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Conep se reune con el JCE y dice estar preocupado por situación actual.
La Junta Central Electoral (JCE) se reunió con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para tratar el tema de las recién celebradas primarias simultáneas.
Tras concluir el encuentro que duró aproximadamente dos horas, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, expresó que aunque la entidad no es un partido político tienen el interés y la preocupación del panorama actual.
Explicó que durante el encuentro el presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, les hizo una serie de explicaciones detalladas de todo el proceso.
Dijo que hay cuestionamientos que se están haciendo y se han hecho públicos que les fueron respondidos por el pleno.
«Nosotros hemos hecho pública la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada y las asociaciones que forman parte del mismo, como ha dicho el presidente del Conep le reiteramos esa posición, hemos escuchado a varios de los actores que han venido participando y quiero señalar que el Consejo Nacional de la Empresa Privada no es un partido político y tampoco fue un observador directo en este proceso de primarias, más bien representa un sector de la sociedad que está interesado y preocupado por lo que está ocurriendo, por eso nuestra participación» precisó el dirigente empresarial.
En el encuentro estuvo el presidente del Conep, Pedro Brache, quien estuvo acompañado de César Dargam, vicepresidente ejecutivo; Roberto Herrera, tercer vicepresidente; Marisol Vicens, vicesecretaria de la Junta Directiva; José Luis Magadán, vicetesorero, así como Samuel Conde y Franklin León, directores.
Castaños Guzmán estuvo acompañado por los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Atención Permanente de Santiago, que preside la jueza Wendy Altagracia Tavárez, impuso este lunes tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un dominicano que fue deportado desde los Estados Unidos, involucrado en al menos siete homicidios en Santiago.
Andry Josué Vargas Núñez, conocido como Juan Bosch, debe cumplir la sanción en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pino, en La Vega.
La medida fue impuesta al imputado por el asesinato a tiros de Diovel Leonel Fernández Pérez (Guccy), durante un incidente ocurrido en marzo del 2022 en el sector La Yagüita de El Ejido, en las proximidades del Parque Central de Santiago.
Al procesado también lo acusan por sus vínculos, en noviembre de ese mismo año, a una balacera donde murieron cinco personas en la misma barriada.
De acuerdo a la investigación, Vargas Núñez, de 26 años, escapó a Estados Unidos tras participar en esos casos. Fue detenido este año en esa nación y deportado al país el pasado mes de octubre.
Otros hechos delictivos
Además de los homicidios, Vargas Núñez figura en el sistema policial con dos registros por atracos, en enero y marzo del año 2018.
Santo Domingo, R.D.-La importación de alimentos sin aranceles en caso de emergencia o de pandemia podrá ser posible por la recién aprobada Ley de Seguridad Alimentaria, que busca modificar una normativa promulgada en el año 2016, que abriría las puertas para que un consejo de funcionarios pueda recomendar al Poder Ejecutivo la referida medida.
En la gestión del presidente Luis Abinader, el Congreso aprobó una ley para liberar de impuestos más de 60 alimentos y estudió sin éxito otro proyecto que permitiría importar sin aranceles el azúcar.
La pieza que aprobó el jueves la Cámara de Diputados establece que el Consejo Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) tendrá, entre sus nuevas funciones, la atribución de recomendar al presidente «la suspensión de las obligaciones arancelarias» para importar alimentos en momentos de emergencia.
Según la iniciativa, las medidas especiales solo serían aplicadas en caso de que el producto sea impactado adversamente, cuando se perjudique la seguridad alimentaria y nutricional del país y cuando se pueda afectar la seguridad económica y los intereses esenciales del Estado.
Otros aspectos
Aparte de la importación de alimentos, la pieza también busca el cumplimiento en la calidad de los alimentos que se consumen en el país, el acceso a la comida, la estabilidad de la oferta sin fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos.
«La seguridad alimentaria solo se cumple cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos nutritivos e inocuos para satisfacer sus necesidades alimentarias», establece el proyecto depositado por el presidente Abinader.
Aunque fue aprobado sin ningún obstáculo por la mayoría que ostenta el PRM en ambas cámaras, los opositores no votaron por la pieza por considerar que «lesiona» las funciones del Congreso.
El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara baja, Rafael Castillo, expresó que el proyecto le quita funciones al Congreso que, según dijo, es el órgano facultado para recomendar o autorizar la importación de alimentos sin aranceles.
Santo Domingo, R.D.-Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Isis Muñiz, Luis Omar Jiménez y Delio Germán, deliberaban esta noche para decidir la suerte de la solicitud de variación de medida de coerción hecha por el exdirector del Intrant, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.
Se espera que esta noche los magistrados adopten una decisión sobre la solicitud presenta, en la que estos piden una medida de coerción menos gravosa a la prisión preventiva. El Ministerio Público, en cambio, solicita mantener la coerción ya dictada.
El pasado 10 de octubre, los involucrados en el llamado caso Intrant fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres de San Cristóbal con 18 meses de prisión preventiva por supuestamente ejecutar de forma fraudulenta el contrato de 1,317 millones de pesos para instalar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Gómez, Beras y Padovani son señalados por el Ministerio Público de pertenecer a una supuesta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Las presuntas irregularidades en la licitación giran en torno al contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, el cual fue adjudicado a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.