Santo Domingo, R.D.-Siete de los imputados en el caso Pandora recibieron prisión preventiva, una octava domiciliaria y y otras garantía económica en virtud de una decisión en ese sentido tomada por la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de la supuesta red de policías que habrían robado municiones de la Intendencia de Armas de la institución del orden.

Fátima Veloz declaró el caso complejo, por lo que el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler, el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, fueron enviado a prisión por 18 meses.

Esa medida deberá ser cumplida en Operaciones Especiales debido a que los imputados en la denominada Operación Pandora son agentes activos de la Policía Nacional.

En tanto que Miguelina Bello Segura, señalada como la persona que vendía municiones en Pedernales a haitianos que se dedican a actividades delictivas, fue enviada con arresto domiciliario.

Mientras que a el capitán y auditor, Víctor Santos, se le impuso el pago de una garantía económica de tres millones de pesos y al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, dos millones de pesos.

“La jueza valoró en su justa dimensión el comportamiento de estos imputados que son miembros de la PN, que como decía ayer, traicionaron su uniforme, traicionaron institución y traicionaron al país”, dijo Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca).

En tanto que la defensa de los imputados rechazaron la medida impuesta por el tribunal y anunciaron que recurrirán en apelación.

Santo Domingo, R.D.-En una una extensa reunión con una comisión bicameral, el ministro de Hacienda, José Manuel –Jochi- Vicente, precisó este martes que el proyecto del Presupuesto del 2025 tuvo modificaciones de recortes en el Ministerio de Obras Públicas y en los sistemas de transporte para permitir que el Gobierno aplique el prometido aumento salarial de un 25 % a los médicos.

De acuerdo con el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2025, el Ministerio de Obras Públicas tenía una partida financiera de 67,780,439,242 pesos. Con la modificación que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la institución quedaría con un presupuesto de 64,208,597,908 pesos, lo que equivale a una reducción de más de tres mil millones de pesos.

Para contemplar el aumento salarial a los médicos y otros proyectos sanitarios, el Gobierno propuso a la Cámara Baja que se rebajen programas como el desarrollo de calles y avenidas, el mantenimiento de la seguridad vial, la construcción de puentes, la reconstrucción de obras hidráulicas y el embellecimiento de avenidas y carreteras.

De acuerdo con el proyecto de presupuesto original, el Ministerio de Salud Pública tenía una asignación de 150,968,273,193 pesos a 149,205,273,193 pesos.

Otra institución que aumentará sus fondos es el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones que, de acuerdo con la última modificación al proyecto del presupuesto, tendrá un aumento de 191,542,375 pesos que servirán para la construcción y el mantenimiento de viviendas en las zonas más pobres del país.

Al salir de la reunión con los congresistas, el ministro Vicente indicó que otra área modificada sería la publicidad y estrategia gubernamental, pero al revisar el proyecto original del presupuesto y su respectiva adenda, el monto queda invariable.

Reunión en el Congreso

El ministro de Hacienda compareció ante la comisión bicameral que estudia el presupuesto del 2025 y dijo que el proyecto fue presentado en tiempo y forma, cumpliendo con las disposiciones legales. Agregó que la adenda permitió reestructurar algunos gastos para atender nuevas prioridades.

«Dentro de los gastos que fueron reasignados, hubo temas relacionados con el Ministerio de Obras Públicas y el fideicomiso de transporte masivo, que se redirigieron para otros fines, como el aumento de los sueldos de los médicos y proyectos de construcción de viviendas y hospitales a cargo del Ministerio de Vivienda«, explicó el ministro.

Estudio del presupuesto

La comisión de diputados y senadores que estudia el presupuesto se reunirá durante toda la semana para continuar analizando la pieza y rendir un informe favorable para la pieza lo antes posible.

Santo Domingo, R.D.-A un nuevo espacio con una mensualidad de más de nueve millones de pesos será mudada la sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP), cuyos planes es mover sus instalaciones que permita la instalación de equipamiento tecnológico actualizado, facilitar el acceso de personas con discapacidad y la comodidad de todos los usuarios.

Así lo informó el titular de la entidad, Lorenzo Ramírez en un encuentro con la prensa la semana pasada, quien justificó la decisión al asegurar que el actual edificio data de la década de 1970 y no cuenta con ascensores ni con accesos para personas con alguna discapacidad para movilizarse.

Las autoridades de la entidad no confirmaron la fecha para la mudanza a las nuevas instalaciones, pero la dirección ya formalizó el contrato de alquiler con derecho a compra de cinco años por un valor de RD$ 696,930,106.86.

En el encuentro con la prensa, Ramírez Uribe explicó que el alquiler mensual de este nuevo edificio que estará ubicado en el Ensanche Naco en el Distrito Nacional, será de aproximadamente 9.7 millones de pesos.

El funcionario, que se ha propuesto modernizar y estandarizar el servicio de la entidad a la que llegó en julio pasado, explicó que este nuevo inmueble cobra unos 30 dólares el metro cuadrado más otros cinco dólares por mantenimiento, en contra posición de los más de 40 dólares sin incluir el mantenimiento que pagan otros edificios de la zona, según sus estudios.

«Nosotros como funcionarios recibimos un presupuesto anual y de presupuesto anual que son 1,900 millones sería imposible yo dedicar 1,400 (millones) solamente a comprar un edificio, entonces, como gestor nos corresponde a nosotros administrar lo que sea mejor para la ciudadanía y estoy seguro que los resultados hablarán por sí solos, como hasta ahora lo han hecho», dijo Ramírez sobre la decisión de alquilar dicho edificio.

Además, indicó que cada decisión es tomada desde el análisis, pensada y con un objetivo que en su determinado plazo «traerán una satisfacción enorme para la población».

«Este edificio tiene todo incluido, yo simplemente voy a hacer las modificaciones que necesito, propias de de mi proceso, pero ya tiene mobiliario, tiene todo lo que tiene que ver con oficinas, y tenemos las computadoras y todos esos elementos que necesita para uno operar ese edificio«, agregó el funcionario sobre la inversión.

«Yo vengo de la legalidad, a mi no se me va a perdonar que yo pase por esta institución y que esta institución no se certifique con los estándares internacionales», dijo a la prensa Ramírez Uribe sobre sus planes para modernizar la entidad, que incluye la certificaciones de los procesos y servicios como las ISO.

Además, preguntado por la decisión de mover las instalaciones a esta nueva zona, el funcionario dijo que esta zona es de más fácil acceso, sobre todo para las personas que no cuentan con un vehículo y responde a un análisis que incluyó una evaluación del flujo de transporte de la zona.

«Esta es la zona más céntrica que tenemos», dijo Ramírez Uribe sobre la ubicación del nuevo edificio de la que también dijo que es «totalmente comercial» que «contiene la mayoría de los ciudadanos que demandan ese servicio«.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, las nuevas oficinas de pasaportes estarán ubicadas en el edificio Epokal 253, ubicado entre la Avenida Tiradentes y la calle San Martín de Porres. La torre cuenta con 11 niveles, nueve de ellos destinados a oficinas y dos a espacios comerciales, además de cinco niveles de estacionamiento subterráneo con 95 plazas para estacionamiento.