Opinión
Pacto por la real democracia
Por Juan Bolívar Díaz
Las perspectivas políticas para el proceso electoral del venidero 2020 apuntan a una delicada situación que pondrá en juego no sólo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social, por lo que se impone un despertar de la sociedad civil que obligue a moderar los arrebatos, los abusos del Estado y las desmesuras políticas.
Las perspectivas apuntan al traumático proceso electoral de 1994, cuando la sociedad mostraba fatiga por las imposiciones de Joaquín Balaguer, quien ciego y casi paralítico impuso una vez más su vieja maquinaria de manipulación de las instituciones estatales y fraudes para mantenerse en el poder. Su desaforad ambición causó un trauma electoral que desestabilizó la sociedad, generó una abierta participación de poderes internacionales y sacó del inmovilismo a importantes sectores sociales, temerosos entonces de las graves amenazas que sufría la nación. La crisis tuvo que ser saldada con un Pacto por la Democracia.
Amplios sectores sociales sumaron energías a los partidos y líderes políticos que, como José Francisco Peña Gómez, venían propugnando por cambios institucionales y sociales, varios de los cuales fueron incorporados a la Constitución de la República, y en los años siguientes se tradujeron en un mejoramiento de la justicia y concertaciones para cambios que incluirían la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y otras legislaciones para un nuevo sistema presupuestario y financiero y para la transparencia.
Con el nuevo siglo, la política volvió a degenerar y se perdió el impulso concertador para devenir en un andamiaje de control casi total de todas las instituciones del Estado por un solo partido que auspició el desmembramiento de la competencia partidista, la cooptación de muchos líderes y cuadros de todos los ámbitos sociales y un gran control de los comunicadores y medios de comunicación.
El Partido de la Liberación Dominicana devino en una poderosa corporación que ahora acaba siendo víctima de sus propias mañas, de las infinitas ambiciones de un caudillismo que sustituyó los organismos, sin el menor respeto por los procedimientos democráticos, los pactos, las leyes y hasta la Constitución de la República.
En medio de los estertores de una profunda división, el presidente Danilo Medina ha pronunciado un discurso que se erige ominoso sobre el porvenir inmediato. Empeñado en confundir el Estado con su ambición personal, utilizando todos los recursos del poder, ha impuesto un candidato en su partido y anuncia que lo llevará a la presidencia de la nación.
La desmesura es tanta que el mandatario consideró que su candidato no tenía que hablar a un asamblea de su partido convocada para dirimir las consecuencias de su imposición, y él se comprometió públicamente a llevarlo al poder. Con tanta confusión que al final proclamó que “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo voy a ganar las elecciones”, como si él fuera candidato presidencial.
Dada la experiencia, lo menos que pueden hacer los opositores, ahora reforzados por la mitad del PLD, es exigir un juego democrático limpio, sin la irrupción del Estado, sin que el presidente confunda las instituciones estatales con su facción política, sin que utilice el presupuesto, ni el funcionariado para aplastar a los demás contendientes.
Hay claras señales de que la oposición política no está dispuesta a volver a los mataderos electorales. Ya el candidato presidencial Luis Abinader advirtió el domingo que aquí tiene que haber una competencia equitativa y limpia, para que no se ponga en juego la paz social. Guillermo Moreno también reclama condiciones elementales para la competencia.
Si todos los opositores se unen desde temprano para exigir transparencia y equidad en la campaña electoral, encontrarán respaldo en gran parte de las organizaciones sociales, a las que corresponde levantarse del inmovilismo como en los años noventa y exigir un nuevo y real pacto por la democracia. Eso corresponde no sólo a Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Juan Montalvo o el Centro Social Juan 23, sino también a las instituciones empresariales, académicas, sociales y religiosas.
Tienen que demostrar ahora que creen en la democracia, para cuando llegue la tempestad que el presidente Medina anunció el lunes, no salir a pedir calma a los afectados. Hay que reforzar a la Junta Central Electoral para que cumpla su misión constitucional de garantizar la equidad, la justicia y la transparencia en la competencia electoral. Hay que pactar la integración de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales y limitar la irrupción de los funcionarios en la campaña, el incremento de las nóminas y del déficit fiscal, y de la publicidad estatal. –
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.