La mayoría de esas personas llegaron al país junto a sus padres, que fueron invitados por el Gobierno británico para cubrir la falta de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial, pero su situación legal quedó en el aire después de un endurecimiento de las normas de inmigración que promulgó May en 2012, cuando era ministra de Interior.

La jefa de Gobierno conservadora se reunió hoy en su despacho oficial de Downing Street con su homólogo jamaicano, Andrew Holness, y otros representantes de países caribeños, y les expresó sus «genuinas disculpas» por la «ansiedad» que la situación ha podido causar a los inmigrantes.

«Quiero disipar cualquier impresión de que mi Gobierno está de algún modo actuando contra ciudadanos de la Commonwealth, en particular aquellos que provienen del Caribe», dijo May en esa reunión.

«No quiero que nadie albergue ninguna duda sobre su derecho a permanecer aquí, en el Reino Unido», agregó la primera ministra.

Los miles de inmigrantes caribeños que afrontan esa situación son conocidos como la «generación Windrush», en referencia a la embarcación MV Empire Windrush, que el 22 de junio de 1948 desembarcó en Essex (este de Inglaterra) a 492 pasajeros provenientes de Jamaica, Trinidad, Tobago y otras islas caribeñas.

Ese fue el primero de diversos viajes similares para trasladar a las islas británicas a miles de personas, si bien no existen cifras oficiales sobre el número de inmigrantes de la «generación Windrush», dado que muchos de ellos eran niños y viajaban con el pasaporte de sus padres.

A partir de los cambios legislativos de 2012, algunos de ellos pasaron a ser inmigrantes ilegales al no poder aportar pruebas documentales sobre los años que han residido en el Reino Unido.

En los días previos a la cumbre de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) que se celebra esta semana en Londres, los medios británicos han divulgado los casos de diversos inmigrantes caribeños de esa generación que han perdido su trabajo, han visto denegados sus derechos y han sido amenazados con la deportación.

Michael Braitwaite, de 66 años, que llegó desde Barbados al Reino Unido en 1961, fue despedido de su trabajo en una escuela primaria de Londres en 2017 después de que el centro, donde llevaba 15 años contratado, alegara que no tenía sus papeles en regla, según reveló «The Guardian».

A pesar de que Braitwaite tiene el derecho legal a permanecer en el país, no ha podido presentar las pruebas que le reclama el ministerio de Interior, según el diario.

Las autoridades piden entre uno y cuatro documentos que prueben su estancia en el país por cada año que el inmigrante ha estado en el Reino Unido, que en el caso de Braitwaite son más de 50.

El pasado octubre, Wilson, que tiene una hija y una nieta en el Reino Unido, pasó una semana en un centro para inmigrantes y fue trasladada al aeropuerto de, desde donde iba a ser deportada a Jamaica, donde no ha estado en cinco décadas.

La intervención de un diputado local «en el último minuto» evitó su deportación, según «The Guardian», que ha destapado otros casos similares.