Reportaje A Fondo
Viaje a las entrañas del abuso infantil
Bacólod (Filipinas).- A Christian le han pegado con un palo, tirado por la ventana, introducido en una olla caliente, vendido como mano de obra y atropellado. Todo esto se lo hizo su padre. Acaba de cumplir 18 años. Intenta suicidarse regularmente. A Sarah (18 años) su padre la violaba cada vez que bebía o se drogaba, lo asimiló tanto que años después admite que no ve tan mal lo que le hacía por las noches en una casa sin paredes, y asegura que incluso querría tener un hijo con él. Su hermana pequeña Airen (15 años) no lo soportó y lo denunció. Él ahora está en la cárcel. Su madre las acusó durante el juicio de haber roto la familia.
Son tres adolescentes de Filipinas, un país donde el abuso y explotación infantil es una lacra. Según datos gubernamentales, el 19% de los niños aseguran haber sido víctimas de abuso sexual y el 60% de violencia física, la mayoría de ellos, en casa. Los menores apuntan a los padres, los abuelos y los primos como los principales culpables. Además, tres de cada diez niños crece en el seno de una familia pobre, lo que empuja a muchos de ellos a vivir en la calle y a drogarse con pegamento. Allí es donde encontraron a Christian, que consiguió escapar de un padre que le daba tales palizas por la noche que le ha dejado insomnio crónico. Se llevó a sus hermanos pequeños, pero vio morir a dos de ellos en la huida por deshidratación y por comer una rana venenosa. «He crecido con una cosa en la mente: la venganza a mi padre. Pero ya no». Christian ahora mantiene una lucha diaria consigo mismo por la supervivencia.
Uno de los barrios más pobres de Bacólod, en Barangay 1. LEAFHOPPER PROJECT
Ante este panorama, 2.753 entidades trabajan en todo el país para prestar asistencia a los menores maltratados o abandonados. Kalipay es una de ellas, opera en Bacólod, una ciudad ubicada en la isla de Negros Occidental, al sur de Manila, y está fundada por una descendiente de españoles, Anna Balcells. Es la entidad que acogió a Christian, Sarah y Airen y a casi 400 niños desde 2007. En esta isla fue donde hace 60 años su padre, Alberto, descubrió su “paraíso” a miles de kilómetros de la España de posguerra. La organización recibe apoyo de numerosos donantes españoles, entre ellos la Fundación Mapfre, dentro de sus programas internacionales, que ha invitado a EL PAÍS a conocerla. «Nosotros les acogemos en nuestras dos casas, les proporcionamos educación y seguridad. El resultado ideal es la reunificación con las familias, pero en muchas ocasiones eso no es posible», explica esta enérgica mujer en el español que aprendió de su padre y fortaleció durante más de una década trabajando en el sector turístico en Barcelona y Madrid. En 2017 había en Filipinas alrededor de 4.000 niños con posibilidad de ser adoptados, según los últimos datos del Gobierno.
Balcells describe escenas horribles: «Lo primero que hacemos es llevarles al hospital, y a partir de ahí empezamos a completar su expediente personal con toda la información. A veces hay que reconstruir sus vaginas. A muchos tenemos que enseñarles a vivir en una casa. Llegan a nuestros hogares y van directos a comer tierra, porque para ellos es lo mejor que pueden tener. Luego por la noche ves los gusanos saliendo de la boca. Muchos de ellos quieren volver con la madre que les ha torturado, que normalmente es alcohólica o drogadicta, porque eso para ellos es amor».
Christian consiguió escapar de un padre que le daba tales palizas por la noche que le ha dejado insomnio crónico. Se llevó a sus hermanos, pero vio morir a dos de ellos en la huída por deshidratación y por comer una rana venenosa
A veces recogen a estos pequeños en la calle, o bien les avisa la propia policía o las familias cuando ya no pueden más. Las mafias usan a muchos de ellos para pedir limosna o para traficar con ellos. Otro de sus destinos es vivir en la calle, donde terminan siendo un objetivo fácil de los abusos. La población en Filipinas se organiza en barangays (barrios). Muchos de ellos surgieron de modo informal pero han acabado teniendo jerarquía organizativa y sus presidentes, los captains, también se votan en elecciones. Para entrar y pasear por un barangay es necesaria la guía del captain. El del número uno, de los más pobres de Bacólod, se llama César Rellos. Él mismo reconoce que solo puede garantizar la seguridad en las calles que él gobierna y que todo aquel que quiera adentrarse en el que está justo al lado, lo hace a su suerte.
Su barangay tiene salida a una playa impracticable por toneladas de plásticos en la que dos niños tratan de volar una cometa que vivió tiempos mejores. Una sorprendente interpretación musical emana desde una construcción precaria a escasos metros. Es el karaoke del barrio, que cuenta con unos potentes altavoces que contrastan con el entorno. El intérprete se dispone a cantar Wake me up when September ends. Rellos se mueve por un entramado de callejuelas sin asfaltar, por donde pululan cientos de niños y abundan los pescados que se secan al sol, hasta el chamizo de Erlinda Barbasa. Unos pocos metros cuadrados encajonados en otras infraviviendas, con dos estancias entre las que no existe división y dos tablones que actúan como camas. Aquí vive con sus dos hijos mayores, a las pequeñas las dejó en Kalipay.
El centro Heaven, en el que viven decenas de niños rescatados del abuso y el abandono. LEAFHOPPER PROJECT
Lo hizo cuando estaban al borde de la desnutrición. Ella sola era incapaz de alimentar a la familia tras la muerte de su marido y sus padres, que la ayudaban económicamente tras el fallecimiento del esposo. Su hijo mayor no trabaja y el pequeño apenas puede porque sufre mareos y desmayos constantes. Un bulto de grandes dimensiones asoma en un lateral de su cuello, pero no saben qué es porque no han podido acudir al médico. «Mi mayor sueño es que mis hijas no acaben como yo, que estudien, trabajen y un día yo pueda ir a vivir con ellas», explica apoyando sus pies en un barreño con agua y un plato, una de sus escasas posesiones. Las pequeñas tienen la posibilidad de visitar a su familia, pero rara vez quieren permanecer más de un día.
¿QUÉ PASA DESPUÉS?
Aquí tratan también de prepararles para el después. «No podemos evitar que un niño se sienta aislado cuando vuelven al mundo real, el miedo siempre esta ahí. Les preparamos de forma gradual, lo importante es la motivación, les decimos que no pueden estar aquí siempre, pero les aseguramos que siempre estaremos cuando nos necesiten», explica Lemay, la asistente social. Johanna Daroy dirige Recovered Treasures: «La salida es lo que más me preocupa. Soy consciente de que todo el cariño y educación que les hemos dado aquí puede desaparecer y pueden irse por el mal camino. Necesitamos tiempo para prepararles, la mayoría son muy inmaduros cuando llegan a las 18 años». Daroy pone énfasis en enseñarles valores pero también nociones básicas sobre cómo manejar su dinero o relacionarse con la gente. La psicóloga reconocer que no puede «curarles» que su trabajo consiste en «darles herramientas para lidiar con su trauma y tener cierto nivel de paz».
El barangay del que proceden Sarah y Airen, las pequeñas que se enfrentaron a su padre violador en un juicio, es todavía más pobre y más peligroso, se llama Banago. Es una muestra de las grandes desigualdades de un país como Filipinas que ocupa el puesto 116 de 188 en el Índice de Desarrollo humano. También tiene salida al mar, que en este lugar cumple la función de retrete, aunque también sirve a los lugareños para sofocar el intenso calor y la humedad filipina. Las casas se mezclan con pequeñas tiendas e incluso con una sala de ordenadores en la que una decena de pequeños apura frente a máquinas anticuadas los escasos minutos de videojuegos que les proporcionan los diez pesos (17 céntimos) que pagan por cabeza. Es prácticamente la única forma de ocio en este lugar. Es época electoral y el barrio está literalmente empapelado con carteles con las caras de decenas de candidatos. Henry García, uno de sus vecinos de 54 años, los mira incrédulo: «Hacen muchas promesas pero luego se olvidan, si has nacido pobre, siempre serás pobre».
¿Cómo es posible que se den niveles tan altos de violencia en la familia? Muchas de las voces consultadas en este viaje a las raíces del abuso infantil apuntan a un maltrecho sistema de valores y a la influencia del alcohol y las drogas. «Toman drogas, beben licor cada día, llegan a una casa en la que las estancias no están separadas y pierden la cabeza, no saben lo que hacen», justifica Rellos, el captain del barangay 1. Los captains son muchas veces fundamentales para la investigación del caso que realizan los asistentes sociales y que luego presentan ante la policía para denunciar al abusador. «Nosotros no podemos tolerar estas situaciones así que somos muchas veces los que llamamos por teléfono para avisar de lo que sucede», apunta. Otro de los elementos preocupantes, señala Unicef, es que Filipinas tiene una de las edades de consentimiento sexual más bajas del mundo: 12 años.
La asistente social jefe de Kalipay, Adelle Lemay, sabe bien cómo funcionan los procesos judiciales. «Es un proceso duro. Reunimos pruebas forenses, es importante tener evidencias concretas, también hablamos y preparamos al fiscal porque tiene que saber cómo hablar con niños traumatizados y que ellos tengan confianza con él. Contamos con abogados que nos asesoran», detalla. Casi todo el peso probatorio de este tipo de procesos sigue recayendo en el testimonio de un menor aterrorizado que debe encontrarse en una sala con su maltratador y con una madre que normalmente apoya al marido. La impunidad sigue siendo la norma general.
Los que trabajan con estos niños y conocen a estas familias también apuntan a una creencia instaurada en esta sociedad por la que un hijo es propiedad de sus progenitores y pueden hacer lo que quiera con él. Lemay, lo explica así: «Creo que perseguir a los abusadores puede ayudarles a entender que no está bien lo que hacen, pero sigue habiendo muchos casos y no tenemos el control. No importa si son ricos o pobres, porque pasa siempre. Creo que hay que fijarse en el sistema de valores». En una encuesta realizada por el Gobierno, el 34% de los niños que no denunciaron, no lo hicieron porque no vieron nada anormal en sufrir violencia por parte de su familia.
Una clase en Recovered treasures, donde se consigue que los menores completen su educación. LEAFHOPPER PROJECT
Las heridas que dejan años de abusos son difíciles de curar, a veces es imposible. Chabeli Coscolluela es psicóloga y trata a estos niños: «Los efectos que encontramos son baja autoestima, se culpan a sí mismos por haber sido abusados, algunos quedan afectados cognitivamente, los casos más extremos desarrollan desórdenes como estrés postraumático, depresión, ansiedad… Algunos sufren retraso mental como consecuencia de los golpes y siempre tiene problemas de confianza con la gente». Algunos hablan, otros se niegan, con otros la terapia consiste en jugar o pintar.
En centros como Kalipay encuentran su pequeña burbuja de protección. El complejo principal se llama Recovered Treasures. Un enorme terreno en el que caben los dormitorios, un colegio con todos los niveles hasta la universidad, la casa de las cuidadoras y un comedor. Se ubica en medio de enormes campos de arrozales, algunos de ellos propiedad también de la organización. En la aldea cercana un grupo de chavales juega al baloncesto, «la obsesión nacional», describe Anna Balcells. Una construcción semiderruida actúa como iglesia y al lado un vecino narra el partido con un micrófono y unos potentes altavoces. En general el pueblo se compone de chozas poco resistentes y caminos de tierra. Es importante que este tipo de entidades tengan una estrecha relación con los lugareños para tener su apoyo en su labor. Los chavales que viven en Recovered Treasures tienen incluso un equipo de baloncesto que compite con el de los vecinos.
La organización ha creado su propio sistema de enseñanza adaptado a las circunstancias de estos alumnos y ha firmado un convenio de enseñanza con la Universidad de Santo Tomás, la más antigua de Asia. El 96% de los niños filipinos empiezan primaria pero solo el 37% acaba secundaria. El gobierno da una paga a las familias que llevan a sus hijos a la escuela.
Gino y Bubbles, que provienen de familias desestructuradas y acabaron licenciándose y casándose. LEAFHOPPER PROJECT
Micaela, de 20 años, también se crió en esta organización y ahora va a estudiar trabajo social en la universidad. Su madre está en prisión y los servicios sociales se hicieron cargo de ella y sus hermanas cuando era muy pequeña. «Quiero tener un trabajo y ayudar a otros niños que han pasado por lo mismo que yo», afirma entre lágrimas. El mayor logro del sistema, uno que no siempre es posible, lo encarnan a la perfección Gino y Bubbles, de 23 y 24 años. Ambos proceden de familias desestructuradas y crecieron bajo la tutela de esta organización. Los dos se licenciaron: ella trabaja como profesora de niños con necesidades especiales en Kalipay.
Tuvo la oportunidad de marcharse a trabajar a un colegio en otra ciudad, pero quiso ayudar a otros niños en los que se vio reflejada. Él es delineante, su jefe está encantado con su tarea. «Desde el momento en el que la vi, me llamó la atención, y luego me enamoré de ella», cuenta Gino con timidez. Hace un año se casaron y esperan su primer hijo. «Le contaré a nuestro hijo o hija de dónde vienen sus padres, le daremos todo el cariño, y sé que va a sentir orgullo de nosotros».
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Reportaje A Fondo
Las heridas y los interrogantes que siguen abiertos tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia
El operativo de la extinta guerrilla del M-19 y la reacción militar, en pleno centro de Bogotá, dejaron un centenar de muertos, una docena de desaparecidos y una cúpula judicial masacrada
Bogotá.-“Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es dramática.(…) Divulgue a la opinión pública eso, para que el presidente dé la orden”, suplicó Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en Radio Todelar. Era la tarde del 6 de noviembre de 1985 y la sede de la cúpula de la rama judicial de su país, el Palacio de Justicia de Bogotá, era un campo de guerra. 35 guerrilleros del M-19, un grupo de origen urbano y dado a los golpes mediáticos, había entrado a sangre y fuego con la bandera de obligar a los magistrados a hacer un “juicio” al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de haberlos traicionado en una negociación de paz que ya estaba abocada al fracaso. La reacción, que el mandatario dejó en manos de los militares, fue incluso más sangrienta. El edificio terminó calcinado, 11 de los 25 magistrados de la Corte Suprema fueron asesinados, miles de expedientes de todo tipo se perdieron.
En una larga historia de violencia política como la colombiana, los hechos del Palacio siguen especialmente vigentes. Incluso más que otros episodios más mortíferos y más recientes. En 1989, por ejemplo, el narcotraficante Pablo Escobar hizo estallar un avión que despegaba de Bogotá a Cali, y dejó 110 muertos. En 2000, paramilitares asolaron el corregimiento de El Salado, en la región Caribe, y dejaron más de 100 personas muertas, según la Fiscalía. Y en 2002, la guerrilla de las FARC atacó la iglesia del pueblo de Bojayá, en el Chocó, y asesinaron a por lo menos 74 civiles. Las circunstancias, por el lugar del ataque, la importancia política de las víctimas o la visibilidad de lo ocurrido, marcan la diferencia. Y por eso un episodio que en Colombia se ha denominado “holocausto” ha ocupado una atención en el periodismo o en las artes, solo comparable el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, y el posterior Bogotazo.
Además, la rama judicial ha sentido el ataque como un dolor permanente. Los magistrados asesinados eran colegas, profesores, jefes e incluso familiares de muchos abogados de las siguientes generaciones, y su muerte dejó una impronta que aún hoy lamente la justicia.
Además de esa herida abierta, el debate por la toma y la retoma es tan vigente y pugnaz que de él participa el presidente Gustavo Petro, quien fue miembro del mismo M-19 y, si bien no participó en la toma, ha defendido un relato que reduce la responsabilidad de sus antiguos camaradas. Es tan sensible el asunto que recientemente una juez ordenó eliminar un diálogo de una película sobre el Palacio; es tan vigente que este miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha propuesto una nueva norma “que a los militares que participaron en el rescate del Palacio de Justicia, condenados o todavía en investigación o juicio, les conceda todos los beneficios equivalentes a una sentencia absolutoria”.
La actualidad de lo ocurrido hace cuatro décadas pasa por las preguntas sin respuesta. Una de ellas tiene que ver con la protección de los magistrados. Pese a que se había develado un plan de la guerrilla para atacar el Palacio, una noticia que había llenado titulares de prensa, y a que varios magistrados habían recibido amenazas de muerte, la seguridad del Palacio había sido reducida el 5 de noviembre. “Yo quisiera tener la respuesta a la pregunta de quién dio esa orden”, dice Ángela María Buitrago, exministra de Justicia y quien como fiscal lideró la investigación penal por las desapariciones forzadas de una decena de personas, en manos de militares.
Ceremonia de entrega de los restos mortales de Gloria Isabel Anzola, una de las víctimas femeninas del asalto, en Bogotá, el 10 de diciembre de 2019.Juancho Torres (Anadolu Agency via Getty Images)Otra pregunta sin respuesta clara son los motivos del ataque. El M-19 emitió una proclama desde el Palacio sobre la que llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. “Convocamos al juzgamiento público de unas minorías apátridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionando las exigencias de progreso y de justicia social a la nación entera”, dice en una de sus frases centrales, para luego exigir a los principales medios de comunicación la difusión del proceso que soñaban. “Señores magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad, de cara al país, y en su condición de gran reserva moral de la República, de presidir un juicio memorable”, se lee más adelante.
Pero la sombra del narcotráfico ha planeado sobre lo ocurrido desde 1985, pues los guerrilleros coincidían en una demanda de los narcotraficantes. “Mediante un impopular escandaloso Tratado de Extradición, se entrega nuestra juricidad –la más creciente y novedosa de todas las entregas–, que es golpe mortal contra la soberanía nacional», se lee en la misma proclama. Aunque, sobre todo personas cercanas a Pablo Escobar han dicho que el capo pagó a la guerrilla por el ataque, intentando evitar que la Corte Suprema avalara ese tratado, al que se oponían a sangre y fuego. Quien fuera al lugarteniente, Jhon Jairo Velásquez, Popeye, es una de esas fuentes; otras han sido Virginia Vallejo, amante del narco, o el jefe paramilitar Carlos Castaño. La pregunta sigue en el aire, pues no hay pruebas ni es claro que una atrocidad de ese tipo tuviera el efecto esperado. Lo más cercano a una respuesta, de acuerdo con una Comisión de la Verdad conformada por las altas cortes en 2005 para esclarecer los hechos del Palacio, es señalar esta como una hipótesis probable. “Todo indica, entonces, que hubo conexión del M-19 con el Cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia”, se lee en su informe final.
Un tercer interrogante es hasta dónde los militares asumieron el poder real durante esas horas. El entonces ministro de Justicia, el político liberal Enrique Parejo, argumentó que se dio un vacío de poder, en el que fueron los generales quienes decidieron qué hacer. Pero su entonces colega de Gobierno, Jaime Castro, publicó un libro dedicado a argumentar que no hubo tal, y que la decisión de responder con la fuerza vino de Betancur y su Gobierno, que temía que darle juego a los guerrilleros hubiera llevado a que estos lograran un levantamiento popular y se tomaran el poder.
El cuarto interrogante gira alrededor de la responsabilidad por cada asesinato, cada desaparición, cada decisión en las más de 27 horas de combates e incendios. Investigadores, periodistas e interesados se han topado con todo tipo de problemas para encontrar pruebas suficientes de lo ocurrido. En algunos casos, los testigos dan versiones encontradas; en otros, los testigos han muerto -esos días, o en las cuatro décadas que han pasado-; en unos más, la falta de pruebas de balística o la manipulación del Palacio por policías y militares antes de que llegaran los funcionarios judiciales impide tener las suficientes pruebas técnicas.
Quizás la más significativa de las preguntas sin respuesta, que va de lo judicial a lo político, es si los militares sabían que el M-19 iba a hacer el ataque y lo permitieron, para así poder golpear con fuerza al M-19 en lo que algunos han llamado “operación ratonera”. Aunque los generales lo han negado de forma reiterada, los tres magistrados que lideraron entre 2005 y 2010 una comisión para investigar los hechos, le dan crédito a la ida. “La Comisión de la Verdad considera esta hipótesis como una de las más probables”, se lee en su informe final. Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla señalan que el Ejército estaba “vejado en su dignidad” y “herido en su amor propio” por acciones pasadas de una guerrilla especialmente mediática. Otros han adicionado que los militares estaban molestos con el presidente, que había adelantado diálogos de paz sin consultarles y contra su opinión.
Lo más complejo, según la exministra Buitrago, es que las respuestas a esas preguntas han variado, dejando un legado de desconfianza y poca credibilidad, como cuando los militares negaron conocer el plan del M-19. Y eso mantiene vivas y abiertas las heridas.
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Reportaje A Fondo
Virginia Laparra, exfiscal guatemalteca: “Fui a la cárcel por una persecución política contra mí”
Detenida en 2022 tras denunciar corrupción judicial, vive ahora en el exilio y denuncia una estrategia sistemática para silenciar a quienes luchan contra la impunidad
Virginia Laparra (Quetzaltenango, Guatemala, 45 años) luchó durante años contra la corrupción en su país. Miembro de la Fiscalía Especial contra la impunidad, una institución auspiciada por Naciones Unidas para investigar las redes corruptas en las altas esferas del poder, fue detenida en 2022 por denunciar a un juez que había filtrado información confidencial. La acusación le valió una condena de cuatro años de cárcel, de la que cumplió casi la mitad, en un proceso que Amnistía Internacional calificó de represalia política y que finalmente la empujó al exilio. “La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable” e “iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás”, afirma durante una reciente entrevista en Madrid, en el marco de un viaje a Reino Unido para recoger el Sir Henry Brooke Award, un reconocimiento internacional a su labor como defensora de derechos humanos.
Pregunta. Desde el año 2000, decenas de funcionarios del Poder Judicial se han exiliado de Guatemala. ¿Existe una persecución política contra los juristas?
P. Usted se exilió tras pasar dos años en la cárcel. ¿Cómo la detuvieron?
R. Tenía que viajar a Ciudad de Guatemala desde Quetzaltenango para una audiencia. Salí temprano de la oficina, pero me encontré con una escena propia de la captura de un narcotraficante: patrullas cruzadas, militares con armas largas y pasamontañas. Me estaban esperando y me dijeron que había una orden de detención contra mí.
P. ¿De qué la acusaban?
R. De haber denunciado administrativamente actos de corrupción cometidos por el juez Lesther Castellanos, que resultó ser efectivamente corrupto. Denunciar administrativamente a un juez no puede ser considerado un delito. Y lo hice, en 2017, porque había filtrado información confidencial de un caso de corrupción ya cerrado.
P. En su primera condena, a cuatro años de cárcel, Amnistía Internacional la consideró una prisionera de conciencia.
R. Fui a la cárcel por una persecución política contra mí, no por una causa jurídica. El fin era mandar un mensaje: que luchar contra la corrupción de alto nivel tiene consecuencias. Yo sabía que podía terminar en prisión, porque desde 2018 y hasta mi detención, sufrí años de hostigamiento constante con campañas de difamación contra mí y mensajes amenazantes en redes promovidos por el juez y la Fundación Contra el Terrorismo.
P. ¿Quiénes forman esta fundación?
R. La crearon militares con el fin de defender a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, como al [exdictador Efraín] Ríos Montt.
P. ¿Qué ocurrió tras su detención?
R. Me llevaron a la capital [Ciudad de Guatemala] para mi audiencia [ante el juez] en una patrulla durante la madrugada. En el camino, uno de los agentes me dijo: “No sabemos si va a salir viva de ahí”. Más que amenaza, fue una advertencia de lo que sabían que podía pasarme en el sistema penitenciario. Me aconsejaron que hablara lo menos posible. Yo era la quinta de cinco fiscales que capturaron aquel mes. Pero mientras mis compañeras esperaron a su comparecencia ante el juez en un lugar habitual de detenciones, a mí me llevaron a una carceleta.
P. ¿Qué es exactamente?
R. Es donde llevan a los presos peligrosos y es como una jaula en la que no tienes ni espacio para pararte, porque hay demasiadas personas privadas de libertad. Me mantuvieron toda una noche y, cada vez que intentaba conciliar el sueño en el piso, me levantaban y me despabilaban. Después me ingresaron en la Cárcel Militar Mariscal Zavala y, tras unos días, con mis cuatro compañeras.
La exfiscal guatemalteca Virginia Laparra, en la sede de Madrid de Amnistía Internacional.
Álvaro García
P. Estuvo presa casi dos años.
R. Fui la primera de mis compañeras en recibir la condena y la última en salir. Pero todas nosotras nos negamos a aceptar los cargos que nos imputaban.
La experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Otras personas sí los aceptaron?
R. Sí, eran obligados a aceptar los cargos a cambio de dejarlos en libertad. Les decían que si no lo hacían terminarían como yo. Y no los juzgo, porque la experiencia en la cárcel es ensordecedora e inaguantable.
P. ¿Cómo le afectó?
R. En todos los sentidos. Si con el trato tan cruel que recibí en prisión yo no estoy muerta o [el periodista] José Rubén Zamora no está muerto es porque nos hemos aferrado a algún impulso para seguir viviendo. En mi caso, sobreviví porque mis hijas me hacían prometerles, cada que venían, que seguiría allí la próxima vez que pudieran regresar.
P. Pero su salud se deterioró.
R. Sí, fue degenerando considerablemente. El primer año me negaron totalmente la asistencia médica, y cuando por fin logré que me llevaran al hospital, tuvieron que operarme y quitarme la matriz. Después, me tuvieron que hacer otras cuatro operaciones de emergencia. No me dieron ni la posibilidad de recuperarme, porque tras la operación, me mandaban a la prisión. Pero, además, la estancia en prisión te afecta mucho emocionalmente cuando eres madre y no puedes seguir cuidando a tus hijos.
Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida
P. Otras cuatro mujeres fueron encarceladas con usted. ¿Había un ataque concreto contra las mujeres?
R. Es evidente, porque nosotras éramos más fáciles de encontrar. Tres teníamos hijos menores de edad y otra compañera estaba a cargo de sus papás. Nuestro rol familiar hacía más probable que no nos escondiéramos. Pero, además, nos fotografiaban en las audiencias y difundían nuestras imágenes en redes para difamarnos.
P. ¿En qué momento decidió exiliarse?
R. Tras salir bajo arresto domiciliario, me dediqué a litigar el segundo proceso abierto en mi contra. Me condenaron de nuevo en junio de 2024 a cinco años de prisión y tenían al menos otros cinco procesos abiertos contra mí en el Ministerio Público. Era evidente que en la próxima audiencia judicial iban a ordenar mi detención y que iban a hacer todo lo posible para no dejarme salir jamás.
P. ¿Cómo pudo salir?
R. Estaba en arresto domiciliario y no podía salir del país, pero lo hice. Tuve que dejar a mis hijas y ahora no puedo regresar a mi país. Nadie se exilia voluntariamente. Es lo último que te queda para poder defender tu vida.
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Reportaje A Fondo
La ONU alerta de «hambre récord» en Haití y asegura que las necesidades se disparan
EFE
Proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda
Puerto Príncipe.-El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas alertó este jueves de que la escalada de violencia, los desplazamientos, la inestabilidad económica y las interrupciones en la producción local de alimentos están provocando un «hambre récord» en Haití, con millones de personas en riesgo, lo que hace que las necesidades se disparen.
Según un comunicado de esta agencia de la ONU, el último informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC en sus siglas en inglés) proyecta que hasta junio próximo una cifra récord de 5.7 millones de personas, más de la mitad de la población, experimentarán inseguridad alimentaria aguda.
De ellas, se prevé que poco más de dos millones afronte hambre en nivel de emergencia y que 8,400 personas encaren el nivel de catástrofe, el más crítico de inseguridad alimentaria con escasez extrema de alimentos, desnutrición aguda grave y riesgo de inanición.
Ante esta situación, el PMA y sus socios han extendido de forma significativa sus operaciones en Haití, alcanzando a más de 1.3 millones de personas en lo que va de año, de ellas un millón en marzo, lo que supone una cifra récord de ciudadanos asistidos en un solo mes, pero, advirtió la organización, «las necesidades superan los recursos disponibles».
Este 2025 esta agencia de Naciones Unidas ya ha suministrado 740,000 comidas calientes a más de 112,000 personas recientemente desplazadas, así como dinero en efectivo para alimentos y apoyo para prevenir la desnutrición infantil, además de haber conseguido acceder a zonas controladas por los grupos armados y entregar alimentos esenciales a comunidades de difícil acceso en Croix-des-Bouquets, Cité Soleil, Lower Delmas y La Saline.
«En este momento, luchamos para contener el hambre. Sin los inmensos esfuerzos que ya se están realizando, la situación sería mucho peor», dijo la directora de País del PMA en Haití, Wanja Kaaria.
Violencia extrema
«Para seguir el ritmo de la creciente crisis, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que brinde apoyo urgente; sobre todo, el país necesita paz», agregó Kaaria, quien afirmó que el PMA necesita urgentemente 53.7 millones de dólares para continuar sus operaciones vitales en Haití durante los próximos seis meses.
Haití vive una crisis multidimensional y una violencia extrema, en especial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, en un 85 % bajo control de las bandas armadas.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSSM), liderada por Kenia y con el aval de la ONU, no ha conseguido resultados tangibles frente a esta violencia, que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares y convertirse en desplazadas.
- En 2024 la violencia causó en Haití al menos 5,626 muertos (un millar más que el año anterior), 2,213 heridos y 1,494 secuestrados, según datos verificados por la ONU.
A finales de marzo pasado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, informó de que al menos 4,239 personas fueron asesinadas y 1,356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero, pese al embargo de armamento impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.