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Sale a Superficie Enlodamiento Suprema Corte de Justicia y Bellaquería Política en el país.  

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Por Elba García

En la República Dominicana ocurren cosas que cualquiera no se atreve a pensar que pasen en ninguna otra sociedad y se trata de la escogencia de jueces seriamente comprometidos con el partidarismo político, cuyos actores han demostrado hasta la saciedad que están dispuestos a hacer cualquier cosa, no importa que sea algo ilegal o anti-ético.

En estos días ha continuado la ventilación del juicio en contra de los imputados del caso Odebrecht, cuyos acusados son supuestamente responsables de crear lo que el Código Penal define como asociación de malhechores para estafar al Estado.

Era una fórmula que buscaba la aprobación de  las obras públicas mediante el soborno de los legisladores y otros funcionarios del Estado y al propio tiempo incurrir en otro ilícito penal como es la sobrevaluación de las mismas en cantidades que alcanzaban los miles de millones de dólares.

Todo esto fue parte de la discusión a propósito del Consejo Nacional de la Magistratura  avocarse a conocer la escogencia de las  altas cortes, entre las que está la Suprema Corte de Justicia, a fin de que fueran seleccionados  jueces de carrera y no aquellos aspirantes con compromisos partidistas.

Sin embargo, nada de eso ocurrió en virtud de que cada gobierno prefiere  escoger como jueces a profesionales del derecho identificado con el partido en el poder  para manipular los casos de acusación por corrupción en contra de importantes funcionarios, lo que ha puesto de moda en la judicatura nacional el famoso archivo definitivo.

La Suprema Corte de Justicia, presidida por un hombre que definitivamente no tiene los méritos para ocupar tan importante posición, ahora está en el fuego cruzado de los imputados y de los que abogan por jueces de carrera, en virtud de que se ha podido confirmar que presidió la campaña de uno de los acusados, el senador de San Cristóbal, Tommy Galán.

Galán es acusado de haber recibido soborno para que promoviera en el Congreso Nacional la aprobación por parte de los legisladores de las obras sobrevaluadas  en favor de la multinacional ODEBRECHT, cuyas consecuencias han sido, podría decirse, catastróficas para la clase política, máxime de los países latinoamericanos, aunque también de otros lugares del mundo.

En el conocimiento del juicio de fondo se le solicitó al presidente  de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, inhibirse ante el hecho de que Odebrecht financió la campana de Galán y que en consecuencia él también es responsable de los fondos manejados en las elecciones  del 2016 y aportados por la corrupta empresa brasileña.

Pero Molina no acogió la solicitud en ese sentido y en consecuencia se ha presentado una recusación en su contra y de un total de cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia por variadas razones, cuya ley orgánica consigna que para ventilar  cualquier recurso de esta naturaleza debe ser conocido por lo menos por 12 de los que conforman el más alto tribunal del país.

Lo establecido en el artículo 20 de la referida ley crea la situación de que la SCJ está compelida a subir dos jueces de las cortes de apelaciones, que es un grado inferior, para conocer la recusación en contra de cinco de sus miembros, ya que su matrícula es sólo de 15, lo cual impide sesionar para esos fines  porque la misma tiene 5 menos que por lo que  solo quedan diez que no hacen el quorum requerido y que para tal propósito no pueden ser menos de doce.

La cuestión es que con el juicio de fondo en el caso Odebrecht ha quedado más que demostrado que la escogencia de abogados vinculados al partidarismo político, no jueces de carrera, crea una mayor falta de credibilidad en el sistema de justicia nacional, lo cual se constituye en un peligro para el estado de derecho.

El juicio de fondo de los imputados en el caso Odebrecht está pautado para continuar hoy miércoles, pero la recusación parece constituirse en un gran escollo para que el mismo continúe su curso.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene el aval en lo que respecta a ejercicio profesional para ocupar tan delicada posición, sobre todo porque fue llevado allí para defender los intereses del Gobierno y al propio tiempo, es lo que muchos creen, para que le de continuación a la política de impunidad promovida desde las más altas instancias del Poder Ejecutivo, cuyo jefe, el presidente Danilo Medina, ha querido emular la articulación hecha en la justicia dominicana por parte de su antecesor Leonel Fernández, quien es víctima ahora de la misma trampa que concibió en favor de los suyos y en contra de los demás que conforman el tinglado político de oposición.

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Candidatura de Abel no sólo ha sido un fiasco desde el inicio de la campaña electoral, sino también al final de ella.

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La contienda electoral avanza hacia su culminación y el país se ve frente a una lluvia de propuestas, la mayoría de ellas incluibles, porque salen de la boca de aquellos que siempre han hecho lo contrario y que en la mayoría de los casos los candidatos son el resultado de la propia crisis de valores que impacta a los dominicanos.

En ese contexto se encuentra el candidato del PLD, quien no logra obtener ninguna credibilidad, sobre todo cuando intenta atacar la corrupción con un discurso que es una especie de auto-retrato para aplicárselo sólo a otros.

Su paso por la administración pública si de algo sirve es para simbolizar un anti valor, el cual se refleja en la acumulación de fortunas sobre la base del patrimonio público y la exhibición de cero condiciones para pretender llegar a la presidencia de la República.

Abel luce ridículo no sólo porque nadie le cree lo que dice, sino también porque su figura en sentido general no le ayuda, amén de que sus propuestas se ven meramente como una forma de querer ponerse a la moda en términos de presentar soluciones al electorado, pero las mismas se revierten y lo proyectan como el que juega a ser presidente, ya que ni sus ademanes lo ayudan.

El país está frente a un verdadero fiasco y tal vez a la expresión más contundente de un antivalor, cuya crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana le dio paso para convertirse en candidato presidencial del que fuera uno de los partidos más grande y fuerte de la República Dominicana.

Hay una propuesta del candidato Abel Martínez que no sólo se ve como una burla y se parece mucho a una que enarboló Danilo Medina en su primer intento de ocupar la silla presidencial y se trata de la expresión y eslogan de campaña «Te Llevo en el Corazón», la cual representó la mayor expresión de ridiculez política  y ahora en boca de Abel Martínez se escucha el plan “Chichí Seguro”, el cual consiste en crear guarderías infantiles, que si bien suena raro, también se oye peor al salir de una persona que nadie le cree lo que dice.

Pero las propuestas de Abel no se circunscriben a ese plan, sino que se extienden al tránsito, la seguridad fronteriza y corrupción administrativa, entre otros temas, que cuando se mencionan se ven que son ideas ajenas, que no pertenecen a él, que alguien se las inventó, pero que no encajan y no calan.

El candidato del PLD es quizás y sin quizás el aspirante presidencial en quien se concreta de forma clara y sin ninguna duda lo poco creíble que se ha vuelto el escenario electoral en el país.

Pero el asunto alcanza a prácticamente todos los demás candidatos, unos nueve en total, de los cuales no hay uno que pueda representar un verdadero cambio para un país que sus niveles de degradación cada día se profundizan, lo cual erosiona aceleradamente la democracia.

Abel Martínez parece ser parte de un “juego” donde las opciones que pretenden ser creíbles de la llamada democracia representativa tal vez no es más que un intento por renovarse con propuestas electorales caricaturescas que envían el mensaje de que este modelo ya no da más.

Este panorama electoral sugiere que la democracia dominicana va a entrar a su trance más difícil, ya que de acuerdo a lo que se ve el país parece estar en la antesala de la pérdida total o por lo menos significativamente de la legitimidad que tiene que acompañar cualquier intento por mantener la llamada gobernabilidad.

En estos momentos la falta de credibilidad de los llamados líderes nacionales y en consecuencia de la democracia, debe constituirse en la principal causa de alarma de un sistema político que si no está colapsado, está punto de llegar a su fin.

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Inédito Debate presidencial no disminuye ni soluciona la falta de credibilidad de la democracia dominicana.

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Por Elba García

Los tres protagonistas del debate presidencial que se produjo este miércoles por una cadena de radio y televisión, el cual representa un instrumento para repetir el mismo discurso de los partidos que ya están agotados en el escenario político nacional, aportan muy poco al cumplimiento que debe provenir de los que buscan dirigir el Estado.

Tanto Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez repitieron las mismas frases y promesas que se quedan en ese marco que ha caracterizado por décadas la actividad política nacional, sobre todo en épocas electorales, lo cual indica que no son tantos los dominicanos que comprarán sus manoseados discursos  de que enfrentarán problemas como el de la educación, la salud, la economía, el medioambiente y el haitiano, entre otros.

Estos discursos o intervenciones ensayados y repetidos para proyectar la idea de lo que nunca va a ocurrir es parte de una demagogia y engaño al votante que no evitan la erosión de la democracia nacional, ya que esas realidades se combaten con acciones y no con palabras, lo cual no han hecho los personajes en cuestión.

No hay que estar muy cerca del entorno de los tres candidatos que compitieron en el debate para entender que se trata de palabras que no representan una verdadera intención de buscarles salida a los problemas nacionales.

El asunto estriba en el hecho de que las promesas y posibles soluciones a los temas más preocupantes para la sociedad dominicana están sobre la mesa desde hace décadas y todavía los titulares de los periódicos de los años 70 parecen ser sobre cuestiones que todavía hoy tienen toda la vigencia imaginable como si el tiempo no hubiera pasado, todo como resultado del engaño y la demagogia de los actores políticos.

Los mismos apagones, el alto costo de la vida, la falta de una cultura de exportación, la vulnerable seguridad pública y ciudadana y el agobiante fenómeno de la corrupción administrativa y de la independencia de la justicia, entre otros, son la razón por lo que lo dicho en el debate no tiene ningún impacto, porque los tres participantes han demostrado que han prometido mucho y es muy poco lo que han solucionado.

Los tres aspirantes presidenciales han logrado, sin ninguna duda, resolver sus problemas personales y particulares porque sin excepción han acumulado fortunas que antes de entrar a la política no tenían y desde esa posición es cómodo plantear la solución de problemas de los que ellos han logrado salir y ahora poseer bienes materiales  que hubiera sido prácticamente imposible adquirir al margen de la politiquería.

De manera, que hablar de solucionar cuestiones tan delicadas como la corrupción administrativa desde una narrativa que sólo abarca a los otros, pero no a ellos, crea una total falta de credibilidad de la gente o del votante de unos discursos de muchas palabras sin realizaciones para corregir los problemas.

El debate presidencial es como un escenario para presentar discursos desgastados y poco creíbles, no importa que coherentes se escuchen, porque todo el mundo sabe que se trata de más de lo mismo, ya que incluso son hasta elaborados por otros que cobran por ese trabajo.

La democracia, principalmente en los países latinoamericanos, como la República Dominicana, requiere del cambio de sus actores que actúan a través de unos partidos políticos sin ninguna credibilidad porque el escenario se ha convertido en un instrumento de resolver problemas muy personales en detrimento del interés nacional.

Tal vez lo más interesante fuera que el ciudadano diera un ejemplo a estos actores de la vida política nacional con una precaria asistencia a las urnas para que quede profundamente cuestionada la democracia y pierda su legitimidad y de ese modo provenga una renovación que tenga la suficiente fiscalización que culmine con el castigo del que va a la política sólo con el interés de utilizar su protagonismo para llevarse entre sus garras una parte del patrimonio nacional.

El debate más que generar el fortalecimiento de la democracia lo que hace vender al votante unos aspirantes que tienen mucho que explicarle a la sociedad dominicana, donde a través de ellos también están presentes otros bandidos de la tan desacreditada política partidista nacional.

Si la gente no se propone reinventarse como país y echar en el zafacón los políticos que cimentan su carrera sobre la base de la mentira y la demagogia, muy difícilmente la República Dominicana podrá superar los problemas que la agobian, sobre todo en lo referente a la corrupción administrativa, que ya acumula cantidades impresionantes robadas a las arcas nacionales sin la menor de la dolencia y sin régimen de consecuencia.

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Desaparición de la mística y la ética en cuerpos armados permite medir el deterioro que sufre la sociedad y el Estado.

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Por Elba García

Aunque todo se atribuye al cambio de los tiempos y a la modernidad, pero los mismos han experimentado una metamorfosis en la conducta de los policías y militares dominicanos, cuya transformación merece un estudio de la mentalidad de estos importantes actores de la vida nacional.

 Cualquier fenómeno social siempre se va expresar de forma diferente en cualquier sociedad históricamente determinada, pero el asunto hay que tomarlo con mucha seriedad y preocupación cuando el problema se convierte de aislado y particular en general.

Ello así porque en todas las sociedades del mundo, aun en las más civilizadas y desarrolladas, hay conductas que riñen con la ética y con un comportamiento sano, pero la cuestión toma otro perfil cuando la mayoría de los ciudadanos tiene un caminar que daña a los demás o a prácticamente todo el tejido social.

A pesar de que el fenómeno del policía y el militar dominicano no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un todo, de la sociedad completa, por el hecho de que la distorsión de lo que se conoce como ética militar acompañada de la falta de mística hace que cualquier sociedad no cuente con una muralla espiritual que resulte muy difícil de derribar.

Sin embargo, hace décadas que, aunque un policía y un militar eran contaminados con la politiquería, pero la presión social era tan fuerte que ayudaba a deputar y mejorar la conducta de estos actores de la vida nacional.

Ahora el asunto ha variado tanto que en los cuarteles policiales y militares un cabo, muchas veces, manda más que un general, cuya circunstancia va a depender de varios factores, como son cual tenga más dinero y más vínculos con el sector enquistado en el poder.

La verdad es que la condición y el rango de general abre muchas más puertas para que este obtenga mayor poder que el cabo o el sargento, pero luego de la profundización de la crisis de valores no es difícil encontrarse con el fenómeno, ya que el bajo mundo es mucho más expedito para el oficial de bajo rango que para el que tiene altas responsabilidades, aunque naturalmente esa en el país no es la regla del juego.

De lo que sí se puede estar seguro es que la ética y más que ésta la mística ya es algo del pasado y los cuarteles hoy son azotados por un comportamiento que ponen en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, aun de los extranjeros que tal vez no son blanco permanente de policías y militares.

En los últimos días han salido a la superficie una serie de acciones de policías y militares que mantienen en permanente preocupación a todo dominicano que todavía conserva un poquito de sensibilidad humana y de amor patrio.

Esta situación es el resultado de una realidad que nadie puede negar y es que el impacto negativo y muy peligroso de la llegada de ilegales, la penetración del bajo mundo en los órganos y entes del Estado y la participación innegable de policías y militares en  estos negocios constituye una bomba de tiempo en contra de la estabilidad institucional y de toda  la vida nacional.

El problema ya no sólo se observa en la frontera entre las dos naciones que ocupan la isla, sino que los haitianos pagan para entrar al país y luego son perseguidos en el territorio nacional y en ese proceso son despojados de sus pertenencias y también deben pagar sumas muy altas para ser dejados en libertad.

En esa virtud, la República Dominicana se desgarra casi igual que la sociedad haitiana, tal vez con la única diferencia de que las bandas haitianas actúan con violencia y en el país los policías y militares dominicanos lo hacen de manera pacífica, pero con los mismos resultados.

Las bandas haitianas roban, violan, matan y secuestran a sus conciudadanos y extranjeros para exigir dinero, pero lo propio ocurre en el país cuando se trata de reprimir a los ilegales de la vecina nación, muchas de cuyas niñas y mujeres son violadas bajo el amparo de la legalidad con que operan órganos como la Dirección General de Migración.

Las denuncias sobre el mal proceder de los policías y militares dominicanos llueven, no sólo en lo referente a que les roban las pertenencias a los haitianos, sino que también cobran peajes en los centros de venta y distribución de drogas y el problema no parece que pueda tener solución, ya que el mismo es sólo un reflejo de una anormalidad con perfiles generales.

Esa realidad hace aventurarse a cualquier a afirmar que ambas naciones atraviesan por crisis que implica una desaparición de los referentes éticos, pero además por el hecho de que la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ejército Nacional ya no están adornados con una mística que permitiría como antes de que actores tan importantes para la seguridad pública y ciudadana sean un dique de contención en contra de las distorsiones en esta materia y que podrían derrumbar el Estado, exactamente como ha ocurrido en Haití.

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