Nadie puede poner en duda de que la sociedad dominicana, tal y como se ha planteado en innumerables ocasiones, padece de una crisis integral, donde la vocación mafiosa y de poca sensibilidad social siempre predomina frente al interés colectivo.
Esa crisis integral que impacta todas las instancias de la sociedad, pero peor aún cuando se trata de medir cómo llega el fenómeno a los órganos del Estado, crea hasta una profunda frustración en cualquier ciudadano o ciudadana que sinceramente ame a su país.
Lo peor de todo es que la propia sociedad ha llegado a un nivel de tolerancia con lo mal hecho, que nadie se siente burlado cuando tiene que acudir a un centro de salud y que las atenciones tienen un nulo nivel de eficiencia.
Lo propio habría que decir de la justicia, donde las sentencias obedecen más que nada a un capricho, a una componenda o sencillamente a un soborno, pero que tienen una aparente legitimidad porque el juez se acoge a lo que se conoce como la íntima convicción, un recurso prácticamente irrebatible.
Las citas de como camina esa crisis integral de que se habla no tendría fin, pero lo cierto es que una razón muy poderosa para afirmar que en la República Dominicana no existe un estado de derecho, porque se trata de una sociedad en la que existen deberes, también cumplidos a medias, pero no derechos.
Podría decirse que la sociedad dominicana está inmersa en una grave crisis, cuyo detonante podría poner en serios peligros la mal llamada democracia, en la que todo el que se cobija con el techo del Estado incurre en todo tipo de violaciones sin que haya un régimen de consecuencia.
Esa es la razón por la que todo el que ocupa un puesto público tiembla cuando ve la posibilidad de ser sustituido o cancelado, porque además se trata de una sociedad sin oportunidades, donde hasta para cualquiera iniciar un negocio lo primero que debe hacer es dotarse de una vocación mafiosa.
Entonces, en una sociedad como la dominicana en la que se hace prácticamente imposible devengar un salario digno en el sector privado, todo el mundo busca estar como dice una expresión popular estar “pegao” con el gobierno de turno para poder mejorar sus condiciones de vida, aunque sea sobre la base de lo mal hecho.
Desde hace ya muchos años, sobre todo después de la llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en el país todo el mundo maneja la interpretación de que ese partido creó una fórmula para que sus miembros que van al gobierno tengan dos maneras de hacerse millonarios, ya sea a través de una de las tantas variantes de la corrupción o sencillamente con salarios desproporcionados con relación a la realidad que se vive en la República Dominicana.
Por esta razón, hoy hay que dedicarle mucha atención al fenómeno de que se habla cuando, por sólo citar un ejemplo, los miembros de la Cámara de Cuentas se han hecho un aumento desproporcionado y al margen de la Constitución y de las leyes adjetivas que regulan los aumentos salariales de los funcionarios públicos.
Sin embargo, no hay nadie que tenga el interés de poner orden en el desorden generalizado que afecta a la sociedad dominicana, donde el presidente parece ser una figura decorativa, complaciente y estimulante de lo mal hecho.