Opinión
En el PLD se rompió la taza
Por Juan Bolívar Díaz
No hay dudas de que la confrontación que tiene al borde de la división al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rebasa con mucho los límites de ese partido y se convierte en una crisis de la democracia dominicana. La debacle del partido que ha dominado la nación en 20 de los últimos 24 años, nos sorprende cuando se viene configurando una desestabilización económica, además de la política, institucional, y de seguridad ciudadana y servicios básicos que sufrimos desde hace años.
Llegamos a las elecciones primarias en medio de la mayor crisis del turismo dominicano en sus cuatro décadas de gran desarrollo, tras la cancelación de una alarmante proporción de las reservas que tenían los hoteles para la ya próxima temporada de invierno y para la siguiente. También con saltos preocupantes en la tasa cambiaria y reducción en 15 mil millones de pesos en los ingresos fiscales del 2019, reconocida por el presidente de la nación.
Nos alcanza esta crisis con una de las peores tandas de apagones y de escasez de agua de los últimos años, con grave epidemia de dengue, e indignación generalizadas tras acontecimientos como el atentado que casi cuesta la vida a David Ortiz, la indignación por las últimas revelaciones sobre los sobornos de Odebrecht y por las complicidades en el escape de El Abusador, para sólo quedarnos en los últimos tres meses.
Y sin embargo, el principal ejecutivo de la corporación energética estatal, fue el jefe de la campaña electoral del delfín del presidente Danilo Medina, y los ministros de Salud y Turismo, y directores de los sistemas de agua y riego fueron encargados provinciales. Por suerte que el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que lo suyo era velar por los ingresos fiscales, cuando también le dieron una responsabilidad proselitista. Por encima de todos se vio al presidente de la República y la más abusiva irrupción del gobierno, lo que explica que Castillo gastara en propaganda en dos meses muchas veces más que todos los demás precandidatos presidenciales juntos de los dos partidos participantes en las primarias.
Por una desenfranada ambición de monopolizar el poder, o de volver a controlarlo, las facciones peledeistas convirtieron el certamen en un inmundo y vergonzante mercado de compra y venta de votos a la vista de todo el que quiso ver. Tanto que Participación Ciudadana con menos de medio millar de observadores, pudo advertir esa práctica criminal en la tercera parte (32.73%) de los centros de votación.
En el afán de mantener el poder a toda costa, los danilistas le pusieron una soga al cuello al presidente de su propio partido, para luego quejarse de que esté pataleando, como si no fuera lo normal en quien está siendo asfixiado, que si queda vivo le irá encima a sus verdugos. Y Leonel Fernández quedó vivísimo, aún si perdió por menos del 2 por ciento, ahora cosechando las siembras de abusos del Estado que instituyó hasta llevar a Medina al gobierno en el 2012.
La JCE y el gobierno no tienen mejor alternativa que atender los reclamos de revisión. Con las actas debería ser suficiente. Pero aún contar los cerca de 2 millones de votos luce la salida más corta. Sobre todo si los leonelistas no tienen razón y han perdido. Por cierto que habría ayudado que informaran cuál fue el resultado de la comprobación del voto físico con el electrónico en el 20% de las mesas de votación, que de haber sido una muestra aleatoria y secreta, casi triplicaba lo necesario para establecer el resultado real.
¿Confianza? ¿Racionalidad? Eso es mucho pedir, después de todas las desproporciones y los juramentos de que el poder del presidente no se desafía, porque siempre se impone. Pero, aunque puedan tener razones para desconfiar, a los leonelistas no les resultará fácil demostrar que hubo, aún si se produjo, manipulación electrónica.
Mientras el hacha va y viene, parece que en el PLD se rompió la taza, sin árbitros en capacidad de proponer soluciones, porque todos se apandillaron. Y comprometieron a los organismos partidistas y al Estado. Ellos admiten que es casi imposible evitar la división, con los actuales niveles de irracionalidad y confrontación, que cuando concurren dispersan hasta las familias, aún cuando saben que separados pierden todos.
Ojalá que el costo no sea grave para la sociedad, en términos económicos y sociales, como ya lo ha sido en la institucionalidad democrática. Y que sirva para que la sociedad civil, en especial las llamadas fuerzas vivas, apuesten más por los principios y las normativas que por los intereses individuales y coyunturales. Sobre todo al magnificarse los desafíos que nos esperan para febrero y mayo próximos.-
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.