Internacionales
SIP advierte sobre falta de garantías para el ejercicio periodístico
Miami, Florida. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reiteró su pedido a que se respete y garantice el trabajo de medios de comunicación y periodistas en Bolivia, los que han sido agredidos y amenazados por manifestantes violentos de distinto sesgo político en los últimos días.
Desde el inicio de la crisis política en el país desatada por cuestionamientos de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre y que ayer derivó en la renuncia del presidente Evo Morales, la cobertura periodística se ha visto afectada por actos de violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación.
Los presidentes de la SIP, Christopher Barnes y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, subrayaron la importancia de la función de la prensa cuando existen situaciones de tensión política. Coincidieron en que «acceder a distintas fuentes de información y posiciones es un valor agregado para la sociedad a la hora de tomar decisiones».
Barnes, director general del diario jamaiquino The Gleaner y Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota, condenaron los recientes ataques y coincidieron en que «es un error culpar como causantes de la crisis política a los periodistas y a los medios debido a su tratamiento informativo de lo que sucede en el país».
Anoche fue atacada y quemada la casa de la periodista Casimira Lema del canal universitario de La Paz.
Mientras que además los periódicos El Diario y Página 7 no circularon este lunes debido amenazas de que serían incendiados.
Entre tanto en la ciudad de Santa Cruz fue destruida Radio Ichilo y en Cochabamba fue atacado el canal universitario.
En otros episodios recientes, la planta de transmisión del canal privado Unitel fue incendiada interrumpiendo la señal del medio en las ciudades de El Alto y La Paz.
Según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la policía logró impedir que un grupo de violentos afectara a los medios Red Uno y el canal de la universidad estatal (TVU), contiguos a Unitel.
En la ciudad de Oruro fueron saqueados e incendiados los estudios de radio y televisión Mega, propiedad del alcalde Saúl Aguilar.
Por otra parte, las sedes de las estatales Bolivia tv y de la radio Patria Nueva en La Paz fueron bloqueadas por manifestantes que impedían el acceso o salida de los trabajadores de ambos medios. Los actos de intimidación forzaron a ambos medios a suspender sus transmisiones. También fue agredido y amenazado el director de la radio Comunidad, José Aramayo.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1,300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
acento.com.do
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.