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Es Ilegal decisión de pleno de SCJ porque provino de jueces inhabilitados por estar recusados.  

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 Por Elba García                

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia acaba de confirmar que la República Dominicana está ante un fiasco de un órgano que tiene una misión y una función tan delicada en una sociedad que carece de todo y ahora también de un sistema de justicia mínimamente creíble.

La decisión tomada frente a las recusaciones de cinco jueces, incluido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, luego de que se comprobara que éste fue parte de la campaña de uno de los imputados del caso Odebrecht durante el año 2016, quien recibió fondos de la multinacional para sus aspiraciones de seguir como senador por la provincia de San Cristóbal.

Ese vínculo del presidente del más alto tribunal de justicia del país tiene el agravante que los fondos usados en esa campaña, por lo menos en las aspiraciones del senador de San Cristóbal, Tommy Galán, fueron donados por la corruptora Odebrecht.

La cuestión es tan delicada que esos fondos impactaron de manera directa a todo el que estuvo involucrado en esa campaña electoral, principalmente al hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se desempeñó como coordinador de la misma.

El argumento de los jueces es realmente risible, porque la discusión no tiene nada que ver con un asunto ideológico como dijeron, sino con una cuestión de intereses y ético-moral, pero además estos magistrados envían un mensaje muy equivocado en virtud de que los que están recusados deliberaron para liberar a sus colegas de la situación.

La SCJ estaba en un problema legal muy grave en razón de que la cantidad mínima de jueces que puede deliberar frente a la recusación en contra de algunos de ellos, no puede ser menor de 12, pero sólo habían 10 hábiles, lo cual requería recurrir a jueces de las cortes de apelación que es un grado inferior en el sistema de justicia.

En consecuencia, el razonamiento lógico ante tal irregularidad es que la decisión tomada es totalmente nula, porque ha sido evacuada por magistrados que no están hábiles para tal cosa, planteándose un serio problema técnico-jurídico y de la normativa procesal.

El caso que se ha presentado está claramente explicado en el artículo 78 del Código Procesal Penal, el cual especifica las razones de cualquier recusación

Este proceder al margen de la ley mantiene muy preocupada a la sociedad dominicana, donde los órganos del Estado que deben velar por el estado de derecho son manipulados y puestos al servicio del partidarismo político.

Con estas acciones y la indiferencia mostrada por los demás poderes del Estado se constituye en una amenaza que pone en cuestionamiento todo el ordenamiento jurídico nacional, cuyas bellaquerías son impulsadas por los propios dirigentes de los partidos políticos.

Parece servir de muy poco la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia que frente al caso que genera la situación denunciada, el juicio de fondo del caso Odebrecht, plantea que la República Dominicana no ha avanzado prácticamente nada en términos de institucionalidad, lo cual podría tener un impacto demoledor para la economía nacional.

La decisión emanada del pleno de la Suprema Corte de Justicia plantea que su presidente sólo tiene una opción como miembro de ese tribunal colegiado y es fallar con una condena en contra de los procesados, porque de lo contrario seria mucho mas profundo y de características diferentes el reclamo que puede hacer el ciudadano.

En los últimos años los gobiernos, sobre todo el del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se muestran resistentes a los reclamos de la sociedad civil y de los poderes fácticos, algunos de los cuales, si bien son prácticamente cómplices de los atropellos y violaciones al sistema de justicia, los demás en algún momento han mostrado su preocupación por el fenómeno.

Desde hace algunos años amplios sectores de la vida nacional cuestionan el comportamiento del Ministerio Público, que depende directamente del Poder Ejecutivo, pero ahora se agrega la Suprema Corte de Justicia, lo cual pone en cuestionamiento toda la judicatura nacional.

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A sólo 15 días de campaña electoral el candidato del PLD aun parece un aspirante de “juego” y a quien nadie le cree

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La contienda electoral avanza hacia su culminación y el país se ve frente a una lluvia de propuestas, la mayoría de ellas incluibles, porque salen de la boca de aquellos que siempre han hecho lo contrario y que en algunos de los casos ellos son un invento de la propia crisis de valores que impacta a los dominicanos.

En ese contexto se encuentra el candidato del PLD, quien no logra obtener ninguna credibilidad, sobre todo cuando intenta atacar la corrupción con un discurso que es una especie de auto-retrato para aplicárselo sólo a otros.

Su paso por la administración pública si de algo sirve es para simbolizar un anti valor, el cual se refleja en la acumulación de fortunas sobre la base del patrimonio público y la exhibición de cero condiciones para pretender llegar a la presidencia de la República.

Abel luce ridículo no sólo porque nadie le cree lo que dice, sino también porque su figura en sentido general no le ayuda, amén de que sus propuestas se ven meramente como una forma de querer ponerse a la moda en términos de presentar soluciones al electorado, pero las mismas se revierten y lo proyectan como el que juega a ser presidente, ya que ni sus ademanes lo ayudan.

El país está frente a un verdadero fiasco y tal vez a la expresión más contundente de un antivalor, cuya crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana le dio paso para convertirse en candidato presidencial del que fuera uno de los partidos más grande y fuerte de la República Dominicana.

Hay una propuesta del candidato Abel Martínez que no sólo se ve como una burla y se parece mucho a una que enarboló Danilo Medina en su primer intento de ocupar la silla presidencial y se trata de la expresión y eslogan de campaña «Te Llevo en el Corazón», la cual representó la mayor expresión de ridiculez política  y ahora en boca de Abel Martínez se escucha el plan “Chichí Seguro”, el cual consiste en crear guarderías infantiles, que si bien suena raro, también se oye peor al salir de una persona que nadie le cree lo que dice.

Pero las propuestas de Abel no se circunscriben a ese plan, sino que se extienden al tránsito, la seguridad fronteriza y corrupción administrativa, entre otros temas, que cuando se mencionan se ven que son ideas ajenas, que no pertenecen a él, que alguien se las inventó, pero que no encajan y no calan.

El candidato del PLD es quizás y sin quizás el aspirante presidencial en quien se concreta de forma clara y sin ninguna duda lo poco creíble que se ha vuelto el escenario electoral en el país.

Pero el asunto alcanza a prácticamente todos los demás candidatos, unos nueve en total, de los cuales no hay uno que pueda representar un verdadero cambio para un país que sus niveles de degradación cada día se profundizan, lo cual erosiona aceleradamente la democracia.

Abel Martínez parece ser parte de un “juego” donde las opciones que pretenden ser creíbles de la llamada democracia representativa tal vez no es más que un intento por renovarse con propuestas electorales caricaturescas que envían el mensaje de que este modelo ya no da más.

Este panorama electoral sugiere que la democracia dominicana va a entrar a su trance más difícil, ya que de acuerdo a lo que se ve el país parece estar en la antesala de la pérdida total o por lo menos significativamente de la legitimidad que tiene que acompañar cualquier intento por mantener la llamada gobernabilidad.

En estos momentos la falta de credibilidad de los llamados líderes nacionales y en consecuencia de la democracia, debe constituirse en la principal causa de alarma de un sistema político que si no está colapsado, está punto de llegar a su fin.

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Inédito Debate presidencial no disminuye ni soluciona la falta de credibilidad de la democracia dominicana.

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Por Elba García

Los tres protagonistas del debate presidencial que se produjo este miércoles por una cadena de radio y televisión, el cual representa un instrumento para repetir el mismo discurso de los partidos que ya están agotados en el escenario político nacional, aportan muy poco al cumplimiento que debe provenir de los que buscan dirigir el Estado.

Tanto Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez repitieron las mismas frases y promesas que se quedan en ese marco que ha caracterizado por décadas la actividad política nacional, sobre todo en épocas electorales, lo cual indica que no son tantos los dominicanos que comprarán sus manoseados discursos  de que enfrentarán problemas como el de la educación, la salud, la economía, el medioambiente y el haitiano, entre otros.

Estos discursos o intervenciones ensayados y repetidos para proyectar la idea de lo que nunca va a ocurrir es parte de una demagogia y engaño al votante que no evitan la erosión de la democracia nacional, ya que esas realidades se combaten con acciones y no con palabras, lo cual no han hecho los personajes en cuestión.

No hay que estar muy cerca del entorno de los tres candidatos que compitieron en el debate para entender que se trata de palabras que no representan una verdadera intención de buscarles salida a los problemas nacionales.

El asunto estriba en el hecho de que las promesas y posibles soluciones a los temas más preocupantes para la sociedad dominicana están sobre la mesa desde hace décadas y todavía los titulares de los periódicos de los años 70 parecen ser sobre cuestiones que todavía hoy tienen toda la vigencia imaginable como si el tiempo no hubiera pasado, todo como resultado del engaño y la demagogia de los actores políticos.

Los mismos apagones, el alto costo de la vida, la falta de una cultura de exportación, la vulnerable seguridad pública y ciudadana y el agobiante fenómeno de la corrupción administrativa y de la independencia de la justicia, entre otros, son la razón por lo que lo dicho en el debate no tiene ningún impacto, porque los tres participantes han demostrado que han prometido mucho y es muy poco lo que han solucionado.

Los tres aspirantes presidenciales han logrado, sin ninguna duda, resolver sus problemas personales y particulares porque sin excepción han acumulado fortunas que antes de entrar a la política no tenían y desde esa posición es cómodo plantear la solución de problemas de los que ellos han logrado salir y ahora poseer bienes materiales  que hubiera sido prácticamente imposible adquirir al margen de la politiquería.

De manera, que hablar de solucionar cuestiones tan delicadas como la corrupción administrativa desde una narrativa que sólo abarca a los otros, pero no a ellos, crea una total falta de credibilidad de la gente o del votante de unos discursos de muchas palabras sin realizaciones para corregir los problemas.

El debate presidencial es como un escenario para presentar discursos desgastados y poco creíbles, no importa que coherentes se escuchen, porque todo el mundo sabe que se trata de más de lo mismo, ya que incluso son hasta elaborados por otros que cobran por ese trabajo.

La democracia, principalmente en los países latinoamericanos, como la República Dominicana, requiere del cambio de sus actores que actúan a través de unos partidos políticos sin ninguna credibilidad porque el escenario se ha convertido en un instrumento de resolver problemas muy personales en detrimento del interés nacional.

Tal vez lo más interesante fuera que el ciudadano diera un ejemplo a estos actores de la vida política nacional con una precaria asistencia a las urnas para que quede profundamente cuestionada la democracia y pierda su legitimidad y de ese modo provenga una renovación que tenga la suficiente fiscalización que culmine con el castigo del que va a la política sólo con el interés de utilizar su protagonismo para llevarse entre sus garras una parte del patrimonio nacional.

El debate más que generar el fortalecimiento de la democracia lo que hace vender al votante unos aspirantes que tienen mucho que explicarle a la sociedad dominicana, donde a través de ellos también están presentes otros bandidos de la tan desacreditada política partidista nacional.

Si la gente no se propone reinventarse como país y echar en el zafacón los políticos que cimentan su carrera sobre la base de la mentira y la demagogia, muy difícilmente la República Dominicana podrá superar los problemas que la agobian, sobre todo en lo referente a la corrupción administrativa, que ya acumula cantidades impresionantes robadas a las arcas nacionales sin la menor de la dolencia y sin régimen de consecuencia.

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Desaparición de la mística y la ética en cuerpos armados permite medir el deterioro que sufre la sociedad y el Estado.

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Por Elba García

Aunque todo se atribuye al cambio de los tiempos y a la modernidad, pero los mismos han experimentado una metamorfosis en la conducta de los policías y militares dominicanos, cuya transformación merece un estudio de la mentalidad de estos importantes actores de la vida nacional.

 Cualquier fenómeno social siempre se va expresar de forma diferente en cualquier sociedad históricamente determinada, pero el asunto hay que tomarlo con mucha seriedad y preocupación cuando el problema se convierte de aislado y particular en general.

Ello así porque en todas las sociedades del mundo, aun en las más civilizadas y desarrolladas, hay conductas que riñen con la ética y con un comportamiento sano, pero la cuestión toma otro perfil cuando la mayoría de los ciudadanos tiene un caminar que daña a los demás o a prácticamente todo el tejido social.

A pesar de que el fenómeno del policía y el militar dominicano no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un todo, de la sociedad completa, por el hecho de que la distorsión de lo que se conoce como ética militar acompañada de la falta de mística hace que cualquier sociedad no cuente con una muralla espiritual que resulte muy difícil de derribar.

Sin embargo, hace décadas que, aunque un policía y un militar eran contaminados con la politiquería, pero la presión social era tan fuerte que ayudaba a deputar y mejorar la conducta de estos actores de la vida nacional.

Ahora el asunto ha variado tanto que en los cuarteles policiales y militares un cabo, muchas veces, manda más que un general, cuya circunstancia va a depender de varios factores, como son cual tenga más dinero y más vínculos con el sector enquistado en el poder.

La verdad es que la condición y el rango de general abre muchas más puertas para que este obtenga mayor poder que el cabo o el sargento, pero luego de la profundización de la crisis de valores no es difícil encontrarse con el fenómeno, ya que el bajo mundo es mucho más expedito para el oficial de bajo rango que para el que tiene altas responsabilidades, aunque naturalmente esa en el país no es la regla del juego.

De lo que sí se puede estar seguro es que la ética y más que ésta la mística ya es algo del pasado y los cuarteles hoy son azotados por un comportamiento que ponen en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, aun de los extranjeros que tal vez no son blanco permanente de policías y militares.

En los últimos días han salido a la superficie una serie de acciones de policías y militares que mantienen en permanente preocupación a todo dominicano que todavía conserva un poquito de sensibilidad humana y de amor patrio.

Esta situación es el resultado de una realidad que nadie puede negar y es que el impacto negativo y muy peligroso de la llegada de ilegales, la penetración del bajo mundo en los órganos y entes del Estado y la participación innegable de policías y militares en  estos negocios constituye una bomba de tiempo en contra de la estabilidad institucional y de toda  la vida nacional.

El problema ya no sólo se observa en la frontera entre las dos naciones que ocupan la isla, sino que los haitianos pagan para entrar al país y luego son perseguidos en el territorio nacional y en ese proceso son despojados de sus pertenencias y también deben pagar sumas muy altas para ser dejados en libertad.

En esa virtud, la República Dominicana se desgarra casi igual que la sociedad haitiana, tal vez con la única diferencia de que las bandas haitianas actúan con violencia y en el país los policías y militares dominicanos lo hacen de manera pacífica, pero con los mismos resultados.

Las bandas haitianas roban, violan, matan y secuestran a sus conciudadanos y extranjeros para exigir dinero, pero lo propio ocurre en el país cuando se trata de reprimir a los ilegales de la vecina nación, muchas de cuyas niñas y mujeres son violadas bajo el amparo de la legalidad con que operan órganos como la Dirección General de Migración.

Las denuncias sobre el mal proceder de los policías y militares dominicanos llueven, no sólo en lo referente a que les roban las pertenencias a los haitianos, sino que también cobran peajes en los centros de venta y distribución de drogas y el problema no parece que pueda tener solución, ya que el mismo es sólo un reflejo de una anormalidad con perfiles generales.

Esa realidad hace aventurarse a cualquier a afirmar que ambas naciones atraviesan por crisis que implica una desaparición de los referentes éticos, pero además por el hecho de que la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ejército Nacional ya no están adornados con una mística que permitiría como antes de que actores tan importantes para la seguridad pública y ciudadana sean un dique de contención en contra de las distorsiones en esta materia y que podrían derrumbar el Estado, exactamente como ha ocurrido en Haití.

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