Latinoamericanas
Jueza ratifica acuerdo de Perú con Odebrecht y entrega de dinero a la empresa
Agencia Efe
LIMA, Perú.- La decisión de una jueza peruana de autorizar la devolución de unos 158 millones de dólares a Odebrecht por la venta de una hidroeléctrica dejó la vía libre para la continuidad del acuerdo de colaboración suscrito entre la Fiscalía de Perú y la empresa brasileña.
El coordinador del equipo especial de la Fiscalía que investiga el caso Lava Jato en el país, Rafael Vela, confirmó este martes la orden judicial y dijo que se emitió como parte “de la ejecución del acuerdo” de colaboración suscrito en febrero pasado con Odebrecht, que incluye el pago de unos 366 millones de dólares en reparación civil e intereses al Estado peruano.
El exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata había señalado en septiembre pasado que la empresa no podía acceder a toda su información encriptada por estar afrontando problemas económicos y se quejó por el “incumplimiento” del Estado peruano en entregar el dinero reclamado por la venta de la hidroeléctrica.
EL RECLAMO DE ODEBRECHT
La empresa brasileña concretó en abril pasado la venta, por unos 1.400 millones de dólares, de la hidroeléctrica de Chaglla al consorcio China Three Gorges, un monto que en parte quedó retenido por el Estado como garantía para el pago de reparaciones civiles que en el futuro pudieran afectar a la empresa.
Odebrecht pidió recuperar ese dinero, una operación que generó gran polémica en la que incluso el presidente Martín Vizcarra manifestó su oposición a devolución por el “daño moral y ético” que Odebrecht causó a su país como agente corruptor que implicó a exgobernantes, políticos, empresarios y hasta juristas.
Sin embargo, tanto Rafael Vela como el fiscal José Domingo Pérez abogaron por el cumplimiento estricto del acuerdo con Odebrecht, que recogía el derecho de la empresa a recibir ese dinero, y dejaron constancia de que la empresa ha reconocido su culpabilidad en actos de corrupción cometidos en otros casos no contemplados inicialmente.
Esa posición fue respaldada por la procuraduría del Estado, que consideró que la entrega del dinero le permitiría a Odebrecht contar con recursos para continuar colaborando con la Justicia peruana.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
Aunque la jueza María de los Ángeles Álvarez emitió una resolución sobre la controversia el pasado 28 de octubre, esta solo se conoció este martes, cuando fue publicada por el diario El Comercio.
En su sentencia, la jueza determinó que el acuerdo con Odebrecht se debe ejecutar en los términos que fueron homologados en junio pasado por la Justicia peruana y con los beneficios que se dispuso para la empresa brasileña.
En ese sentido, Álvarez declaró improcedente una solicitud que presentó Odebrecht para que se pronuncie sobre el cumplimiento del acuerdo, ya que consideró que no existe controversia y este se mantiene vigente.
La jueza recordó que el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato, la Procuraduría del Estado y la empresa han mostrado consenso en que se debe entregar el saldo de la venta de Chaglla.
Señaló, además, que el mecanismo de colaboración “viene operando de modo eficiente”, al punto que ha permitido a la Fiscalía celebrar acuerdos preliminares con Odebrecht “por un total de cinco hechos nuevos donde la persona jurídica ha reconocido responsabilidad, encontrándose en la fase de corroboración”.
LAS CIFRAS DE LA VENTA
Vela precisó, por su parte, que aunque el monto a entregar fue estimado inicialmente en 524 millones de soles (unos 158 millones de dólares), se le deberá restar el porcentaje por reparación civil y los tributos pendientes con el Estado peruano.
“Nosotros no tenemos un cálculo preciso porque el fideicomiso legal está aún vigente, siempre van a existir retenciones de cualquier disposición patrimonial que tenga la empresa Odebrecht para asegurar los futuros pagos de las reparaciones civiles”, dijo en la emisora RPP Noticias.
El fiscal recordó, sin embargo, que tras la venta de la hidroeléctrica Odebrecht ya hizo “un pago muy importante” por obligaciones tributarias en Perú, cercano a los 450 millones de soles (unos 136 millones de dólares).
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.