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República Dominicana empeora en ranking sobre estado de derecho

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La República Dominicana se posicionó en el lugar 90 en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, que mide el Estado de Derecho en 113 países con base en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos.

El ranking evalúa varios temas relacionados al estado de derecho como lo es la Ausencia de Corrupción, en el que la República Dominicana se posicionó en el lugar 88 de 113, siendo 113 el peor.

La República Dominicana obtuvo su peor nota en el ámbito de  Justicia penal, donde se posiciona en el lugar 100 de 113.

En cuanto al renglón “cumplimento de normativa” el país ocupó el lugar número 99, y  94 en orden y seguridad.

En los renglones “justicia civil” y “restricciones a los poderes del Gobierno”, la República Dominicana ocupa el lugar 88, mientras que obtuvo los lugares 50 y 54 respectivamente  en “Gobierno abierto” y “derechos fundamentales” .

De manera general, Venezuela ocupo en estos momentos el lugar 113 resultando este, el país con peor situación en cuanto a estado de derecho se refiere.

Con datos primarios, el Índice de Estado de Derecho del WJP mide el desempeño de los países en cuanto a Estado de Derecho utilizando ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

Desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho en octubre de 2016, la mayoría de los países en el mundo vio un deterioro en las puntuaciones de temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental, justicia civil, y justicia penal. El mayor deterioro se observó en el Factor 4, Derechos Fundamentales, donde 71 de 113 países empeoraron.

Este factor mide ausencia de discriminación, derecho a la vida y la seguridad, debido proceso, libertad de expresión, libertad religiosa, derecho a la privacidad, libertad de asociación, y derechos laborales.

El segundo deterioro ocurrió en el Factor 1, Límites al Poder Gubernamental (que mide si los gobernantes están sujetos a la ley), donde 64 de 113 países vieron una disminución en sus puntuaciones. Adicionalmente, 34% de los países vieron deterioros en sus puntuaciones, frente a 29% que tuvieron mejoras, tomando como referencia el Índice de 2016 –lo cual es una tendencia preocupante.

Por su parte, 37% de los países incluidos en el Índice mantuvieron una puntuación constante. “Somos testigos de un deterioro a nivel global en aspectos fundamentales para el Estado de Derecho”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP.

“Una reducción en la adherencia al Estado de Derecho en cualquier lugar es una amenaza para el desarrollo en todas partes”. El país que experimentó el cambio más marcado en esta edición del Índice (tomando como referencia el Índice de 2016) fue Filipinas, que cayó 18 posiciones, para ubicarse en el puesto 88 de 113 países en el mundo, y en el lugar 13 de los 15 países que componen la región de Asia Oriental y el Pacífico.

Las disminuciones más significativas ocurrieron en Límites al Poder Gubernamental, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, y Justicia Penal.

Los tres primeros lugares en el Índice de Estado de Derecho 2017-2018 son Dinamarca (1), Noruega (2) y Finlandia (3); los últimos tres son Afganistán (111), Camboya (112) y Venezuela (113). Los tres primeros lugares y los tres últimos no han cambiado desde la edición de 2016. Los líderes en cada región son: Nepal (Asia del Sur); Georgia (Europa Oriental y Asia Central); Ghana (África Subsahariana); Uruguay (América Latina y el Caribe); Emiratos Árabes Unidos (Medio Oriente y 2 Norte de África); Nueva Zelanda (Asia Oriental y el Pacífico); y Dinamarca (Europa Occidental y América del Norte).

El Índice de Estado de Derecho del WJP es la principal fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo. El Índice se basa en más de 110,000 encuestas en hogares y 3,000 encuestas a expertos, y mide la percepción y la experiencia de la población general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.

El Índice evalúa el desempeño de los países utilizando 44 indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal. Las puntuaciones se pueden comparar a nivel global, regional, y por nivel de ingreso.

“El Estado de Derecho es la base para que las comunidades gocen de paz, igualdad y oportunidades”, dijo William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Ningún país ha logrado, mucho menos sostenido, un Estado de Derecho perfecto. El Índice de Estado de Derecho del WJP es un primer paso para establecer puntos de referencia, informar y encaminar reformas, y para enfatizar la importancia fundamental del Estado de Derecho”.

Principales hallazgos a nivel regional: • A nivel mundial, los países ubicados en la región de Europa Occidental y América del Norte continúan en las primeras posiciones del Índice de Estado de Derecho del WJP, seguidos de los países de Asia Oriental y el Pacífico.

ACERCA DEL WORLD JUSTICE PROJECT: El World Justice Project (WJP) es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza, y protege a las personas de las injusticias.

El Estado de Derecho es la base para alcanzar comunidades que gocen de paz y oportunidades, y es el fundamento para el desarrollo del capital humano, un gobierno responsable, y el respeto a los derechos fundamentales.

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Nuevo juicio contra Wander Franco por abuso sexual inicia este viernes en Puerto Plata

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Santo Domingo, R.D.-El nuevo juicio contra el pelotero dominicano Wander Franco por abuso sexual en perjuicio de una adolescente comenzará este viernes 20 de febrero en el distrito judicial de Puerto Plata, luego de que un tribunal de alzada anulara la sentencia de primera instancia que lo había condenado a dos años de prisión suspendida.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de la Cámara Penal del distrito judicial de Puerto Plata, que ordenó la celebración de un nuevo proceso tras acoger los recursos interpuestos por las partes contra la sentencia emitida el 27 de junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de esa jurisdicción.

El tribunal de alzada, integrado por los jueces Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi, dispuso reiniciar el conocimiento del caso desde la etapa de juicio, para que nuevos magistrados valoren las pruebas y apliquen el derecho correspondiente.

La madre de la menor

En el nuevo proceso también participará Martha Vanessa Chavalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión fue igualmente anulada. En la sentencia original había sido declarada culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.

En primera instancia, Franco fue condenado por violar el artículo 396, literales b y c, del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, contenido en la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

  • La pena impuesta fue de dos años de prisión bajo suspensión, además del pago de 10 salarios mínimos y las costas penales.

Tras la sentencia inicial, el Ministerio Público apeló al considerar insuficiente la pena impuesta a Franco, mientras que tanto el pelotero como Chavalier recurrieron el fallo por no estar conformes con la decisión. Como resultado, la Corte de Apelación dispuso la celebración de un nuevo juicio.

La audiencia está programada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, conforme al calendario establecido por el tribunal.

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Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio

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Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.

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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.

“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.

Debate sobre la duración del proceso

La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.

El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.

Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.

“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.

Antecedentes procesales

Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.

El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.

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Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio

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Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.

Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».

Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Gonzalo Castillo, se mantiene sin confirmar sus aspiraciones para los comicios presidenciales 2028.

Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram

La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.

Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.

Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.

El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.

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