Latinoamericanas
Evo Morales dice que oposición busca «muertos» al pedir apoyo a militares
La Paz.-El presidente boliviano, Evo Morales, reelegido hace dos semanas en unos cuestionados comicios, afirmó el domingo que sus rivales quieren «muertos» al pedir apoyo a los militares en la pugna política.Los opositores «están buscando muertos que vengan de la Policía y las Fuerzas Armadas», dijo Morales, un día después de que un influyente líder opositor regional llamara a los militares a intervenir en la crisis desatada tras el polémico escrutinio de las elecciones del 20 de octubre.
«El que pide la intervención militar está pidiendo sangre, está pidiendo muerte», declaró por su parte el ministro de Gobierno (interior), Carlos Romero.
En un mitin multitudinario el sábado en la noche, Luis Fernando Camacho, jefe de una poderosa entidad civil de la rica región oriental de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales para que renuncie en 48 horas.
Camacho, líder del derechista Comité Cívico de Santa Cruz, leyó además una carta dirigida a los jefes de las Fuerzas Armadas, a quienes exhortó a «estar al lado del pueblo» en esta crisis desatada por la polémica reelección de Morales, en el poder desde 2006.
El ministro Romero afirmó que el llamado de Camacho «coincide con información de inteligencia que señala que mañana (lunes) en horas de la noche se estaría preparando una acción violenta y confrontacional hacia la plaza Murillo», donde está la casa de gobierno en La Paz.
Por su parte, el candidato opositor y expresidente Carlos Mesa demandó este domingo nuevos comicios, con un renovado tribunal electoral, como vía para salir pacíficamente de la crisis.
«La mejor solución a esta crisis, en las actuales circunstancias, es una nueva elección, administrada por un nuevo OEP (órgano electoral) imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional», declaró Mesa al término de una asamblea nacional de su partido, Comunidad Ciudadana (CC).
Además, «convocamos a mantener la movilización ciudadana unida y activa, siempre en los marcos de la paz y la no violencia», agregó Mesa, segundo en los comicios del 20 de octubre y quien gobernó Bolivia en 2003-2005.
– «Defender la democracia» –
Camacho es el primer político boliviano que llama a la intervención de los militares en esta crisis, pero sus declaraciones podrían considerarse como «sedición», delito castigado en el Código Penal boliviano, explicó a la AFP un experto legal que pidió no revelar su identidad.
La intervención de los militares es un tema altamente sensible en Bolivia, que antes de 1982 conoció frecuentes cuartelazos y dictaduras militares. Hasta ahora, las fuerzas armadas se han mantenido al margen de la controversia poselectoral.
Morales viene denunciando desde hace una semana que la oposición intenta derrocarlo mediante un «golpe de Estado», por lo que ha llamado a sus seguidores a «defender la democracia y los resultados» electorales del 20 de octubre.
Camacho no dijo qué acciones emprenderá con sus partidarios, pero se presume que podrían ocupar sedes regionales de entidades y empresas públicas, como ha ocurrido antes.
Al mitin de Santa Cruz asistieron líderes de comités cívicos y organizaciones de otras regiones de Bolivia, pero carecen del poder que tiene el comité de Camacho en esa rica región, que está paralizada desde un día después de los comicios, en los que Morales ganó un cuarto mandato consecutivo.
– Rechazo a auditoría –
Desde que comenzaron las protestas, al día siguiente de la votación, se han registrado dos muertos y unos 140 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
La oposición afirma que el mandatario izquierdista indígena ganó la reelección con «fraude», por lo que exige nuevos comicios. El sistema de conteo rápido estuvo paralizado 20 horas y al reanudarse arrojó un drástico e inexplicable cambio de tendencia, según observadores de la OEA.
Los opositores afirman que Morales está empecinado en mantenerse en el poder a toda costa y recuerdan que desconoció un referendo celebrado en 2016 en el que los bolivianos rechazaron la reelección indefinida. Un polémico fallo en 2017 de un tribunal constitucional afín le permitió ser nuevamente candidato.
Bolivia ha estado en calma este fin de semana, a pesar de paros cívicos y bloqueos de calles en varias ciudades. El sábado los bolivianos acudieron masivamente a los cementerios a honrar a sus muertos.
La incertidumbre sobre una auditoría electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aumentado tras la sorpresiva renuncia del jefe de la misión del organismo continental, el mexicano Arturo Espinosa, tras admitir que había publicado artículos críticos sobre Morales.
La oposición boliviana rechaza la auditoría de la OEA, pues afirma que se trata de «una maniobra distraccionista para mantener a Morales en el poder».
Los choques entre opositores y policías han dejado 191 detenidos y 60 policías contusos, según las autoridades.
CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, experimenta una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos en Honduras y San Vicente y las Granadinas, en un contexto en el que persiste la tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe.
En Honduras, los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran que Rixi Moncada, apoyada por la presidenta Xiomara Castro -aliada de Maduro-, cayó al tercer lugar sin posibilidades de revertir la tendencia. El conteo está centrado entre dos candidatos de derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos prometieron romper relaciones con el régimen de Maduro.
CAMBIO DE MANDO EN SAN VICENTE
En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves, reconocido por su respaldo a Venezuela, perdió el poder tras casi un cuarto de siglo. El gobierno del país pasó a manos de Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido logró 14 de los 15 escaños parlamentarios.
Incluso las naciones gobernadas por líderes progresistas o de centroizquierda, como Brasil, Chile, México y Colombia, restringieron su relación con el régimen de Maduro. Y lo hicieron, fundamentalmente, tras los cuestionados comicios de 2024 en los que se proclamó su reelección pese a denuncias de irregularidades.
ARGENTINA
Los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Argentina se cortaron casi por completo con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y quedaron prácticamente sin restablecer tras la llegada al poder del actual presidente, Javier Milei. A esto se suma el distanciamiento de otras naciones de la región que migraron hacia gobiernos de derecha en el último tiempo, entre ellas Ecuador, El Salvador y Bolivia.
BRASIL
En cuanto a Brasil, el lazo bilateral osciló entre etapas de cooperación durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y graves tensiones bajo administraciones de derecha. El regreso de Lula al Palacio del Planalto reabrió el diálogo con Caracas, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía anterior.
CUBA
Si la crisis en el Caribe se profundiza, Venezuela dispone de pocos aliados activos en el continente. El gobierno de Cuba continúa manifestando su respaldo a Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en diálogo con CNN a fines de septiembre que la isla “apoya de forma plena y completa” a Caracas.
Al ser consultado sobre una posible acción militar en apoyo a Venezuela, Rodríguez declaró que “es un escenario hipotético. Cuando me informen que ha ocurrido una intervención militar, le haré saber la respuesta”.
El régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, lo que limita su capacidad de asistencia efectiva.
NICARAGUA
El otro socio relevante que le queda a Venezuela es Nicaragua, encabezada por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios, que cargan con denuncias de atropellos a los derechos humanos, adoptaron una postura reservada y brindaron escaso soporte a Caracas. No obstante, en septiembre, Ortega denunció el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y acusó a Washington de buscar “apoderarse del petróleo venezolano, fingiendo que la droga proviene de ese país”.
La posición de Estados Unidos ha determinado el marco actual. El Pentágono desplegó más de una docena de barcos de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en la región bajo la operación conocida como “Lanza del Sur”.
jt-am
La Habana (EFE).- Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba dejó este miércoles a unos 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, incluida La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El fallo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5.00 de la mañana hora local (9.00 GMT) por motivos que por el momento no se han divulgado, después de días con tasas récord de déficit de generación que ya estaban provocando prolongados apagones diarios. De acuerdo con las autoridades, el corte masivo afecta a cuatro provincias: Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El lunes, el 59 % del país sufrió apagones de forma simultánea por el déficit en la generación. Se trató de la mayor tasa desde que se cuenta con registros diarios.
Profunda crisis energética
Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.
En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento tardó días en lograrse- y varios parciales, el último en octubre.
La delicada situación energética de la isla está provocando que los cortes diarios, un problema de años, se extiendan hasta más de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.
Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.
an/am
Latinoamericanas
México reporta 23 defunciones y 5.231 casos asociadas al brote de sarampión desde febrero
Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (SSa) de México reportó que hasta la fecha se registran 23 defunciones y 5.231 casos de sarampión en el país asociadas al primer brote que ocurrió en febrero.
En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos «sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca».
Además, dijo que es importante señalar que «la curva de contagios ha mostrado descenso importante», resultado de las acciones intensivas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencional de casos, el seguimiento de contactos y la aplicación de cercos vacunales en las zonas afectadas.
«Hasta la fecha, se han aplicado 9,76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote», apuntó la SSa.
Además, dijo que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.
El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un “riesgo muy grande” de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión, un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.
En entrevista con EFE, el experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, que acumula más de 5.000 casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.
El especialista atribuyó la crisis a una “tormenta perfecta” provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.