida abierta para el continuismo, por la prohibición constitucional y las dificultades internas y a nivel nacional de volver a reformar la Constitución, nadie cree que los legisladores de su partido se asociarán con la oposición para decidir algo que vaya en dirección contraria, sin provocar una grave confrontación política que pondría en juego la unidad del PLD.

De ahí que la presión por las reformas electorales, tanto de los partidos, como de las organizaciones sociales y de la opinión pública, debería dirigirse directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo apelando a su condición de máximo responsable del Estado, quien debería reclamar el mérito de auspiciar las reformas políticas ampliamente demandadas por la sociedad.

La próxima comparecencia de Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de este mes para rendir las memorias del 2017, sería una nueva oportunidad para hacer honor a la majestad de la primera magistratura del Estado y asumir un compromiso claro y definitivo con las reformas. Ese día estará obligado a romper el silencio que guarda sobre asuntos cardinales, tanto del orden político, como económico, social  e institucional.

En la cancha del PLD

La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político, que es lo que han reclamado sin éxito instituciones como la Finjus y Participación Ciudadana y la mayoría del liderazgo político.

Tras veinte años desde que en 1998 se elaboró el primer anteproyecto de Ley de partidos, por amplio consenso en la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada por el presidente Leonel Fernández, retomado y ampliado en la Comisión Nacional para Reforma del Estado instituida por el presidente Hipólto Mejía, la pieza ha sido introducida al Congreso en más de una decena de legislaturas. La evasión ha sido la normativa aunque fue objeto del “Pacto de las Corbatas Azules” del 2009, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y en la campaña electoral del 2012  los candidatos presidenciales se comprometieron a aprobarla “tan pronto pasaran las elecciones” de ese año.

Perimidos en la legislatura que concluyó el mes pasado, ya la Junta Central Electoral  anunció que reintroducirá sus proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, que ha presentado sistemáticamente desde el 2011, tras ser elaborados por una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos, en consulta con los partidos y tomando en cuenta los consensos anteriores.

Es significativo que se haya decidido introducir los proyectos por vía del Senado donde el PLD tiene 28 de los 32 votos. La pelota queda en su propia cancha y ahí se verá si hay alguna voluntad para aprobarlo, sin convertirlo en una mojiganga política como ya hizo la Cámara de Diputados en el 2015, considerado tan burlesco, que tuvieron que recogerlo.-

 

 

 

 

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El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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