Opinión
Decadencia del capitalismo neo-liberal y alternativa
Por Narciso Isa Conde
El producto de la restructuración neoliberal del capitalismo keynesiano, impuesto a partir de los años 70, está desde hace algunos años atravesando por una especie de crisis senil, demandando al mismo tiempo alternativas a los modelos establecidos. Lo acontecido recientemente en Chile marca un hito en esa dirección.
La oleada de cambios iniciada a principio del siglo XXI en Nuestra América en gran medida ha respondido a esa realidad, abriendo paso a una compleja dialéctica entre reformas y contra-reformas, avances y retrocesos, revolución y contra-revolución en las que las opciones alternativas reformistas, progresistas y transformadoras, que no han logrado superar el capitalismo dependiente en crisis han mostrado sus límites para lograr alternativas estables y superadoras de la regresión neoliberal.
- El “ciclo progresista” exhibe sus límites y vulnerabilidades.
Los nuevos modelos con impulsos keynesianos o neo-keynesiado, o los modelos que combinan la herencia neoliberal en tanto al tema mercado, privatizaciones y patrones ideológico-culturales con políticas de retribución de ingresos y ciertos cambios estructurales, incluso los que afirmando soberanía han impulsado limitadas reformas socializantes y nuevos procesos constituyente, han evidenciado su vulnerabilidad frente al contra-ataque imperialista asociado a las poderosas facciones del capitalismo neo-liberalizado y gansterizado.
No han sido pocos los retrocesos y amenazas de retrocesos, independientemente de que tampoco estos han logrado consolidarse y bloquear una fuerte tendencia no solo a la inestabilidad, sino también a la ingobernabilidad y a nuevas derrotas.
Si en verdad es imposible –y lo es- separar al capitalismo de estos tiempos de su fase neoliberal, todo parece indicar que no hay manera de separar la alternativa superadora del dominio del capital globalizado de la reformulación e implantación del proyecto socialista que amerita lo que tiene todas las características de una enfermedad crónica-terminal del sistema dominante.
- Transición alternativa.
Como se trata de un proceso de ruptura y creación, por demás sumamente difícil y complejo, se requiere de una transición que posibilites que lo viejo termine de morir y lo nuevo de crecer. Lo viejo es un capitalismo que se ha tornado tan destructivo como para hacer inviable la vida del planeta y de la sociedad humana y lo nuevo es un proyecto que le ponga fin a este sistema decadente, al tiempo de superar las causas estructurales que provocaron el colapso del producto de las revoluciones anticapitalistas, de orientación socialista, del Siglo XX.
El tránsito del capitalismo neoliberal al nuevo socialismo exige, por tanto, establecer una clara diferenciación entre el camino a recorrer y las metas a alcanzar, entre el socialismo a que aspiramos, que debe acopiar toda la experiencia histórica, y la transición necesaria hacia ellas.
Porque ciertamente una cosa es el tránsito al socialismo y otra el socialismo como modo de producción y distribución consolidado, sistema político e instituciones de profundo calado social, cultura colectiva solidaria y salto cualitativo en la transformación de los seres humanos.
El tránsito es el proceso que conduce a esa meta y se diferencia de ella en que contiene no pocos elementos del pasado capitalista y pre-capitalista, especialmente en los países de capitalismo medio o bajo, o de capitalismo dependiente y tardío, como le llaman algunos autores.
Una cosa trae a la otra: permite avanzar progresivamente en una determinada dirección.
La socialización de la economía, la democratización y extinción paulatina el poder estatal, la generalización de la cultura solidaria, los cambios necesarios en la conciencia individual y colectiva, no pueden darse en actos instantáneos o de corta duración. Es más bien una orientación y una práctica transformadora de mediano y largo plazo.
Y esto es una verdad mayor en el caso de países de capitalismo dependiente, sometido durante años, por demás, a la recolonización neoliberal y a sus efectos; acompañada muchas veces de fuertes o débiles herencias pre-capitalistas y de serias precariedades en todos los órdenes.
Se trata no solo de un proceso transformador, cuya velocidad, profundidad y extensión, varía por países en función de los obstáculos a vencer, de las trabas a superar y de la correlación entre las fuerzas del cambio revolucionario y las fuerzas contrarrevolucionarias internas y externas; si no también de un proceso multifacético e integral.
El capitalismo en general, y el latinoamericano-caribeño por igual, no es solo un modo de producción, sino sobre todo un sistema de dominación integral, que incluye otras esferas de la economía e importantes vertientes sociales, jurídicas-políticas, institucionales, militares, ideológicas, culturales…
Si en la economía es inviable una socialización instantánea, también lo es en los demás aspectos de la vida en sociedad.
Las cambios de una formación económica-social, política y cultural a otra, de un sistema a otro, enfrentan altos grados y variadas formas de resistencia, requieren de transformaciones profundas, exigen procesos y niveles de conciencia revolucionaria, demandan nuevas formas organizativas, nuevos métodos de gestión y participación, nuevas bases constitucionales, nuevas leyes, cambio de mentalidad…que tardan en lograrse. Y esto se complejiza en la periferia dependiente tratándose de un sistema mundializado en alta intensidad como lo es el capitalismo actual.
- Denominar el tránsito revolucionario por su nombre.
Por eso, cuando nos referimos a las alternativas al capitalismo, procede hablar del tránsito hacia una sociedad post-capitalista, que históricamente ha sido conocida como sociedad socialista o socialismo.
Tránsito o transición al socialismo es la frase clave para reflejar en la denominación del periodo transformador el carácter procesal de los cambios anti-capitalistas, evitando así etiquetar con el nombre de socialismo lo que es un proceso hacia él, cargado de herencias, trabas y limitaciones a superar.
Esto, además, descarta mitificar la realidad y cargarle al socialismo los problemas y limitaciones del difícil y complejo tránsito hacia él.
Por eso no es saludable ponerle el rótulo “república socialista” al país, o al conjunto de países, que inicien una transición de ese tipo, obviando el hecho de que sigue pendientes importantes transformaciones necesarias para llegar a esa meta enfrentando las dificultades que ellas representan; esto sin dejar a un lado realidades, creaciones colectivas y modalidades imposible de pre-determinar m{as allá de ciertas predicciones también cambiante en vista que solo la práctica es el criterio de la verdad
En Nuestra América está bastante claro, que vistos siempre en forma dinámica los hechos acaecidos en tiempos reciente, el punto de partida de la transición al socialismo consiste en desmantelar el modelo neoliberal impuesto y avanzar hacia una sociedad pos-neoliberal, socializando progresivamente, primero parcialmente y luego completamente, determinadas vertientes estratégicas, tanto en lo económico y social como en lo político y lo cultural, evitando una larga coexistencia, como ha sucedido, con los agentes políticos, económicos y culturales del gran capital.
La única forma de reducir la fuerza de la contra-reforma y de la contra-revolución, es socializando el poder, la propiedad, la economía y las luchas en forma persistente y progresiva, acompañado ese proceso de la politización del pueblo, y especialmente del bloque proletario-popular, en torno a las ideas y a las prácticas socialistas-comunistas.
Y vale concluir que ese proceso no asunto de países y pueblos aislados, sino de la continentalización e internacionalización de la luchas y las alternativas imprescindible para abolir el dominio global del capital y sus instrumentos de dominación.
Es, por tanto, suma ascendente de nuevas revoluciones populares nacionales.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.