Latinoamericanas
Las víctimas cierran el duelo de la peor matanza de la guerra con las FARC en Colombia
Los familiares recibirán los cuerpos identificados de 72 fallecidos en la iglesia de Bojayá en 2002
Bogotá.-Más de medio siglo de conflicto armado dejó en Colombia unas heridas abiertas que, casi tres años después de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC, siguen sin sanar. Los familiares de las víctimas de la matanza de Bojayá recuerdan esa noche con el vértigo del horror y, hoy, también con un anhelo: pasar página y cerrar un capítulo. Minutos antes de las 23.00, un cilindro bomba lanzado por un mortero de la guerrilla atravesó el techo de la iglesia en la que buscaban refugio unas 300 personas. Afuera, arreciaban los enfrentamientos entre el llamado Bloque 58 del grupo insurgente y una columna de paramilitares. Era el 2 de mayo de 2002. El artefacto causó en esta población del departamento del Chocó, próxima a la costa del Pacífico, la peor matanza de la guerra. Los fallecidos, cuyo balance osciló inicialmente entre 74 y 119 civiles, fueron enterrados en fosas comunes.
A partir del próximo 11 de noviembre, los allegados y supervivientes tendrán la oportunidad de cerrar un duelo de más de 17 años. Recibirán los restos de 72 cuerpos identificados por Medicina Legal después de que en 2017 ese instituto forense los exhumara y los trasladara a Medellín. Y podrán, finalmente, darles sepultura. El anuncio se formalizó este miércoles en Bogotá en la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el acompañamiento de ese organismo, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. «Lo estoy viviendo ahora como si fuera el 2 de mayo», dice a EL PAÍS Yorlenis Mena Mosquera. Ese día perdió a su madre y a tres hermanos. «Nosotros no pudimos enterrar a nuestros seres queridos como queríamos y ahora, el 11 de noviembre, es como si acabáramos de pasar la masacre».
Sus palabras, interrumpidas por un ligero sollozo, reviven el terror después de un largo limbo que está a un paso de terminar. José de la Cruz, representante del comité de víctimas resalta la trascendencia del entierro, que siempre se ha tenido en la cultura occidental y que les fue arrebatada. «Nosotros lo vemos en dos líneas fundamentales. La primera es poder lograr una identificación plena de nuestros familiares, tener la certeza de que sus restos están enterrados, poder ir a prender una vela, dejar unas flores y conversar con ellos», explica. «Un segundo elemento son los cantos, los rezos para que las almas de nuestros familiares tengan un eterno descanso y poder verdaderamente estar tranquilos porque ellos ya no están penando, según nuestras creencias», continúa en referencia a la tradición de las comunidades afrocolombianas del Chocó.
Claudia García, directora de Medicina Legal, explicó que gracias a métodos de análisis genético se ha logró la identificación de 72 cuerpos y que siguen en fase de averiguación otros ocho casos, que pueden coincidir con ocho o más personas. Los trabajos del instituto fueron necesarios para cerrar el círculo pese a aportar datos escalofriantes. En las próximas semanas los familiares recibirán 101 cofres, entre los que se encuentran nueve no nacidos.
Bojayá comienza a reponerse en medio del dolor. Pero al mismo tiempo tiene que hacer frente a nuevos hechos de violencia. De la Cruz pide a las autoridades «garantías efectivas de no repetición [del conflicto] por la presencia real en el territorio de actores armados ilegales». «Se están enfrentando cotidianamente en otras comunidades. Tenemos comunidades desplazadas, otros se han ido a otras ciudades. Nosotros queremos enterrar a nuestros seres queridos, pero también vivir tranquilos en el territorio», afirma. «El otro tema fundamental es el de las garantías de futuro para los sobrevivientes. Bojayá ha identificado la necesidad de soluciones de energía estable, estabilización económica y la reubicación de una comunidad que está en alto riesgo, la de Pogue», prosigue en alusión a un poblado de 500 personas que vive bajo la amenaza de inundaciones.
En todo el municipio, azotado durante décadas por el conflicto armado, el apoyo a los acuerdos de paz en el plebiscito de 2016 alcanzó el 96%. Sus 12.000 habitantes se aferraron a la única salida posible, el desarme de los guerrilleros y el camino a la convivencia. «Nos dio bastante esperanzas, estuvimos ocho meses sin la presencia de actores en el territorio. Nos podíamos mover, cazar, ir a pescar con toda tranquilidad», recuerda este portavoz del comité de víctimas. «Pero con la ruptura del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) la disposición que habían mostrado con anterioridad los grupos se vino abajo y hoy estamos en una situación realmente difícil y de riesgo», asegura. Este es el grito de socorro que lanza hoy el pueblo en medio de la aplicación de los acuerdos, que en muchas zonas rurales sigue siendo difícil, lenta, llena de obstáculos. Un pueblo que aprendió a convivir con el horror y que ahora quiere dejarlo atrás para siempre.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Ascienden a 19 los civiles muertos por ataque con bomba en la Vía Panamericana en Colombia
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.