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Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

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Por Juan Bolívar Díaz

Al aprobar el proyecto de ley de partidos con padrón abierto el Senado danilista escoge la confrontación con casi todo el sistema político y las entidades sociales, con riesgo de profundizar la división del PLD y dificultar la gobernabilidad nacional

Aunque era una guerra anunciada, no dejó de impactar que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos con obligación de voto universal para escoger las candidaturas a cargos electivos, rechazando la oposición de casi todo el sistema partidista y de las instituciones sociales interesadas en la institucionalidad democrática.

La mayoría senatorial del presidente Danilo Medina expone al país a quedarse una vez más sin las normativas electorales y hace temer mecanismos de corrosión y corrupción política para que pase en la Cámara de Diputados y aún así a un extenso y peligroso proceso de impugnaciones constitucionales ya anunciado.

El gobierno contra todos

            La decisión de los dos tercios de los senadores de imponer a todos los partidos el padrón universal abierto para la elección de candidaturas adoptada en primera lectura el miércoles, abre una guerra de quienes controlan el gobierno contra casi todo el sistema político y social, que de ser ratificada en segunda vuelta la próxima semana, dividiría hasta al propio partido gobernante, seis de cuyos senadores y los dos de oposición, se oponen firmemente a un método ya declarado inconstitucional en el 2005.

Han ignorado la oposición del sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el actual presidente de la organización y presidente de la República en tres períodos, Leonel Fernández, del bloque de los 11 partidos de oposición y del Foro Permanente de Partidos Políticos donde participan casi todos los aliados electorales del peledeísmo. El único en respaldarlo ha sido el aliado Partido Revolucionario Dominicano.

Han despreciado también las opiniones de la mayoría de los politólogos y juristas y de las instituciones sociales más interesadas en el fortalecimiento institucional, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana,  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de  Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dos días antes, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados  había pedido concertación política para dejar que cada partido escoja el sistema de elección de candidatos que prefiera, como establecen sus estatutos.

Hasta el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, ha advertido de las inconveniencias de esa imposición, por razones constitucionales y organizativas, y  tras la aprobación senatorial pidió que la fórmula que se apruebe “sea de paz y consenso”.

Sólo interés presidencial

            El camino de confrontación escogido es más grave por cuanto los observadores lo atribuyen al único interés del presidente de la República, tanto que muchos temen que sólo por esa razón terminará pasando en segunda lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados y luego hasta en el Tribunal Constitucional. Se le asocia al proyecto  de abrir espacios, a otra reforma constitucional para la reelección, como advirtió el obispo Víctor Masalles, o para un delfín que impida el temido retorno al poder de Leonel Fernández.

Como Danilo Medina no responde cuestionamientos de la prensa ni políticos o sociales, se ignora cuál es su posición definitiva, pero se entiende que “tira la piedra y esconde la mano”, y podría estar interesado en dar un golpe de efecto con su control senatorial en momentos en que las encuestas lo han presentado a la deriva y con el ex presidente Fernández recuperando terreno perdido.

Más necesario aún cuando la OEA acaba de publicar una opinión consultiva de la Comisión Europea donde se niega  que los límites a los períodos gubernamentales violen derechos humanos y desaprueba las reformas constitucionales para permanecer en el poder. También cuando la Embajada de Estados Unidos ha reactualizado un artículo del 2016 donde se aboga por limitar los mandatos presidenciales para preservar la institucionalidad democrática.

Medina parece arriesgarlo todo, pues la persistencia en imponer el padrón abierto podría desatar resistencias más allá del asunto en juego y hacerlo perder el tiempo cuando entra en la segunda mitad del periodo, con inmensos límites fiscales que le impiden responder a los grandes desafíos sociales.

Fuerte reto a la oposición

Se da por hecho que la mayoría senatorial ratificará en segunda lectura su proyecto de Ley de Partidos, y que el desafío tendrá lugar en la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá emplearse a fondo para evitar que una parte de sus miembros sean “conquistados” por el poder gubernamental.

Los dos tercios de los 190 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas como lo es la de partidos, serían 127. Al danilismo se le atribuyen 76 de los 106 del PLD,  más 14 del PRD y 5 de otros aliados y 1 reformista para totalizar 96, lo que implica casi un empate con los 94 diputados restantes de partidos opuestos al padrón abierto, 50 de los cuales están en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos varios del PRD que emigraron.

Para aprobar su proyecto, al PLD-Danilo le faltarían  unos 31 votos, casi los mismos 30 que se le atribuyen a Leonel Fernández. Otros cálculos los reducen a 27, la tercera parte de los que “conquistaron” para la reforma constitucional del 2015, razón por la cual muchos creen que volverían a lograrlo, lo que constituye un desafío definitivo al leonelismo y a los partidos de oposición, especialmente al PRM y al Partido Reformista con sus 11 votos.

Los propagandistas del danilismo cuentan con un grupo de los diputados seguidores de Hipólito Mejía, porque este favorecía las primarias abiertas, aunque ha dicho que acata la decisión mayoritaria de su partido. Si no lo hacen declararían un cisma corrosivo en el mayor partido opositor.  El dinero, los contratos y otros favores del Estado pudieran “conquistar” la treintena de votos, pero a un costo moral alto, generador de más crispación que la que dejó la reforma constitucional del 2015, y mayor ingobernabilidad, ya que ahora no habría acuerdo interno en el PLD.

El problema constitucional

Las perspectivas apuntan a que la ley de partidos seguirá dando tumbos en el Congreso, 20 años después que se redactara el primer proyecto y a 15 años que llegara al poder legislativo. Porque si el gobierno logra imponer el padrón abierto, la oposición ya adelanta que apelaría al Tribunal Constitucional, buscando revalidar la declaratoria de inconstitucionalidad que liquidó ley del 2004 que estableció las primarias abiertas y simultáneas bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por más rápido que la  despachen, una instancia de esa categoría llevaría meses y elevaría la confrontación política con recelos de que el poder presidencial siga doblegando la institucionalidad democrática.

Las  reacciones a la primera aprobación senatorial han sido premonitorias, por el retiro de los 6 senadores que siguen a Leonel y los dos del PRM, mientras el pre-candidato de este partido a la candidatura presidencial Luis Abinader la catalogó como “una insensatez que provocaría niveles de crispación e inestabilidad innecesarios”. El  vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, dijo por Teleantillas que si se impone el padrón abierto, sería una locura política que convertiría los partidos en corporaciones.

El tráfico de dinero en las campañas se incrementaría y generaría la disolución de los partidos por las luchas internas entre precandidatos que tendrían una cantera de votos a “conquistar” en más de la mitad de quienes no votarían para elegir candidatos. En las elecciones presidenciales la abstención histórica es del 29 por ciento, pero en las congresuales y municipales apenas el 50 por ciento. La riqueza de cualquier origen y el clientelismo estatal serían definitivos en las escogencias de candidatos, y la JCE tendría que montar al menos tres elecciones en medio año y cuatro si hay doble vuelta en la presidencial..

Las reformas en el limbo

Hay quienes creen que la ofensiva senatorial danilista es un elemento de distracción y que en última instancia se conformarían con que el proyecto quede empantanado, ya que la oposición tampoco reúne los dos tercios necesarios para aprobar esta ley orgánica. De esa forma evadirían la regulación de los partidos y sus elecciones primarias, lo que les permitiría seguir sirviéndose con la cuchara grande en todo el proceso electoral,

Se asume que la confrontación que bloquearía la ley de partidos impediría también las más importante y trascendente Ley del Régimen Electoral, especialmente en lo concerniente a las sanciones de los abusos del Estado en las campañas electorales que tanto han ayudado a los triunfos peledeístas, especialmente en las dos elecciones de Danilo Medina, a partir del 2012, cuando dispararon el déficit fiscal del gobierno central a los 150 mil millones de pesos.

Tanto el bloque de partidos de oposición, como las entidades de la sociedad civil han demandado que las dos leyes se aprobaran juntas,, o que se privilegiara la más importante, del Régimen Electoral, pero los peledeístas las han mantenido separadas, privilegiando la de partidos. Y de hecho, ya se está acabando el tiempo para que la ley  regule las campañas por las candidaturas del 2020, que ya están en marcha.-

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Análisis Noticiosos

Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe

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Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad

Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.

De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.

Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.

A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.

El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.

La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.

Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.

Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.

Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.

En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.

A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.

Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.

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Análisis Noticiosos

Los ahorros de los bolivianos podrían estar financiando la deforestación

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Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés

Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.

“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.

Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.

Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.

En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.

Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.

Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.

Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.

La deforestación no la generan (sólo) los incendios

El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.

Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.

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México con crédito por 35.000 millones de dólares con FMI.

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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros

México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.

La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.

El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.

Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.

El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.

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