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Prisión preventiva contra presuntos miembros de red dedicada al narcotráfico

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DUARTE, República Dominicana.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva en contra de seis supuestos integrantes de una organización criminal que se dedicaba a la venta, tráfico, distribución y almacenamiento de sustancias controladas dentro de la organización de narcotráfico denominada “Red de Fausto”, que operaba en la ciudad de San Francisco de Macorís.

La decisión fue dictada en contra de Fausto Castillo Brito o Fausto Ángel Ortiz, señalado como el cabecilla de la organización, así como de Jesús Salvador Alegría Olivo (Segundo), Yulier David García Rosa, Leonardo Vásquez Marte y Rodolfo de León, en tanto que a la imputada Amalfi Marigery Alegría  Olivo, esposa de Fausto Castillo Brito, le fue impuesta una garantía económica de RD$ 200 mil.

La medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los encartados deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de San Francisco de Macorís.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, el grupo fue sometido a la justicia por la presunta violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

El expediente establece que el pasado 9 de noviembre el Ministerio Público de la provincia Duarte, auxiliado de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) y varios miembros del Departamento de Operaciones Especiales (SWAT) iniciaron allanamientos de manera colectiva a las residencias de esta red, siendo ejecutado un allanamiento en una de las residencias de Fausto Castillo Brito y/o Fausto Ángel Ortiz, donde fueron encontradas distintas evidencias que lo vinculan a esa actividad del crimen organizado.

El Ministerio Público informó que en el transcurso de las pesquisas fueron realizados nueve allanamientos a residencias de los imputados y a un punto de venta de sustancias controladas, presuntamente propiedad de Castillo Brito.

Detalló que en el transcurso de los allanamientos fueron decomisadas varias porciones de sustancias que se presume es droga, dinero en pesos dominicanos, dólares y euros en diferentes denominaciones, que habrían obtenido producto de la comercialización de dichas sustancias, así como diferentes documentos de depósitos, actos de compras y ventas de vehículos, varias armas de fuego y aparatos electrónicos, entre ellos, celulares y tablets.

Asimismo, indicó que fueron incautados varios cuadernos que tienen anotaciones donde hacen referencia a drogas, ganancias y pagos, así como a los nombres de los integrantes de la red.

acento.com.do

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Hombres que robaban alimentos fueron apresados por Policía Nacional.

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Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.

El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.

Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.

Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.

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Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.

El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.

Prohibiciones que propone proyecto de ley

  • El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
  • También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
  • Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
  • El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
  • Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.

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No habrán elecciones extraordinarias en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).

El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.

«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.

El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.

Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.

No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.

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