Latinoamericanas
Paraison cree con renuncia Jovenel Moïse no se solucionaría crisis Haití
La renuncia del presidente Jovenel Moïse no representará la solución a la crisis socioeconómica y política que afecta a Haití pero sería un gran alivio para la nación debido a la radicalización de la lucha que se mantiene en las calles desde hace ocho semanas, consideró Edward Paraison, presidente de la Fundación Zile.
Al hacer ese señalamiento expresa que, en el contexto de la inestabilidad política que se origina en el reclamo de la salida del poder de Moïse, “la preocupación mayor son las bandas armadas”.
“Con cientos de miles de armas ilegales en uso en el país, pese a la prohibición de importación vigente, dichas bandas, que tienen altas conexiones políticas, controlan algunas zonas de la capital y de departamentos del interior.
“Esas armas han crecido en número e incidencia en los últimos años, por lo cual algunos expertos dicen que estamos ante el peligro de una “somalización” si no se busca la manera urgente de desmantelarlas”.
El origen de la crisis actual. Haití, el país más pobre del hemisferio y el que aporta más migrantes a la República Dominicana por razones de sobrevevincia, arrastra una pesada carga de inequidades sociales que se mantienen como permanente bomba de tiempo.
En ese contexto, Paraison explica que la situación de su país es profundamente compleja porque combina elementos estructurales y coyunturales derivados de las desigualdades sociales históricas y por la llegada al poder de un sector de la comunidad internacional de los autollamados “bandidos legales”, que están integrados en el “partido haitiano de las cabezas rapadas” (PHTK)”.
“Sin ninguna visión, carente de una base política real, huérfano de autoridad moral, esa máquina saqueó el Estado a través de múltiples acciones de corrupción, lo cual, junto a la falta de un proyecto de nación que dirigentes del pasado no lograron emprender, agravó las condiciones paupérrimas de la mayoría de los haitianos víctimas de un sistema de explotación y exclusión manejado por influyentes actores económicos en complicidad con dirigentes políticos”.
“Jovenel Moïse es un heredero de dicha máquina y un producto del sistema. Para hacer frente al descontento popular que no ve otra salida a la crisis que su renuncia, intenta jugar dos cartas: el desgaste de la oposición y denunciar al sistema. En cuanto a esta última es lo que llamamos un proceso de implosión del sistema ya que sus sostenedores pelean entre sí”.
Moïse tambalea pero se mantiene en el poder. El presidente Moïse alcanzó el poder en febrero del año 2017 y sus opositores exigen su renuncia antes de cumplir dos años al frente del Poder Ejecutivo.
Ese reclamo se mantiene bajo la consigna “País cerrado”, que aún no logra su principal objetivo, el derrocamiento de Moïse.
Sobre el particular Paraison expresa que “hay dos elementos que deben ser considerados: la gran influencia en la vida nacional de un sector de la comunidad internacional que actúa en Haití de acuerdo con sus propios intereses.
“Para muestra un botón. A diferencia de la situación vivida con Jean Bertrand Aristide en el 2004, la posición de ese sector es aún de apoyo al mandatario, en base a supuestas preocupaciones extraoficiales relativas a la activa participación en las manifestaciones antigubernamentales de figuras políticas de dudosa reputación.
“Por otro lado, pese a constatar los esfuerzos de consensuar posiciones para mayor efectividad en la lucha, la llamada “mayoría silenciosa” en Haití no está convencida de la capacidad de los dirigentes de la oposición y otros grupos de la sociedad civil de manejar pulcramente la transición”.
hoy.com.do
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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