Latinoamericanas
Sube a 19 la cifra de muertos en Chile tras una semana de protestas
Agencia Efe
CHILE.- El número de muertos en Chile subió este viernes a 19, cinco de ellos extranjeros, cuando se cumple una semana de protestas en las calles del país contra el Gobierno de Sebastián Piñera, mientras los militares están a cargo del orden social y se mantienen los toques de queda nocturnos.
La nueva víctima es un ciudadano peruano que se encontraba en estado muy grave en el hospital desde hace tres días después de recibir un impacto de bala en el marco de un saqueo a un local comercial en la comuna (municipio) de Puente Alto, en el sur de la periferia capitalina.
Esta persona de nacionalidad peruana es el quinto fallecido extranjero durante la semana de protestas, junto a dos ciudadanos colombianos, otro peruano y un ecuatoriano, según las cifras oficiales del Gobierno.
Según constata la Subsecretaría del Interior chilena, este último fallecido recibió un disparo del dueño de un local comercial que intentaba defenderse de los saqueadores con su arma, que las autoridades confirmaron que estaba legalmente registrada.
En ese sentido, la Fiscalía Metropolitana Sur, encargada de la investigación, determinó que el disparo se realizó en legítima defensa por parte del comerciante.
Desde Perú, la Cancillería del país andino confirma ya tres peruanos fallecidos, pero en Chile el recuento solo alcanza a dos, aunque durante los días se han encontrado siete cuerpos calcinados en el interior de supermercados que fueron saqueados e incendiados y que no han podido ser identificados hasta el momento.
Además del balance de fallecidos, el Gobierno de Chile informó que se registraron este jueves 61 eventos reportados en todo el país, principalmente concentrados en la ciudad porteña de Valparaíso y en la comuna occidental de Maipú en la capital.
Durante la jornada de protestas del jueves, las autoridades registraron 102.680 personas protestando en las calles, una reducción importante con respecto a la jornada previa, cuando casi 500.000 ciudadanos salieron a las calles del país a mostrar su desencanto con la situación de desigualdad social que existe en Chile.
La última actualización de cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), una entidad pública pero autónoma que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas del orden, el número de detenidos ya asciende a 2.840 (1.084 en Santiago y 1.756 en el resto del país).
En cuanto a los heridos, ya suman 582 en una semana de protestas, de los que 295 son por armas de fuego, ya sean por impactos de bombas lacrimógenas, balines de goma o bala.
Además, el organismo constató relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos días.
El aumento del precio del billete del Metro marcó el inicio de una oleada de protestas que, con el paso de los días, despertó el hartazgo de parte de la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y los altos precios de luz, gas, educación universitaria y salud, generando un estallido social que no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.
En respuesta, el presidente chileno decidió intervenir algunos puntos del modelo político, económico y social que provocan más rechazo en la ciudadanía, como las bajas pensiones, los altos precios de los medicamentos y la precaria salud pública.
BOGOTÁ.- Excancilleres de diez países de América Latina expresaron su «pleno respaldo» a la posición de Panamá sobre el canal interoceánico, que consideran un «activo estratégico», tras la queja del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que exigirá su devolución si no se reducen las tarifas que se cobran para su tránsito.
Así lo manifestaron en un comunicado divulgado este domingo en el que validan la postura del Gobierno y el pueblo panameño «en su firme afirmación de que la soberanía e independencia de Panamá sobre el canal interoceánico no son negociables».
«Es indiscutible que la República de Panamá y su gente han gestionado el Canal con responsabilidad, garantizando su aporte al comercio marítimo internacional y al desarrollo económico global, lo cual constituye un símbolo de autonomía y orgullo latinoamericano», señalaron los firmantes, entre quienes se encuentran los excancilleres panameños José Miguel Alemán, Ricardo Alberto Arias, Samuel Lewis, Erika Mouynes e Isabel de Saint Malo.
El comunicado recuerda que «los Tratados Torrijos-Carter, firmados entre Estados Unidos y Panamá en 1977 (…) establecieron un cronograma para la transferencia del Canal y sus áreas adyacentes al control panameño» que se concretó hace 25 años, el 31 de diciembre de 1999.
«Este acuerdo histórico fue el resultado de una prolongada y decidida lucha del pueblo panameño, apoyada por una amplia solidaridad internacional», señalan los firmantes.
Igualmente reafirman su «solidaridad con Panamá y su pueblo, apoyando su legítima defensa de la soberanía sobre este valioso activo estratégico».
El documento lleva también la firma de los excancilleres María Ángela Holguín y María Emma Mejía (Colombia); Jorge Castañeda, José Antonio Meade, Claudia Ruiz Massieu y Bernardo Sepúlveda Amor (México).
Igualmente los suscriben los exministros de Relaciones Exteriores chilenos Mariano Fernández, Alejandro Foxley, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Ignacio Walker y José Miguel Insulza, este último también exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Completan la lista de firmantes los excancilleres Luis Gallegos (Ecuador); Diego García Sayán (Perú); Manuel A. González y Roberto Tovar Faja (Costa Rica); Eladio Loizaga y José Antonio Moreno Rufinelli (Paraguay); Susana Malcorra (Argentina); Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Aloysio Nunes (Brasil).
Los comentarios de Trump sobre el Canal de Panamá causaron un revuelo mayúsculo a finales de diciembre al amenazar con recuperar esa vía interoceánica si no se reducen las tarifas que cobran al comercio de Estados Unidos para transitarlo.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha sido enfático al defender la soberanía de su país sobre el Canal y señalar que los peajes no se van a bajar porque «no se hacen al antojo de los presidentes (de Panamá) y del administrador» de la vía sino que se fijan en un «proceso público y abierto» en el que participan clientes y otros actores.
TEGUCIGALPA.- Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de Honduras ratificaron su compromiso con la democracia y el respeto a la Constitución, tras la detención del exgeneral Romeo Vásquez, artífice del golpe de Estado de 2009.
Vásquez, quien encabezó el 28 de junio de 2009 la asonada militar contra el entonces presidente constitucional, Manuel Zelaya, fue arrestado este domingo junto a otros dos ex altos cargos por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves contra una manifestación pacífica en julio de ese año.
En un comunicado emitido por su Estado Mayor Conjunto, las FF.AA. aseguraron que no habrá más golpes de Estado en este país centroamericano y reafirmaron su compromiso con la democracia y la Constitución.
«Rechazamos de manera categórica cualquier acción que implique la violación de los derechos humanos y las garantías constitucionales», remarca el texto.
La institución castrense afirmó que las nuevas generaciones de oficiales están firmemente comprometidas con el respeto al marco legal de la nación, y reconoció la importancia de aprender de la historia y de fortalecer la institucionalidad.
El respeto a la Constitución de la República y los derechos humanos son pilares fundamentales en el cumplimiento de nuestra misión, subrayó el escrito.
«Reiteramos que, en cumplimiento al mandato constitucional, por ningún motivo las armas confiadas a nuestra institución militar serán utilizadas para afectar a nuestro pueblo», reza el comunicado.
El comunicado fue difundido tras la captura de tres antiguos miembros de las FF.AA., involucrados en graves violaciones de derechos humanos durante las protestas pacíficas contra el golpe de hace 15 años.
Los detenidos están acusados de ser responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Murillo y Alex Zavala, simpatizantes que permanecían en los alrededores del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, a la espera del retorno al país de Zelaya.
Latinoamericanas
Machado convoca a los venezolanos a las calles un día antes de la investidura presidencial
La líder opositora María Corina Machado llamó este domingo a «todos» a salir a las calles de Venezuela y del mundo el 9 de enero, un día antes de la toma de posesión presidencial, que tanto el mandatario Nicolás Maduro como el líder antichavista Edmundo González Urrutia prometen asumir.
«Este día será registrado en la historia como el día en que Venezuela dijo basta. Basta de aguantar, basta de callar. Es nuestra tierra, nuestra bandera. La libertad no se suplica, se lucha y se conquista», manifestó Machado en un audio publicado en X.
Pidió salir «llenos de confianza» porque -subrayó- «Maduro no se va ir solo, hay que hacerlo salir con la fuerza de un pueblo que no se rinde jamás».
«Sal, grita, lucha, es el momento de pararnos firmes, de hacerles entender que hasta aquí llegaron, que esto se acabó. No hay excusas, no hay mañana si no luchamos hoy. La libertad se alcanza cuando vencemos el miedo. Yo voy contigo», dijo la exdiputada, quien asegura estar en la clandestinidad al temer por su seguridad.
Machado y la mayor coalición opositora sostienen que González Urrutia es el ganador de las presidenciales del 28 de julio, por lo que reclaman que este triunfo sea reconocido, pese a que el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro.
Entretanto, el líder opositor -exiliado desde septiembre en España- reitera que viajará a Venezuela para asumir la Presidencia y, como paso previo, se encuentra en una gira internacional, que ya lo ha llevado a Argentina y Uruguay, en busca de apoyos.
Mañana, lunes, será recibido en Estados Unidos, donde espera reunirse con el presidente Joe Biden.
Mientras, la Fiscalía mantiene una orden de detención contra González Urrutia y la Policía ofreció, recientemente, una recompensa de 100.000 dólares a quien brinde información sobre el paradero del opositor o aporte algún dato que facilite su arresto.
El Gobierno de Venezuela desplegó 1.200 efectivos en todo el país con el objetivo de «garantizar la paz» de cara a la toma de posesión de la Presidencia.
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