Análisis Noticiosos
Leonel prepara discurso de ruptura que crearía nuevo escenario político
Por Juan Bolívar Díaz
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Esta semana quedó definitivamente configurada la división del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras las denuncias de fraude en la elección de Gonzalo Castillo como su candidato presidencial por parte del expresidente Leonel Fernández y el repudio que éste recibió de los dos organismos superiores de la organización.
Al caer la semana ambas partes parecían preparadas para lo que ya consideraban inevitable, y “cuanto antes mejor”, y en la cercanía del presidente del PLD se confió que él está preparando un “discurso histórico” para justificar su ruptura, mientras cinco partidos están listos para proclamarlo de inmediato candidato presidencial para los comicios de mayo próximo.
Está sellada la división
Tal como se había advertido, la frágil taza en que había devenido el partido gobernante por la encarnizada lucha entre dos facciones quedó rota por los estrechos resultados de la elección de su candidato presidencial zanjada con una diferencia de 1.4% en favor de Gonzalo Castillo, considerado delfín del presidente Danilo Medina y tras la irrupción casi total del gobierno para imponerlo ante Leonel Fernández, quien durante los últimos años buscó desenfrenadamente una cuarta postulación después de tres períodos de gobierno, los últimos dos entre 2004-12.
Con Castillo ya proclamado candidato por la Junta Central Electoral (JCE) Leonel denunció fraude en dos discursos el lunes, el segundo encabezando una manifestación ante ese organismo, al cual responsabilizó de no haber atendido los reclamos de que auditara previamente los equipos y programas del voto automatizado que rigió la elección primaria del 6 de octubre. Recibió una respuesta considerada excesiva del presidente del organismo, que sin embargo anunció ahora una licitación para realizar una auditoría que tomaría meses.
Gonzalo Castillo con dirigentes del PLD.La rueda de prensa de 21 de los 35 miembros del Comité Político del PLD la noche del martes marcó la “línea de Pizarro” en el enfrentamiento, pues no sólo defendieron la victoria de Gonzalo Castillo, sino que también repudiaron a “quienes no han aceptado la voluntad de la mayoría, haciendo acusaciones infundadas de fraude electoral, atacando las instituciones electorales y proyectando una sensación de crisis totalmente artificial”. Le siguió un comunicado en términos similares, suscrito por 370 de los 613 miembros del Comité Central, equivalentes al 60 por ciento, condenando a “quienes no son capaces de aceptar humildemente su derrota”. Todo se consumó el jueves con la juramentación de los electos tras la proclama de la Comisión Nacional Electoral del partido.
“Discurso histórico” de Leonel Fernández
La decisión de ruptura de Leonel habría sido tomada desde el salto final que revirtió la tendencia del cómputo al anochecer del 6 de octubre, cuando él y los suyos quedaron convencidos de que “Danilo no sólo utilizó el Estado, sino también el fraude para imponer a su delfín e instaurar su dictadura”, según lo describió uno de los más cercanos del expresidente. Incluso parte de los leonelistas que fueron electos candidatos al Congreso y los municipios, aún de los que se juramentaron, estarían dispuestos a seguir los pasos de Leonel, convencidos de que tienen suficiente respaldo para postularse por otro partido y competir, y de que si se quedan serán boicoteados por los danilistas. Entre quienes no se juramentaron estaba el alcalde de Santiago Abel Martínez, aunque sí el senador de San Juan Félix Bautista, ambos íntimos de Leonel.
Leonel Fernández.La senadora peledeista por La Romana, Amarilis Santana, dijo que Leonel sostuvo una reunión con los que resultaron electos y les pidió que se mantuvieran en el partido, aunque “estábamos dispuestos a irnos donde él considere” y que él dijo que les agradecía, que habían hecho muchos sacrificios, que él va a echar el pleito, pero “no quería arrastrarnos a lo que venía”. El mismo día se anunció la renuncia a cargos gubernamentales de Bautista Rojas, el embajador Joaquín Gerónimo y el doctor Gustavo Rojas, vínculados a Fernández, mientras era sustituído el embajador ante la OEA, Gedeón Santos, danilista que se opuso a la reelección de Medina y ponderó a Leonel en sendos artículos de los últimos meses.
Desde el lunes el expresidente anunció que en próximo discurso se referiría a la situación de su partido, y uno tan cercano como el diputado Rubén Maldonado llegó a informar que sería la noche del jueves. Pero ayer otro allegado aseguró que el líder político se toma el fin de semana preparando “un discurso histórico” para justificar su salida del PLD, tras explicar que ambas partes prefieren afrontar cuanto antes lo que ya estiman irremediable, para reducir los costos.
Abrirán un tercer polo
Cinco partidos están listos para proclamar la próxima semana la candidatura presidencial de Leonel Fernández, han confiado dirigentes de los mismos. Pelegrín Castillo, primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, lo dio por hecho en entrevista por Uno+Uno de Teleantillas. Los otros serían el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Partido de los Trabajadores Dominicanos y Partido de la Unidad Nacional, integrantes de un bloque que denominan Ganar. Hasta el Partido Reformista Social Cristiano ha sido mencionado, donde hay corrientes que lo favorecen, aunque otras son partidarias de pactar con Danilo Medina y con el PRM.
Leonel estaría alentado por la convicción de que fue favorecido por más de la mitad de los miembros y simpatizantes del PLD, gran parte de los cuales “lo preferirían al improvisado Gonzalo”. Confían en que “el león se lo comerá en una campaña de medio año”. Apuestan a una segunda vuelta contra Luis Abinader, o en el peor de los casos a conseguir una fuerte representación municipal y congresual que mantenga vivo “a quien ya nada puede esperar en el PLD”. Una especie de Rafael Caldera quien fueran candidato presidencial cinco veces, que gobernó a Venezuela entre 1969 y 74, y cuando luego perdió la candidatura de COPEI, el partido que fundó y llevó por primera vez al poder, fue postulado por varios partidos menores y grupos políticos-sociales, y volvió a gobernar 1994-99. La crisis de COPEI y de Acción Democrática, los dos partidos mayoritarios, desembocó entonces en el ascenso del presidente Hugo Chávez.
La subestimación de la candidatura de Gonzalo estaría olvidando el poder del gobierno en las campañas electorales, como quedó demostrado hasta en la primaria reciente. Aunque con dos polos opuestos, leonelistas y perremeistas, se podría reunir suficientes fuerzas para obligar a contener al Estado o provocar una crisis preelectoral.
Impedimento legal de Leonel Fernández
Abogados vinculados a Fernández, como Namphy Rodríguez, quien preside la Fundación Prensa y Derecho, y hasta el independiente y acreditado jurista Enmanuel Esquea, han sostenido que al presidente del PLD no se le puede aplicar el artículo 49.4 de la Ley de Partidos que prohíbe la postulación de alguien que en el mismo proceso electoral “haya participado como candidato por otro partido”, porque él fue sólo precandidato. La ley del Régimen Electoral, artículo 134, también lo prohíbe, bajo el epígrafe de “transfuguismo”, al indicar que “las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas” por un partido al que pertenezca, “no podrán ser postuladas por ningún otro partido” en el mismo proceso electoral. Este también es confuso, porque choca con las alianzas, aunque es obvio que el espíritu de ambos artículos es prohibir el salto de un partido al otro en el mismo proceso.
Franklin Almeyda Rancier, dirigente del PLD, seguidor de Leonel Fernández.Sin embargo, los defensores de la postulación de Leonel por un bloque de partidos reconocidos podrían hallar amparo en las declaratorias de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Partidos en base al predominio del derecho constitucional de todo ciudadano a elegir y ser elegido, por ejemplo el artículo que condicionaba una candidatura a tener un tiempo de militancia en el partido, o el que prohibía a los nuevos partidos aliarse a otros en su primer participación electoral.
Una fuente jurídica indicó que si la JCE no acepta la candidatura de Leonel, se irían al Tribunal Superior Electoral, que tiene una jurisprudencia en su sentencia del 18 de abril del 2012, en instancia contra la Ley 136-11, del voto en el exterior, la cual estableció que “los derechos electorales encierran la capacidad objetiva de todos los ciudadanos para elegir y ser elegidos sin otras limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República”. Esa sería la vía más rápida, pero en última instancia el TC tendría que ratificar la prevalencia del derecho constitucional de esos partidos a postular al ciudadano preferido, y el de Fernández a ser elegido.
Escenario de doble vuelta
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró sus primarias sin inconvenientes.En cualquier caso, la fortaleza mostrada por Leonel Fernández en la votación primaria configura un escenario de doble vuelta al romper con el PLD, sobre todo a la luz del fortalecimiento que registra el PRM, que salió de la misma prueba sólidamente unido en torno a la candidatura de Luis Abinader, que en el último año ha aparecido en las encuestas en proceso de consolidación como opción presidencial para el 2020.
Abinader se mueve rápidamente promoviendo una coalición no sólo de partidos políticos, sino también de grupos sociales, tratando de recuperar las insatisfacciones expresadas en múltiples ámbitos, como en el movimiento Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. El proyecto de coalición, impulsado desde inicios del año, ya tiene consensuados unos “Lineamientos básicos para un gobierno de regeneración nacional”, al que concurrirían entre cinco y seis partidos y varios agrupamientos políticos.
Cualquiera que sea el nivel de éxito de Fernández sería a costa del PLD, con un candidato presidencial sin mayor experiencia ni entrenamiento, y haría imposible una reunificación para segunda vuelta. Porque tanto él como el presidente Medina tendrían en juego su supervivencia política, más allá de los resentimientos que los han separado. Si algo queda claro es que se presenta un panorama incierto para las elecciones del 2020, la primera, municipal, a sólo cuatro meses.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.