Económicas
Modificación del presupuesto de 2019, un parche para un abismo profundo por deudas en el sector eléctrico
Una reducción en las recaudaciones de impuestos internos y externos por concepto del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) es la causa argumentada por la Comisión Permanente de Presupuesto del Senado para justificar la modificación del presupuesto público del 2019. En su informe, la Comisión estima esa reducción en un poco más de 15 mil millones de pesos.
Mientras que, en su carta al presidente del Senado de fecha primero de octubre de 2019, el presidente Danilo Medina justificó el proyecto de modificación presupuestaria por el impacto de “forma desfavorable” que sobre el desempeño de algunas actividades productivas en el país han tenido los cambios en el entorno internacional y de su efecto a la baja en el crecimiento de la economía mundial.
Más déficit fiscal
De acuerdo a la carta del Mandatario, se espera que esos eventos “impacten de forma desfavorable en el desempeño de algunas actividades productivas en el país, afectando el crecimiento de nuestra economía y las recaudaciones fiscales previstas en el Presupuesto General del Estado”, correspondiente al 2019.
En la misma comunicación, el presidente Danilo Medina informa al Senado que las modificaciones presupuestarias solicitadas incrementará el déficit del Gobierno Central a 2.2% del PIB, desde el 1.7% aprobado en el Presupuesto General del Estado.
Un abismo de deudas
Entre los “considerando” que es lo mismo que las justificaciones para la modificación presupuestaria, en el anteproyecto de modificación se detalla que durante el 2019 las empresas distribuidoras (Edenorte, Edeeste y Edesur) debieron recurrir a financiamiento de corto plazo con la banca comercial local por un monto de US$495 millones de dólares, “a fin de cumplir con pagos a contratistas y proveedores originados en fracturas recibidas en el año 2018”.
Esto es así, a pesar de a septiembre de 2019, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) informa en su página web que el total de la deuda que la CDEEE y las distribuidoras acumulan con sus representados suman más de 566 millones de dólares, monto del cual ya es deuda vencida un poco más de 478 millones de dólares, equivalente al 85% del total.
Otro considerando del proyecto aprobado revela que, al cierre del 2018, el monto de facturas por compra de energía realizadas por la CDEEE, Edesur, Edenorte y Edeeste pendientes de pagos era de más de US$789.4 millones, “del cual quedará pendiente al cierre del 2019 un remanente” de más de 611.7 millones de dólares”.
Además, destacan que adicionalmente, durante el transcurso del 2019, “se han acumulado facturas por compra de energía pendientes de pagos”, por parte de las distribuidoras por un monto ascendente a más de RD$33 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte a sus miembros el riesgo en el que puede caer el sistema financiero global por la alta interconexión de los bancos con entidades financieras no bancarias (prestamistas, mercados de bonos, criptomonedas, fondos de inversión, seguros, y leasing).
“Estas vulnerabilidades podrían verse acentuadas por el crecimiento de las instituciones financieras no bancarias, cuya importancia como creadoras de mercado, proveedoras de liquidez e intermediarias en los mercados de crédito privado, bienes inmobiliarios y criptoactivos es cada vez mayor”.
Además, los informes Monitor Fiscal y el informe sobre la estabilidad financiera mundial.
Supervisión
El informe precisa que el sector no bancario está en el radar de las autoridades desde hace tiempo y que las pruebas de tensión muestran que las vulnerabilidades de estos intermediarios no bancarios pueden transmitirse con rapidez al sistema bancario central, potenciando los shocks y complicando la gestión de crisis.
Este sector que incluye a compañías de seguros, fondos de pensiones y fondos de inversión que, si bien no aceptan depósitos, sí tienen un papel cada vez preponderante en los mercados internacionales, indica.
En el reporte se explica que las regulaciones del sector financiero no bancario es muy diverso y aunque en el caso de las compañías de seguros, y estas tienen supervisión específica, muchas otras no cuentan con una supervisión prudencial muy completa.
Si bien las instituciones no bancarias pueden facilitar las actividades de los mercados de capitales y canalizar el crédito hacia los prestatarios, su expansión también conlleva un aumento de riesgos y en la interconexión entre los distintos actores del sistema financiero.
En conjunto, la mitad de los activos financieros en todo el mundo están en manos de instituciones no bancarias, revela.
Cita que en Estados Unidos y en la Zona del Euro las exposiciones de muchos bancos a estas instituciones financieras no bancarias superan su capital de nivel 1, un colchón fundamental que permite a los bancos absorber las pérdidas y mantener la estabilidad en épocas de crisis.
Del mismo modo, las entidades no bancarias representan la mitad del volumen diario de operaciones en el mercado de divisas, más del doble que hace 25 años.
Según el reporte, para capturar las crecientes interconexiones entre las entidades bancarias y no bancarias, se ha incorporado una nueva dimensión de análisis en pruebas de tensión, centrada en los riesgos de contagio y los resultados son sorprendentes.
“Los episodios adversos en las instituciones no bancarias, tales como las rebajas en las calificaciones crediticias de las agencias o la disminución del valor de las garantías, podrían afectar significativamente a los coeficientes de liquidez y de capital de los bancos”, señala.
A diferencia de los bancos, el sector no bancario, en su mayor parte, opera bajo una regulación prudencial menos estricta.
La información que estas entidades divulgan sobre sus activos, apalancamiento y liquidez es limitada, lo que dificulta poder detectar las vulnerabilidades e interconexiones.
Los riesgos asociados a las instituciones financieras no bancarias pueden transmitirse al sistema financiero a través de diversos canales, como el crédito privado, los bienes inmobiliarios y los criptoactivos.
Algunos reguladores, incluidos los del Reino Unido y Australia, han comenzado a incorporar pruebas de tensión sistémicas y análisis de escenarios para comprender mejor las interacciones entre entidades bancarias y no bancarias, planteando la necesidad de mejorar los datos, fortalecer la coordinación nacional y transfronteriza e innovar en la regulación para mantenerse al día.
La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda ha revelado que la deuda del sector público no financiero (SPNF) —que no incluye la del Banco Central de la República Dominicana— sumó en septiembre pasado unos 34,227.8 millones de dólares. Se trata de una subida de 2,069.6 millones de dólares entre enero y septiembre de 2019.
Con base en los datos publicados, el ritmo de endeudamiento del país ha sido mayor que el de la actividad económica. Mientras que el monto de la deuda del SPNF subió 6.4 % hasta septiembre pasado, el Producto Interno Bruto (PIB) corriente aumentó 4 %, lo que representa una de las señales de que no toda la deuda se dirige a proyectos de inversión que impulsen la economía.
Según la información oficial, la deuda del SPNF representaba a septiembre pasado un 38.5 % del PIB, casi un punto porcentual más que al cierre del año pasado. Un 26 % del PIB, equivalente a 23,095.3 millones de dólares, está representado por deuda externa; mientras que el 12.5 % restante (unos 11,132.6 millones de dólares) son compromisos con acreedores locales.En los mercados internacionales es donde se concentra la mayor parte de la deuda del SPNF, a través de colocaciones de bonos, que hasta septiembre sumaban 16,590.9 millones de dólares. Dentro de ese monto hay una mínima porción —de 56.8 millones de dólares— de deuda con la banca y los suplidores externos.
El resto de los compromisos del país está en el mercado local, con una mayor representación en bonos de deuda interna, por 7,333.2 millones de dólares, y en bonos de recapitalización del BCRD, que sumaban 2,535.6 millones de dólares. Otros 500 millones de dólares están en bonos de la CDEEE y otros 763.8 millones de dólares en colocaciones de papeles de deuda en la banca comercial y otras instituciones financieras.
Juan Ariel Jiménez, ministro de economía, respaldó la aplicación de impuestos a los servicios digitales, según lo establece el Presupuesto General del Estado 2020.
Señaló que el país debe acostumbrarse a la aplicación futura de tasas similares a las existentes, en el sector digital.
Así mismo, calificó como necesaria la aprobación por parte del Senado del Presupuesto Complementario por 15 millones de pesos, ante los cambios que pudieran presentarse en cualquier proyecto del Estado.
Al ser entrevistado por el periodista Adolfo Salomón en el programa Verdades al Aire, Jiménez también normalizó el déficit al PIB de un 2.2% que este generaría.
Atribuyó el alza del dólar a la reducción presentada en el sector turismo.
Y aunque no cree que desde el Gobierno se dé la reforma, respaldó la posibilidad de un pacto fiscal que ayude a definir en qué invertir los recursos obtenidos.
Al respaldar que se apliquen los impuestos de manera progresiva, llamó a corregir la Ley de Cine entorno a las exenciones transferibles, para evitar distorsiones en el pago.
Juan Ariel Jiménez vio como normal el rollover del endeudamiento público, ya que desde su entender no compromete la estabilidad económica del país.