Opinión
Chile: el “modelo” se desploma
Por Narciso Isa Conde
“El fenómeno no es exclusivamente chileno, pero que esto suceda en Chile, luego de la larga noche neoliberal y del pinochetismo camuflajeado, ofertado al mundo como modelo de prosperidad y desarrollo, no es paja de coco.”
En Chile, bajo el baño de sangre pinochetista, precedido del aplastamiento del único ensayo continental de cambio pacífico y desarmado de orientación socialista en el Siglo XX, se impuso en condiciones de prolongada estabilidad, el llamado “modelo” neoliberal, que sus protagonistas vendieron como panacea capitalista, por su supuesta capacidad para “derramar” riquezas desde arriba hacia abajo.
Sobre el derrocamiento y asesinato del Presidente Allende, encima de la sangre a raudales, las torturas y desapariciones por montones, se instalaron las privatizaciones, la falacia de “libre mercado” (a favor monopolio y oligopolios privados), el nuevo programa exportador agro-industrial, la apertura sin límite a las corporaciones transnacionales, las modernizaciones y la post-modernidad secuestradas por el gran capital.
Crecimiento con enormes desigualdades, privatización acelerada y progresiva de lo social, con tendencia a convertir todo en mercancía, todo en negocios cada vez más concentrados, incluidos derechos fundamentales
La expansión capitalista -beneficiada por la condición favorable de un prologada soledad chilena en un mercado exterior con poca competencia inicial y acompañada de la dureza del régimen- le dio estabilidad prolongada al neoliberalismo pinochetista, cruel y ultra-radical, hasta que el desgaste político forzó a una formula mediatizada de democracia restringida, de pinochetismo atenuado (sin Pinochet), neoliberalismo light y continuidad de una buena parte de las estructuras militares y civiles empapadas en neofascismo.
La socialdemocracia chilena aceptó las consecuencias reversión neo-liberal y se neo-liberalizó en términos relativos. Sus progresismos (Lagos y sobretodo Bachetet…) resultaron más limitados que otros, hasta facilitar los retornos de la ultra-derecha, que antes, pero sobretodo ahora, han intentado endurecer de nuevo el modelo, generando el presente estallido político-social y develando de nuevo la crueldad represiva soterrada.
Dos oleadas de protestas estudiantiles preceden esta radical rebelión juvenil-popular allendista; radical por su potente indignación multitudinaria y su contenido político, no solo contra el paquetazo fondomonetarista, sino con una fuerte impronta a favor de la dimisión de Sebastián Piñeira y su Gobierno, y notoria presencia de propuestas que implican la refundación institucional democrática, vía una Constituyente Soberana.
Y luego una matanza de decenas de personas y de nuevos desaparecidos la Bachelet investiga si hay o no violaciones a los derechos humanos !Renegada!
- Más allá del Chile de Salvador Allende.
El fenómeno no es exclusivamente chileno, pero que esto suceda en Chile, luego de la larga noche neoliberal y del pinochetismo camuflajeado, ofertado al mundo como modelo de prosperidad y desarrollo, no es paja de coco.
Esto estremece más un continente estremecido y demuestra que si bien los llamados progresismos, e incluso los procesos reformadores son insuficientes y se desgastan muchas veces a favor de las derechas extremas y el neofascismo, el neoliberalismo light, el endurecimiento del neoliberalismo y las formulas neofascistas son ya opciones insostenibles e inviables en el corto y mediano plazo.
La contraofensiva imperialista, con formulas que como Macri-Argentina, Bolsonaro-Brasil, Peña Nieto-México, Juan Orlando Hernández-Honduras, Jovenel Moises-Haití y Ricky Roselló Puerto Rico, que revierten reformas, gansterizan gestiones y acentúan ajustes y autoritarismos, no solo no se estabilizan, sino que generan crisis de gobernabilidad y embestidas populares de diversos calibres.
Así, ha sido de corta duración la oleada de golpes blandos “made in usa” y de imposiciones mafiosas y ultra-neoliberales, y vuelve a expandirse una ola de cambios parecida a la de principio de siglo, pero más radical en algunos casos; mezcla de retornos de progresismos desplazados y rebeldías con demandas de profundización de los cambios dentro del denominador común de rescate de soberanías.
Es tan obvio que el llamado progresismo y los procesos estrictamente reformistas, que evaden los cambios estructurales profundos, podría volver a correr el riesgo de declinar, como lo es la necesidad de crear las fuerzas capaces de arrancar de raíz el sistema capitalista decadente, neo-liberalizado en esencia, gansterizado por demás, construyendo una propuesta transformadora capaz de socializar la economía y el poder establecido.
Demostrado está que los modelos neo-keynessiano o de corte socialdemócrata, al tiempo de ser rechazado enérgicamente por las cúpulas capitalistas, se entrampan en las redes de un sistema capitalista que solo genera más de lo mismo y cada vez peor, y que no cuenta como antes con alternativas estables a su multi-crisis crónica.
Los balbuceos neo-keynessiano alivian, pero no tardan mucho en ser acogotados y acosados por crisis recurrentes inducidas y prolongadas, o francamente revertidos
Este ciclo de reformas y contrarreformas, amerita pues reflexionar sobre los retos de un necesario cambio radical, del viraje hacia nuevas revoluciones de orientación socialistas, hacia tránsitos revolucionarios, que no por difíciles, deben ser obviados.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.